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Pulseo ante el Supremo federal por el aborto

La procuradora general de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, dijo que SB 8 representa "un abierto desafío a nuestra estructura constitucional".

Por Daniel Rivera Vargas

Defensores y detractores del derecho al aborto libraron un intenso debate ante los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos durante una argumentación oral a dos casos relacionados a SB 8, la nueva ley antiabortos de Texas, uno llegado por un grupo del estado, Whole Woman’s Health v. Jackson y otro pleito entablado por el gobierno federal, en US v. Texas, uno en el que -según un profesor entrevistado- algunos jueces conservadores parecieron coquetear con una decisión en favor del derecho a las terminaciones de embarazo.

La ley faculta a ciudadanos, a cambio de una compensación que podría comenzar en $10,000, para demandar en un tribunal a una persona o entidad por terminaciones de embarazos en casos donde incluso se haya detectado un latido del corazón del feto, un estándar diferente al reconocido en la doctrina judicial estadounidense que tiene como base Roe v. Wade. Sin embargo, en este estatuto le está vedado a los empleados del gobierno cualquier participación, en un intento de restar jurisdicción federal a los tribunales.

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Para Marc Hearron, abogado de Whole Woman’s Health, dijo que la ley usaba un «esquema ilegal» que viola derechos federales constitucionales y se trata de «un verdadero peligro».

«El efecto combinado es transformar los tribunales estatales de un foro de protección de derechos en un mecanismo para anularlos», señaló Hearron. «Permitir que el plan de Texas se mantenga proporciona una hoja de ruta para que otros estados deroguen cualquier decisión de esta corte con la que ellos no están de acuerdo. El problema aquí es nada menos que la supremacía de la ley federal», señaló Hearron.

«No estamos diciendo que los jueces o secretarios tienen la intención de hacer cualquier cosa aquí, pero son las reglas las que han sido creados por la legislatura de Texas que convierten los tribunales en un arma que se puede utilizar para anular derechos», agregó el letrado.

Por su parte, la procuradora general de la administración Biden, Elizabeth Prelogar, dijo que SB 8 representa «un abierto desafío a nuestra estructura constitucional».

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«Los estados son libres de pedirle a esta corte que reconsidere sus precedentes constitucionales, pero no están libres de colocarse por encima de esta corte», sostuvo Prelogar. «Estados Unidos puede demandar para proteger la supremacía de la ley federal de este ataque».

Afirmó también que si Texas puede anular Roe v. Wade con SB 8, otros estados pueden actuar de forma similar para atacar otros derechos constitucionales.

Mientras, el licenciado Judd E. Stone, por parte de Texas, dijo que hay dos problemas fundamentales por parte del reclamo de Whole Woman’s Health: los demandados no cumplen con los principios que requiere la ley para ser demandados, y que quieren una expansión a los poderes de la corte sin intervención congresional.

«Las doctrinas de tribunales federales y estatutos del Congreso que definen la jurisdicción de los tribunales federales, deben ser modificados por el Congreso», dijo Stone. Stone comparó las facultades especiales creadas en SB 8 por las que se crean en otras leyes, como la de derechos civiles federal, o las leyes estatales de armas en Nueva York. «Estados Unidos no puede afirmar seriamente que la Constitución exige revisión judicial federal previa a la ejecución. Eso se opone a que resultan en prácticamente todos los demás casos», sostuvo Stone.

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Los jueces participaron activamente en la audiencia, con expresiones de todos los magistrados, entre ellos Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett con cuestionamientos diversos sobre la ley, así como su alcance a la luz de los precedentes vigentes.

«Hay una laguna legal que ha sido explotada aquí o utilizada aquí, demandas privadas por secretarios o jueces de los tribunales estatales. Entonces la pregunta se convierte en si deberíamos extender el principio de Ex Parte Young para, en esencia, cerrar esa laguna», dijo Kavannaugh.

Los cuestionamientos a los abogados fueron constantes, como en el caso del juez Samuel Alito.«Un juez puede hacer cumplir una ley estatal cuando el juez dicta una decisión basada en esa ley estatal y proporciona alivio basado en esa ley estatal. Pero, ¿usted cree que un juez está haciendo cumplir una ley cuando el juez simplemente comienza a adjudicar el caso?», preguntó.

Mientras, Sonia Sotomayor y John Roberts alegaron cómo la ley tenía un efecto paralizante, el juez Neil Gorsuch trajo a colación que muchas leyes tienen «chilling effects» sobre derechos -como las leyes de armas. Roberts también planteó la importancia de que haya una revisión federal al final de un proceso judicial estatal.

La vista del lunes no sera la única donde se debata el alcance del tema del aborto. Hay otro caso, Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, para el primero de diciembre.

Voz desde la academia

El profesor Efrén Rivera Ramos, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), dijo que hay que recordar que en este caso no se está yendo a los méritos del derecho al aborto, sino si es posible mantener viva la demanda de estos grupos en contra de SB 8. Sería en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, para verse en diciembre, que pudiera alterarse el derecho establecido en Roe v. Wade, y su progenie.

«Me llamó la atención que, por los menos dos de los jueces conservadores, o considerados conservadores, Kavannaugh y la jueza Coney Barrett, hicieron preguntas que parecen hechas por lo menos a despistar un poco sobre su posición, pero parecen inclinados a permitir que este pleito presentado por esta organización se pudiera llevar», sostuvo Rivera Ramos.

Aun con lo expresado por los jueces «es muy temprano para saber qué va a pasar», comentó el constitucionalista.

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