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TSPR: No ha lugar moción de resentencia en caso de alegada representación legal inadecuada

La sentencia tuvo una opinión disidente de la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso Pueblo v. Benito Arroyo Rodríguez, en la cual declaró no ha lugar una Moción de Resentencia al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, confirmando al Tribunal de Apelaciones.

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El peticionario, que se encontraba cumpliendo cárcel, argumentó que no tuvo una representación legal adecuada en el proceso de apelación, ya que, por razón desconocida, el representante legal del peticionario en aquel momento ignoró siete órdenes del foro apelativo intermedio para presentar la transcripción de la prueba testifical del caso. Alegó que dicho incumplimiento por parte de su representante legal -no atribuibles a él- ocasionó la desestimación de su apelación e incidió en su debido proceso de ley.

El Tribunal Supremo expresó que, “al examinar un reclamo de representación legal inadecuada se tiene que tomar en consideración lo siguiente: (1) existe una fuerte presunción de que la conducta del defensor está comprendida dentro del amplio ámbito de una razonable asistencia legal; (2) recae sobre el apelante el peso de la prueba de su indefensión por incompetencia del abogado; (3) la incompetencia enervante de la asistencia legal a que tiene derecho el acusado ha de ser de grado extremo, causante de perjuicio sustancial, al punto que sostenga la probabilidad de que de no haber incidido, el resultado del juicio hubiera sido distinto, y (4) el criterio final para adjudicar una reclamación de falta de efectividad en la defensa debe ser si la actuación del abogado de tal modo vulneró el adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no pueda decirse que el juicio tuvo un resultado justo”.

Lee aquí la sentencia del Tribunal Supremo

El Supremo examinó la sentencia desestimatoria y reconoció que el representante legal del peticionario, en aquel momento actuó con desidia y desinterés en el caso. Específicamente, el representante legal esperó a una cuarta resolución del Tribunal de Apelaciones y una sanción económica para comparecer.

Sin embargo, según el Supremo, el peticionario recibió personalmente dos notificaciones sobre los incumplimientos y la posible desestimación del recurso si no se cumplían con las órdenes del Tribunal.

“De este modo, no sería correcto atribuirle el extremo abandono y desinterés al que se refirió el Tribunal de Apelaciones en la Sentencia desestimatoria solamente al representante legal del peticionario. Pues a este último, también se le notificó a efectos de que tuviera conocimiento de los incumplimientos de su representante legal y de la fatal consecuencia que podría acarrear su incomparecencia. Sin embargo, el expediente carece de una explicación por las que permaneció inalterada la situación”, explica el Supremo en la sentencia.

El Supremo encontró que el peticionario no cumplió con los requisitos para conceder el remedio. No fundamentó que existe una probabilidad razonable de que, si no fuera por la asistencia legal provista, el resultado de la apelación hubiera sido distinto.

“[E]l peticionario se limitó a presentar planteamientos escuetos tales como “desconocemos” las razones por las que se incumplieron las órdenes del tribunal, aun cuando de los autos surge que se le notificó al peticionario personalmente en la Institución Correccional sobre los incumplimientos y las consecuencias que acarreaban. Meras alegaciones por sí solas, son insuficientes”, concluyó el Supremo, por lo que confirmó al Tribunal de Apelaciones y no concedió la Moción de Resentencia.

La jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez emitió una Opinión Disidente a la cual se unieron los jueces asociados Luis Estrella Martínez y Ángel Colón Pérez.

“Nadie puede poner en duda que el abogado ─no el señor Arroyo Rodríguez─ incurrió en una desatención casi total de los trámites apelativos en el caso del señor Arroyo Rodríguez. Incumplió, al menos, cinco órdenes del foro apelativo intermedio, así como el pago de las sanciones que se le impusieron por su incumplimiento. Además, no compareció para trámite alguno ante el Tribunal de Apelaciones durante los primeros seis meses después de presentar la apelación. Las veces escasas en las que compareció fueron esencialmente aquellas en las que se enfrentó a una sanción económica. Su indolencia y falta de proactividad llevaron al Tribunal de Apelaciones a concluir que existía falta de interés y negligencia extrema en el proceso apelativo, por lo que desestimó la apelación. Así, la desestimación respondió única y exclusivamente al incumplimiento del representante legal del señor Arroyo Rodríguez y este siquiera expuso justa causa”, expresó Oronoz Rodríguez en su disidencia.

“Se añade que las personas privadas de libertad, como el señor Arroyo Rodríguez, tienen restricciones físicas que limitan los recursos y medios que tienen disponibles para hacer valer sus derechos y defender sus intereses”, explicó la jueza presidenta.

“Estoy convencida que se violentó el derecho del señor Arroyo Rodríguez a ser representado adecuadamente. Ello, su vez, provocó una violación a su derecho a un debido proceso de ley. La falta de representación adecuada provocó la desestimación de la apelación del señor Arroyo Rodríguez y lo privó de su derecho a apelar la sentencia condenatoria que el Tribunal de Primera Instancia emitió. Si existía un ápice de duda, se debió conceder una vista evidenciaria en la que el abogado del señor Rodríguez rindiera cuentas. Al este Tribunal negarle siquiera una vista, respalda una violación doble a los derechos del señor Arroyo Rodríguez”, concluyó la disidencia de Oronoz Rodríguez.

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