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Recibe apoyo legislación que declara esenciales los servicios de salud 

La Comisión de Salud de la Cámara celebró una vista pública para evaluar la medida.

La Administración de Servicios Médicos (ASEM) endosó de manera categórica el Proyecto de la Cámara 1154, que persigue reconocer los servicios de salud públicos de Puerto Rico como un servicio esencial, según dispuesto en la Ley PROMESA. 

De acuerdo con el director médico de ASEM, Israel Ayala Oliveras, no declarar como política pública el reconocimiento de los servicios de salud como servicios esenciales provoca que el cumplimiento con las normativas federales condene al Centro Médico de Puerto Rico y a los hospitales del gobierno a su desaparición. Asimismo, denunció que impide el reclutamiento de nuevo personal en medio de una escasez significativa de profesionales de la salud en la isla.

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“Con el paso del tiempo, los legisladores han ido reconociendo que la expectativa de que los hospitales del gobierno generen sus propios ingresos es una falacia; que es necesario que se declaren los servicios de salud público como servicios esenciales; que el gobierno asigne de manera recurrente los fondos para suplir las deficiencias presupuestarias que cargan los referidos hospitales y que se protejan las plazas de nuestros empleados de la salud para que, ante un retiro programado, no se congelen las plazas o se obstaculice la autorización de plazas nuevas necesarias”, expresó el doctor. 

“Las realidades de necesidades de servicios de salud experimentadas luego del paso de los huracanes Irma y María, la secuencia de los terremotos de 2020 y 2021, y la pandemia del COVID-19, son ejemplos que nos golpean hoy y nos hacen ver con claridad lo esencial de un servicio de salud público robusto, accesible y disponible para todos los puertorriqueños”, abundó. 

Ayala Oliveras señaló en una vista pública de la Comisión de Salud, presidida por la representante Sol Higgins Cuadrado, que, luego de la Reforma de Salud, diversas leyes fiscales aprobadas en pasados cuatrienios empeoró la situación laboral de los empleados de la salud pública en Puerto Rico. 

Entre ellas, la Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal (Ley 7-2009); Ley para Prohibir la Otorgación de Bonos por Concepto de Productividad o Análogos en Todas las Agencias, Corporaciones o Instrumentalidades Públicas (Ley 66-2013); Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria (Ley 3-2017); y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal (Ley 26-2017). 

A modo de ejemplo, el director médico manifestó que no haber excluido los servicios de salud de estos estatutos fiscales ha resultado en que el Hospital Universitario de Adultos (UDH) solo tenga disponible 181 camas de las 390 que tiene autorizadas por licencia, debido a la falta de personal. Principalmente, la escasez de profesionales se concentra en el personal de enfermería. 

“Tomemos por ejemplo las unidades de cuidados intensivos, en donde se requiere una proporción de una enfermera por cada dos pacientes. Si no contamos con el personal requerido, poco a poco se irán cerrando más camas, porque no somos competitivos hoy para poder atraer nuevo personal”, afirmó Ayala Oliveras. 

El proyecto, de la autoría del representante Ramón Luis Cruz Burgos, busca reconocer estos servicios esenciales en el inciso (b)(1)(B) de la Sección 201 de la Ley PROMESA, por lo que ordena al Departamento de Hacienda y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) realizar los ajustes presupuestarios necesarios para garantizar la prestación de servicios de salud. 

Las agencias encargadas del fisco también deberán asegurar que no se eliminen o congelen puestos que pongan “en condiciones precarias a los trabajadores de la salud”. Como parte del cumplimiento de la ley, el Departamento de Salud y la OGP deberán rendir un informe anual sobre las medidas tomadas para mejorar las condiciones laborales del personal de salud del gobierno y de prestación de los servicios, así como la retención de estos profesionales. 

Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos Otero, igualmente favoreció la aprobación de la medida, al tiempo que reclamó que “la ausencia de un reconocimiento legislativo de la salud como un servicio esencial, propició que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) interviniera para detener iniciativas legislativas y leyes que fueron aprobadas en beneficio de pacientes y proveedores de servicios de salud”.

“La Junta ha sido responsable de detener legislaciones para garantizar la contratación de nuevos médicos en las redes de proveedores por parte de las asegurados, así como legislaciones para reconocer tarifas justas y razonables para los médicos, e iniciativas para concederles incentivos contributivos necesarios a los médicos de Puerto Rico”, mencionó Ramos Otero. 

“La salud no debe ser un asunto discrecional que entidades como la Junta pudieran ajustar a la conveniencia de otros intereses económicos menos apremiantes. Hay que tener voluntad, y voluntad también implica hacerle frente a la Junta de Supervisión Fiscal”, argumentó. 

El galeno también indicó que el Proyecto de la Cámara 1154 “corrige un error histórico de haber dejado al arbitrio de la Junta el tomar decisiones que han afectado los servicios de salud y la Salud en general de nuestro país”. 

Por otra parte, el ayudante especial de la AAFAF, Jean Peña Payano, recomendó sustituir la expresión “servicio esencial” del proyecto por “servicio prioritario”. “De esa manera, se podrá evitar una confusión con el concepto ‘servicio esencial’ que surge de la Ley PROMESA”, mencionó Peña Payano. 

El representante de la AAFAF destacó que “corresponde exclusivamente a la Junta de Supervisión Fiscal certificar los planes fiscales de las entidades cubiertas por PROMESA”. 

A su vez, el director de OGP, Juan Carlos Blanco Urrutia, elogió los esfuerzos de la asamblea legislativa “a los fines de proveer alternativas dirigidas a atender la crisis existente en el sector laboral de la salud y garantizar que existan los recursos económicos necesarios para brindarle mejorar condiciones laborales a los profesionales de la salud”. 

Blanco Urrutia recomendó a la Comisión evaluar la opinión del Departamento de Salud “ya que la medida pudiera conllevar un impacto económico para el erario de la agencia”.

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