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El fracaso en los exámenes de reválida y su efecto a gran escala

El decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Fernando Moreno Orama, abundó con Microjuris sobre el tema.

El decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Fernando Moreno Orama, explicó que los recientes resultados son “terribles” y, aunque los reclamos han sido atendidos por la Junta Examinadora, no con diligencia.

“Los resultados publicados por la Junta Examinadora esta semana son terribles.  En el comunicado enviado por la Junta se atribuyen los pésimos resultados a la pandemia y la educación a distancia sin tener ni un solo dato que apoye esa hipótesis. Las escuelas de derecho llevamos décadas formando generación tras generación de juristas en el país, nuestros datos de admisión, retención y graduación son públicos, el prestigio de nuestras facultades dentro de la profesión nadie lo niega y sin embargo la decisión final de quién debe ser admitido a la práctica recae en un grupo de personas que operan sin dar muchas explicaciones”, destacó el profesor en entrevista con Microjuris.

Moreno Orama indicó que el Tribunal Supremo tiene la responsabilidad de velar porque las personas que tengan una licencia de abogado o abogada tengan las competencias mínimas para ejercer la profesión y de esa manera proteger al resto de la ciudadanía.

“En nuestra jurisdicción para tener tal licencia no basta solo con tomar la reválida sino que esas personas mal llamadas aspirantes tienen como mínimo dos grados universitarios y siete años o más de estudio en instituciones acreditadas. La acreditación es un detalle importante en esto, no porque pueda estar en juego, sino porque los criterios de acreditación con los que tienen que cumplir más de 200 escuelas en todos los Estados Unidos son los que garantizan rigor y uniformidad en la calidad de la enseñanza. Ante tal cuadro, la presunción, en un sistema democrático en el cual se protejan las libertades individuales, es que quienes cumplen con esos requisitos deben ser admitidos y la reválida debe servir para eximir a unos pocos que no satisfagan las competencias mínimas para practicar en Puerto Rico, tal como se hace con la comisión de reputación”, agregó el licenciado.

Un total de 366 personas tomaron la reválida general en marzo 2022. Unas 82 pasaron el examen y otras 284 no recibieron la calificación anhelada. Un total de 156 personas tomaron la reválida notarial en marzo 2022. Unas 133 pasaron el examen y otras 23 no recibieron la calificación anhelada.

“La Junta como las escuelas tenemos mucho que mejorar. Cualquier institución universitaria que se crea perfecta o completa falta a su misión más básica.  Lo mismo supongo que se puede decir de las instituciones públicas como la Junta. Sin embargo, lo que se percibe de la Junta es un cierto hermetismo en el que siempre justifica su trabajo al tiempo en que apunta un dedo acusador contra las escuelas de derecho. Aquí no se trata de crear o perpetuar una dicotomía innecesaria. Pienso que estamos en momentos donde los cambios son necesarios y sería refrescante que las personas encargadas del examen asuman un rol cooperativo en a favor del mejoramiento de la profesión legal y sobre todo de servir al país y su gente efectivamente”, abundó.

Indicó, además, que los reclamos han sido escuchados, pero no se han atendido con la diligencia que el asunto representa. De hecho, destacó que el Tribunal Supremo tiene bajo su poder un análisis detallado del examen, pero no ha sido compartido con las escuelas de derecho.

“Ya en el país hemos sido testigos de cómo una mala gestión gubernamental le costó a la Universidad de Puerto Rico su acreditación de neurocirugía. Las escuelas de derecho, todas, podemos ir por el mismo camino si no hay unión de voluntades para resolver este problema. El Tribunal Supremo tiene un informe hace más de un año en el que se hace un análisis detallado del examen y no lo han querido compartir con las escuelas. Nosotros tenemos nuestros peritos con recomendaciones pero no tenemos un modo efectivo de comunicarlas al Tribunal ni a la Junta. Las escuelas hemos sido transparentes, abiertas y diligentes en todo el proceso y sé que así seguirá siendo, pero el tiempo apremia”, sustentó.

Según la opinión de Moreno Orama, el problema principal estriba en alguno de los criterios relacionados con la nota de pase.

”A estas alturas, tenemos una nota de pase que nadie sabe cuándo, cómo, por qué ni quién la estableció. Sin embargo, seguimos usándola a ciegas hace ya varias décadas. Es muy probable que en el proceso de establecer esa nota de pase se estableció indirectamente un porcentaje de pase por examinación que hace matemáticamente imposible que las tres escuelas suban al mismo tiempo y, por tanto, que cumplan con lo establecido por la ABA. Pero, nuevamente, es lo que podemos identificar con la limitadísima información que la Junta nos ha provisto”, comentó.

Además, es preocupante que la reválida cambió a ser media reválida por el tema del COVID-19 y ningún documento o estudio se ha publicado al respecto. Lo único que sabemos es lo que el Poder Judicial publica en Facebook. De igual forma, el banco de preguntas de selección múltiple debe ser analizado porque en los últimos años cambió el Código Penal, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y el Código Civil, solo por dar algunos ejemplos de peso. Eso quiere decir que un buen número de preguntas está obsoleto y no sabemos si la Junta ha realizado ajustes en ese departamento”, añadió el decano de la PUCPR.

La puntuación mínima requerida a los aspirantes para aprobar los exámenes de admisión a la abogacía y la notaría es de 596 puntos ajustados.

Los datos del National Conference of Bar Examiners reflejan que, hasta la fecha, 30 estados han reportado declives en sus por cientos de pasantía y apuntan a que se debe a varios factores, entre estos, los relacionados al impacto de la pandemia del COVID-19 y la educación virtual. Por lo que los resultados de Puerto Rico se asemejan a la tendencia que se está viendo a nivel nacional.

“El acceso a la justicia suele ser una frase que se usa como eufemismo para hablar de que los abogados tienen que hacer obras de caridad y de tiempo en tiempo ofrecer gratuitamente sus servicios en pro de personas indigentes. Realmente el concepto de acceso a la justicia es mucho más amplio y comienza con la literacidad jurídica. Si en nuestro país no se forman personas como operadores del derecho, en poco tiempo nuestras instituciones públicas y privadas colapsan, pues el sistema de justicia mantiene o debe mantener el balance del ordenamiento constitucional. De igual forma, y usando el ejemplo de la católica que admite en su mayoría a personas del área sur y suroeste de la isla, sin nuestra presencia no llegarían los abogados y las abogadas a los pueblos más distantes del área metropolitana y las personas de esas comunidades no tendrán asesoría ni representación adecuada. ¿Quién va a representar a una persona en un caso de desahucio en Lares o Peñuelas contra los abogados de los bancos que vienen de la Milla de Oro? La diversidad de escuelas en términos geográficos, pedagógicos y filosóficos es necesaria para el sostenimiento de una comunidad jurídica saludable y atenta a las necesidades de sus comunidades”, argumentó sobre los efectos que podrían tener estos resultados.

Sobre las posibilidades de que las escuelas de Derecho se podrían estar enfrentando a una pérdida de acreditación, el profesor admitió que podría ser una posibilidad.

“Espero que ese no sea el caso, pero si digo que no estaría siendo deshonesto. Hasta el momento la agencia acreditadora ha escuchado con mucha atención nuestros argumentos y hasta pospuso una reunión el mes pasado en espera del informe del Tribunal Supremo. Nosotros seguiremos haciendo todas las gestiones ante ese foro y los demás que puedan tener jurisdicción, pero si el Tribunal Supremo no se mueve los resultados serán lamentables. Por el momento las escuelas estamos bajo un señalamiento de incumplimiento con uno de los estándares y ello no significa todavía que estemos en una probatoria o cumpliendo alguna sanción por tal incumplimiento. De hecho, las escuelas estamos solicitando que se haga un moratoria para Puerto Rico por los próximos años del cumplimiento con ese estándar,  pues suponiendo que hay cambios para la reválida de septiembre, los números de esta última examinación fueron tan bajos que nos costará tiempo reponernos y alcanzar la meta trazada por la American Bar Association (ABA)”.

“Por último, aprovecho para señalar que las tres escuelas estamos en cumplimiento con todos los demás estándares de acreditación con excepción del referente a la reválida. En la Católica recibimos la visita tan reciente como el año pasado y no hubo mayores contratiempos. Es importante destacar esto porque si nuestra labor con todo lo demás pasa la prueba por qué no se ven los mismos resultados en la reválida, por qué nos distanciamos tanto de las demás jurisdicciones en los Estados Unidos donde esto no ha sido un problema tan significativo… Quedan muchas preguntas pendientes”, concluyó.

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