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Supremo federal bloquea mandatos de vacunación contra el COVID-19

El mandato incluía a empresas con al menos 100 empleados.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó esta semana el requisito del gobierno federal que obligaba a los empleados de grandes empresas a vacunarse contra el COVID-19 o presentar semanalmente pruebas negativas de coronavirus para poder presentarse a trabajar.

El mandato incluía a empresas con más de 100 empleados.

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Sin embargo, permitió el mandato de la administración del presidente Joe Biden de inoculación para personas que trabajen en instalaciones médicas financiadas con pagos de Medicare o Medicaid.

Los fallos se produjeron tres días después de que la medida de emergencia de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés) comenzara a entrar en vigencia.  OSHA anunció que no iba a emitir antes del 10 de enero citaciones relacionadas con su orden de vacunación obligatoria.

“Aunque el Congreso indiscutiblemente le ha dado a OSHA el poder de regular los peligros laborales, no le ha dado a esa agencia el poder de regular la salud pública de manera más amplia”, escribió la corte en una opinión sin firmar.

¿Qué requería el mandato?

De acuerdo al mandato, las empresas con 100 empleados o más debían solicitarle a sus empleados que se vacunaran en contra del COVID-19 o, de oponerse, debían presentar una prueba negativa semanalmente para ingresar al lugar de trabajo. Asimismo, se requería que los trabajadores no vacunados usaran máscaras en el interior del trabajo.

“Exigir la vacunación de 84 millones de estadounidenses, seleccionados simplemente porque trabajan para empleadores con más de 100 empleados, ciertamente cae en la última categoría”, escribió el tribunal.

Los mandatos de la administración de Biden enfrentaron una serie de demandas de 27 estados, empresas privadas, grupos religiosos y grupos industriales nacionales como la Federación Nacional de Minoristas, las Asociaciones Estadounidenses de Camiones y la Federación Nacional de Negocios Independientes.

La administración de Biden aseguraba que estas nuevas órdenes podrían salvar la vida de 6,500 personas trabajadoras y prevenir 250,000 hospitalizaciones en los próximos seis meses, ya que el COVID-19 todavía representa un «grave peligro» para los empleados y empleadas.

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