Nota de la editora: ¿quieres estar al día con lo que sucede en la legislatura? Te invitamos a registrarte en nuestro boletín.
Esta semana en su sesión legislativa, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó enmiendas a la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, a los fines de modificar el límite de compensación en casos de demandas contra el estado. Se propone aumentar de $75,000 a $100,000 por los daños y perjuicios que sufra una persona y de $150,000 a $1,000,000 en aquellos casos donde los daños sean causados a más de una persona o la persona agraviada tenga derecho a varias causas de acción.
El Proyecto de la Cámara 777, de la autoría del representante Orlando Aponte Rosario, se aprobó con 30 votos a favor, aunque el mismo obtuvo 18 votos en contra y uno abstenido, y tiene como objetivo enmendar la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado”
Descarga la medida: Proyecto de la Cámara 777
En su informe positivo, la Comisión de lo Jurídico plantea que entienden que la medida no tiene un impacto económico real, puesto que la enmienda propuesta en el presente proyecto queda automáticamente paralizada mientras continúe el proceso de quiebra de Puerto Rico. Aseguran que, según interpretación reciente del Tribunal Supremo en esta materia, el aumento a los límites propuestos no tiene un efecto en los casos pendientes en los tribunales y paralizados por el proceso de quiebra. Los cambios entrarían en vigor prospectivamente para los casos que se presenten una vez culmine la quiebra, y los tribunales levanten la paralización de estas reclamaciones.
La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, permite que una persona pueda demandar al gobierno si este o su propiedad ha sufrido un daño por culpa o negligencia de un funcionario, agente o empleado del Estado. Inicialmente, dicho estatuto disponía que el Estado respondería hasta $15,000 en acciones por daños y perjuicios contra la persona o propiedad, cuando se tratase de un solo reclamante con una sola causa de acción, y hasta $30,000 cuando se tratase de un reclamante con varias causas de acción o varios reclamantes.
Posteriormente, la ley ha sido enmendada con nuevos límites de indemnización por parte del Estado.
Específicamente, se estableció un máximo de $75,000 cuando algún funcionario, agente o empleado del Estado causara daños y perjuicios a una persona y otro máximo de hasta $150,000 cuando estos daños fueran causados a varias personas o la persona agraviada tuviese derecho a varias causas de acción.
