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Estudio denuncia violación de derechos en ingreso de adictos a centros de tratamiento

El documento titulado “Involuntary Civil Commitment for Substance Use Disorders in Puerto Rico: Neglected Rights Violations and Implications for Legal Reform” señala que en la isla usualmente no usan profesionales médicos o salubristas, sino que dependen de personas que han tenido problemas con sustancias en el pasado.

Por Daniel Rivera Vargas

Un artículo académico divulgado en una revista en salud y derechos humanos asociada a la Universidad de Harvard denunció violaciones a derechos humanos y constitucionales en Puerto Rico por la reclusión civil involuntaria (ICC, por sus siglas en inglés) para usuarios de sustancias controladas.

“Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos desde 1898, actualmente tiene la legislación de ICC más punitiva del país”, lee el documento titulado “Involuntary Civil Commitment for Substance Use Disorders in Puerto Rico: Neglected Rights Violations and Implications for Legal Reform” divulgado el pasado 31 de agosto por el Health and Human Rights Journal. “Puerto Rico tiene la ley del ICC más draconiana y argumentablemente inconstitucional de Estados Unidos”, agrega.

El ingreso involuntario civil es un mecanismo que existe en muchos países para usuarios de alcohol o de drogas, según el artículo académico. La meta es proteger a esas personas proveyéndoles un confinamiento temporal para atenderlos y evitar que se hagan daño mediante una sobredosis a ellos mismos o a otras personas. Pero, en la práctica, se aplica mediante programas que carecen de los servicios médicos adecuados, a través de un centro de servicios de autoayuda, mediante organizaciones no gubernamentales sin recursos adecuados para esa población, y a veces en la cárcel.

“No es de sorprender que las evaluaciones a ICC concluyan que no hay evidencia de que ese confinamiento reduzca el daño relacionado al uso de sustancias. Por el contrario, los estudios sugieren que daña relaciones familiares, causa trauma en pacientes y los coloca en un mayor riesgo de muerte por sobredosis”, agrega el artículo académico.

El Health and Human Rights Journal es una publicación con el apoyo del FXB Harvard School of Public Health, el Dornsife School of Public Health, la Universidad de Drexel y el Harvard Health and Human Rights Consortium. Sus tres autores, Caroline M. Parker, del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Manchester, Reino Unido; el profesor de la escuela de Derecho de la UPR, Oscar E. Miranda Miller, y la profesora de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, Carmen Albizu García.

Las fallas detectadas

En Puerto Rico, muchos de los programas de tratamiento residencial operan con “terapia de comunidad”, basado en la convivencia prolongada, abstinencia, y terapia de grupos, frecuentemente suplementado por consejería religiosa, espiritual y el estudio de la Biblia. Usualmente no usan profesionales médicos o salubristas, sino que dependen de personas que han tenido problemas con sustancias en el pasado, según los describe el artículo académico.

Dos leyes gobiernan localmente este tema. La primera es la Ley 67 de 1993 que crea la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (Assmca), que en su sección 11 establece un “Procedimiento Judicial para Adictos” con varios procesos judiciales. El segundo es la Ley 408 de 2000, o Ley de Salud Mental, que toma en cuenta decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y de la Declaración Universal de Derechos Humanos que abarcan el tema del ICC. Sin embargo, la Ley de 2000 no revocó la sección 11 de la Ley 67 que subsiste “violando derechos y libertades que se suponen están garantizadas por leyes locales, nacionales e internacionales”.

El artículo académico denuncia múltiples deficiencias de la Ley 67 como por ejemplo la falta de estadísticas en Puerto Rico. Por un lado, el ICC se maneja en parte desde 15 tribunales, pero solo tres de ellos proveyeron estadísticas a los investigadores del estudio que indican que entre 2014 y 2017 unas 721 personas fueron objetos de estos confinamientos civiles involuntarios.No hay datos de las otras 12 Por el otro lado, la agencia que se supone tenga también datos es Assmca pero “estas cifras no estaban disponibles”.

“El número de personas detenidas en instalaciones residenciales restrictivas es desconocido”, según el informe divulgado en HHR.

Asimismo, el artículo académico plantea violación a jurisprudencia federal. Hay decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1975 y de 1997 que recalcan como requisito para estas leyes que haya un elemento de peligrosidad y “preocupantemente la Ley 67 falla en mantener este principio, permitiendo en su lugar que se le imponga ICC a cualquiera que el tribunal estime que es adicto a drogas o alcohol”.

Igualmente, el informe de HHR indica que otra decisión del Tribunal Supremo, está de 1979, exige que la evidencia en un caso de ICC “por su peso y gravedad” debe ser mayor a la mera preponderancia de la prueba, o “clara y convincente evidencia”; pero la Ley 67 establece un estándar que el informe indica que es menor, comparable al de “causa probable” de una vista preliminar. Igualmente, hay decisiones de tribunales apelativos federales que exigen que intervenga un representante legal por el supuesto adicto pero en Puerto Rico “no encontramos un solo caso de Ley 67 en nuestra investigación en la que el individuo sujeto a este proceso recibió asesoría legal”.

Aparte de estas infracciones a decisiones federales, la Ley 67 choca con el lenguaje del artículo II sección 1 de la Constitución de Puerto Rico que resalta la dignidad del ser humano como algo fundamental y con la propia Ley 408 que dice que “la autonomía debe preservarse”, según el artículo académico.

“La Ley 67 no protege la autonomía de la persona. En su lugar, permite el ingreso involuntario por mucho tiempo de ciudadanos, aunque no hayan sido diagnosticados clínicamente con un desorden de sustancias, aunque no representen un peligro para ellos mismo u otras personas, independientemente de su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas”, reza el documento.

El artículo académico también denuncia que la Ley 67 no usa el lenguaje salubrista adecuado, que no se exige que un profesional clínico haga la evaluación de la persona que podría ser ingresada, y que no se establecen guías para el cuidado de los pacientes o monitorear su condición,

También se cuestiona la forma que se selecciona el “tratamiento”. Según el artículo académico, los jueces muchas veces eligen el tratamiento a base de lo que le solicitan los familiares del supuesto adicto, quienes a su vez suelen hacer su selección no por consideraciones médicas sino porque el centro le queda cerca de su casa, le queda cerca de una determinada creencia religiosa, o incluso porque el padre necesita un respiro de su hijo.

“Para cumplir con la ley de salud mental, los jueces deben recordar que los familiares no están cualificados para recomendar tratamiento apropiado a sus familiares. Al igual que los cirujanos no deben realizar amputaciones o cirugías de corazón por petición, los jueces no deben obligar a ciudadanos a participar de algunos tratamientos. En particular cuestionables modos de institucionalización restrictiva residencial que no proveen evidencia de cuidado, si no se demuestra por un profesional de la salud que esto es necesario”, plantea el informe de HHR.

Además, el artículo académico critica el tiempo de los tratamientos. Puerto Rico es una de 37 jurisdicciones de Estados Unidos con leyes ICC, pero la de la Isla tiene unas características que los autores del estudio resaltan incluyendo que mientras en algunos estados está claramente definido un tiempo máximo para el ICC, por ejemplo, en Nueva York son 48 horas, y en otros 17 estados es de un máximo de 72 horas, en Puerto Rico el confinamiento no tiene un periodo máximo fijado por ley (open ended).

Según el artículo, bajo la Ley 67 el término del ingreso involuntario de la persona usualmente depende de lo que diga el centro: un juez evalúa el caso, el juez depende de la evidencia que tiene ante él, la evidencia que tiene el juez es la comparecencia del supuesto adicto, que va acompañado al tribunal por alguien del centro en el que está ingresado, que no es un salubrista profesional.

“Usualmente recomiendan el tratamiento completo del programa, independientemente de las necesidades del individuo o la condición. Ese acercamiento ‘one size-fits-all’ no se ajusta o está calibrado a las necesidades del paciente”, se indicó. Ese “tratamiento” recomendado implica 18 meses ingresado.

También, el artículo académico incluso afirma que este ingreso involuntario cuando no “hay la severidad que amerita” pudiera ser “un crimen” al amparo de la sección 15.03 de la Ley 408 de 2000.

Asimismo, el estudio académico denuncia la práctica de “un puñado de municipios” que han creado dependencias municipales para la Ley 67. En el reporte se especifica el Municipio de Bayamón, a través de la oficina llamada Bello Amanecer. A las vistas judiciales en esos casos, ni siquiera comparece la persona ingresada, sino que en su lugar va un empleado municipal que pudiera no haber tenido contacto alguno con el ingresado involuntariamente.

Algunas de estas personas incluso bajo Ley 67 son trasladadas fuera de Puerto Rico porque se les advierte que, si no aceptan el traslado, el juez puede determinar que es un desacato y entonces podría ir preso, según el artículo.

“Bajo el sistema legal de Puerto Rico, ciudadanos que no representan una amenaza inminente de daños a ellos o a otros, que de otra manera pueden atender sus necesidades básicas, y que no han sido diagnosticados con un desorden de sustancias pueden ser ingresados a centros residenciales restrictivos por hasta un año sin que siquiera tengan representación legal”, reza el informe divulgado en HHR.

¿Qué se puede hacer?

El estudio académico concluye con las siguientes recomendaciones:

  1.  Derogar la sección 11 de la Ley 67, liberar a toda persona actualmente bajo Ley 67 y levantar toda orden judicial al amparo de ese estatuto.
  2. Los jueces deberían dejar de usar la Ley 67, en la alternativa usar la ley 408, y no aceptar reportes sobre estos casos si no están preparados por un profesional salubrista.
  3. Assmca debe revisar todos los casos relacionados a ICC.
  4.  Los legisladores deberían usar las guías para establecer política pública de la administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias de estados Unidos para prevenir abusos en el futuro, y que incluyan que estas personas estén asistidas por abogados, notificación de sus derechos y que se les permita impugnar una orden judicial de confinamiento.

Habla uno de los autores del estudio

En entrevista con Microjuris, el profesor Miranda Miller dijo que aunque la Ley 67 de 1993 no fue directamente revocada por la Ley 408 de 2000, los jueces deberían descartar la de 1993.

“Se usan las dos. Aunque mi interpretación es que los jueces deberían entender que la ley de salud mental la dejó sin efecto (a la Ley 67), muchos jueces no la interpretan así. No ha sido derogada y hay jueces menos rigurosos o por las razones que sea terminan recluyendo a alguien en un hogar por más de un año… y cortando esquinas, sin proteger los derechos de esas personas… sin evaluación de un profesional médico o sin cumplir el estándar probatorio de que esa persona debe ser recluida”, sostuvo Miranda Miller.

Miranda Miller aclaró que los tribunales que intervienen en estos casos no son los conocidos como “cortes de droga”, puesto que esta modalidad judicial es para cuando hay casos penales y el imputado se cualifica para un programa de desvío en vez de la cárcel. Los ICC son casos civiles, y se supone que se usan con enfermos mentales, dijo.

El profesor también lamentó la falta de estadísticas para estos casos de ICC.

En el caso de los municipios, Miranda Miller dijo que son casos que demuestran gran insensibilidad y que se presta hasta para la trata humana porque esos ingresados a veces tienen que trabajar sin devengar un salario.

“Algunos de esos detenidos tienen uso problemático de sustancias, o deambulan, pero no los están arrestando por cometer un delito, los están sacando de las calles porque se ven feos… en vez de destinar recursos para verdaderamente ayudarlos”, dijo.

“Con la facilidad que una persona es privada de su libertad, una persona que no ha cometido delito. A mí me asusta”, agregó el catedrático, quien informó que el artículo de HHR será publicado en el formato impreso de la revista en diciembre.

Reacciona Tribunales y Bayamón

Microjuris procuró reacción a este artículo académico de Assmca, la Oficina de Administración de Tribunales y del Municipio de Bayamón. De la agencia no hubo reacción al momento de divulgar esta nota, pero el Poder Judicial y el Municipio se expresaron por escrito.

“Los procedimientos judiciales a los que hace referencia el artículo están regulados por ley. Conforme a nuestro sistema de gobierno constitucional, le corresponde a las ramas Legislativa y Ejecutiva aprobar legislación para atender problemas y necesidades sociales y enmendar o derogar las leyes vigentes cuando no atienden adecuadamente las realidades sociales. En este esquema, corresponde a los tribunales enmarcar su función dentro de los parámetros de lo que disponen las leyes vigentes y la Constitución», se expresó el Poder Judicial.

Por otro lado, el Poder Judicial promueve diversos programas dirigidos a las personas que llegan al tribunal con problemas de adicción a sustancias controladas, según la naturaleza del caso y el remedio que se solicita al amparo de la ley que aplique.

Por ejemplo, a través del Proyecto para la Atención de Asuntos en Salud Mental del Poder Judicial, las personas que padecen de un trastorno mental, incluyendo el uso y abuso de sustancias controladas, tienen el beneficio de ser atendidos a través de una sala especializada con servicios de salud integrados y un enfoque de justicia terapéutica al amparo de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico. Recientemente este programa de salas especializadas en salud mental se extendió a las regiones judiciales de Ponce y Utuado”.

“El informe lo que hace es, recomendar unas reformas legislativas sobre el ingreso civil involuntario por uso de sustancias (Ley 67) y en ese aspecto pudiéramos coincidir con algunas de esas propuestas», dijo por su parte Alexander Santiago, director del Programa Nuevo Amanecer.

En el Tribunal Superior de Bayamón, hay una sala especializada desde 2019, donde se ven estos casos y contrario a lo que se alega en ese informe a los participantes se les asigna un abogado que los asiste legalmente en todo el proceso.

Para el año 2019 se archivaron todos los casos de Ley 67, eso como parte de la transición entre sala de investigaciones y la sala especializada que inició para esa fecha. Desde entonces, se han radicado 45 peticiones, todos de participantes con trastornos por uso de opioides que han intentado voluntariamente someterse a tratamientos clínicos y no han logrado resultados positivos.

Estamos de acuerdo en que Puerto Rico carece de servicios y tratamientos adecuados basados en evidencia científica, no obstante, y teniendo eso en cuenta en Bayamón se han asignado fondos municipales para contratación de más profesionales licenciados muy competentes, que ofrecen tratamiento ambulatorio a los participantes que así lo requieran.

Sobre los viajes a Estados Unidos desde el 2013, la política pública del municipio es que no se estará enviando participantes fuera de Puerto Rico, aunque ellos o sus familiares así lo soliciten”.