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Puerto Rico recibirá $100 millones tras acuerdo en pleito contra farmacéuticas por crisis de opioides

Como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM).

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que Puerto Rico recibirá sobre $100 millones como parte de una transacción que culminó uno de los litigios incoados a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) de la agencia en representación del Gobierno de Puerto Rico contra farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opioides.

A partir del mes de abril, la isla comenzará a recibir pagos millonarios tras anunciarse el histórico acuerdo mediante el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsarán $26 mil millones para transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos afectados por los opiáceos.

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“Este acuerdo, que pone fin a tres años de litigio y negociaciones con las grandes distribuidoras de medicamentos en Estados Unidos, nos permitirá costear servicios de prevención y tratamiento contra la adicción en las comunidades afectadas por la crisis de opiodes. La epidemia de opiáceos ha provocado adicción y hasta la muerte de puertorriqueños por sobredosis, la pérdida de oportunidades económicas y graves daños, tanto al núcleo familiar y como a nuestra sociedad. Este acuerdo no subsana todos los daños ocasionados, pero reparará parte de estos y permitirá brindar ayuda a los ciudadanos impactados y prevenir otros casos”, expresó el secretario.

En los pleitos se ha argumentado que las compañías distribuidoras no informaron debidamente sobre la capacidad adictiva de los medicamentos derivados del opio y establecieron tácticas de mercadeo agresivas para fomentar el uso de sus productos entre personas que padecían dolores desde moderados a severos.

 Además de la compensación económica, se impuso una prohibición para que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública. De igual forma, se exigió a las distribuidoras la implementación de medidas correctivas, tales como: dejar de vender opioides, no financiar ni otorgar subvenciones para la promoción de opiáceos y no cabildear sobre actividades relacionadas con estos, entre otras.

El Departamento de Justicia de Puerto Rico continúa litigando a nivel local contra la Droguería Betances, y junto a varios estados contra Purdue Pharma, Mallinckrodt y Walgreens.

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