El gobernador, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado.
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Además, ordena al Departamento de Educación (DE) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), identificar $4,367,736 provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.
“Mi compromiso con el magisterio va más allá de palabras y se confirma con acciones. Desde que juré al cargo de gobernador he tenido como norte defender la educación pública de nuestra Isla y hacia eso nos hemos encaminado. He abogado por los derechos de nuestros maestros y maestras en todos los frentes, incluyendo la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF). Por eso, reitero que cuentan conmigo y les informo que he firmado el Proyecto del Senado 573, sobre la carrera magisterial”, sostuvo el gobernador Pierluisi quien hace un mes anunció que a partir de julio de este año los maestros recibirán un aumento de mil mensuales en su salario.
De igual forma, con esta ley el DE tendrá 270 días para realizar todo trámite, cálculo y análisis requerido para identificar y cualificar a los profesionales a los que no se les completó el proceso de ajuste salarial bajo la Ley de Carrera Magisterial.
También, deberá identificar la cantidad de dinero adeudado desde el 2015 hasta el presente y luego, junto a OGP y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), precisar las eficiencias presupuestarias para cumplir con este fin.
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En el 2014, tras la aprobación de la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno, se paralizó todo trámite de Carrera Magisterial, por lo que no se revisaron ni adjudicaron las solicitudes, incluyendo el reconocer los grados académicos recibidos por los maestros. Tampoco se emitieron pagos para el 2014, ni pagos pendientes de años anteriores.
De hecho, esta ley declaró un estado de emergencia fiscal y prohibió los aumentos en beneficios y compensaciones de los empleados de la Rama Ejecutiva.