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Gobernador convierte en ley definir como esenciales los servicios de salud en Puerto Rico

Vetó medida que establecía protocolo para manejar escuelas cerradas.

 

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Con el objetivo de que se identifiquen los recursos fiscales para satisfacer y mejorar el ambiente laboral del sector de la salud pública, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, firmó esta semana el Proyecto de la Cámara 1154 que define como esenciales los servicios de salud en la Isla.

A esos efectos, como ya había adelantado el gobernador Pierluisi, se revisarán los tarifarios que reciben los profesionales de la salud y proveedores de servicios dentro del Plan de Salud del Gobierno. También, se evaluará la asignación de presupuesto para el mantenimiento o mejoras a las instalaciones hospitalarias del Estado en especial a las que componen el Centro de Médico de Puerto Rico.

Asimismo, se revisarán las escalas salariales y será prioridad reclutar personal, al igual que reabrir los puestos vacantes necesarios para subsanar la sobrecarga de trabajo que enfrentan los empleados de hospitales del Gobierno.

«Nuestros profesionales de la salud han demostrado su gran dedicación y esmero para atender a nuestro pueblo y durante la pandemia por el Covid-19 su esfuerzo y entrega fue clave para mantener nuestros hospitales bajo control. Esta medida reitera el compromiso que tengo con la salud de nuestro pueblo y con estos profesionales para que estén bien remunerados y cuenten con las mejores condiciones laborales», sostuvo el gobernador.

Sobre este proyecto cameral, endosado en vistas públicas por la Administración de Servicios Médicos (ASEM) y por el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Departamento de Justicia determinó que no existe impedimento legal o constitucional para su firma. Esta medida se une a la Resolución Conjunta de la Cámara 324 que Pierluisi firmó la semana pasada en la que se ordena a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) transferir al Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe el edificio principal del hospital y el estacionamiento.

Por otra parte, el gobernador también firmó dos medidas vinculadas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Al darle paso al Proyecto de la Cámara 1170 se crea el Incentivo de Responsabilidad Vial para conceder un descuento de 30 por ciento en el pago total del cargo base de derechos anuales por concepto de renovación de licencia de conducir a toda persona que el DTOP certifique que no ha tenido multas en el periodo de 12 meses previos a la renovación de la licencia vehicular. Este descuento estará disponible para uso en un solo vehículo registrado a nombre de la persona a la que se le concederá el descuento durante el periodo del marbete. La otra pieza legislativa que contó con el aval del gobernador es el Proyecto de la Cámara 864 que reemplaza el concepto de delito menos grave por falta administrativa en los casos en que conductores de vehículos pesados-ómnibus público y transporte incurran en exceso de velocidad.

Al recibir la recomendación positiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) el gobernador firmó el Proyecto del Senado 80 que enmienda la Ley de la OATRH a los fines de que se ofrezcan cursos de capacitación y estudios continuados en materias financieras y de gerencia de proyectos a los empleados de las agencias del Gobierno. También, dio paso al Proyecto del Senado 480 que enmienda la Ley de la Industria Hípica de Puerto Rico para que el dinero acumulado, por razón de caducidad, sea inmediatamente remitido por las personas naturales o jurídicas operadoras de los hipódromos, y depositado después de cada día de carreras, en una cuenta especial de una institución bancaria local donde devengue intereses.

El gobernador también firmó las Resoluciones Conjuntas del Senado (RCS) 100,110 y 111 para que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evalúe varias transferencias a los municipios de Isabela y Arecibo. En el caso de la RCS 100 se solicita que se considere la posibilidad de transferir libre de costo al pueblo de Isabela la titularidad del terreno y la estructura de la antigua escuela Emilia Castillo viuda de Abreu. Mientras, con las RCS 110 y 111 se solicita que el CEDBI evalúe la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico del terreno e instalaciones que albergan a la antigua escuela elemental Félix Rosario Ríos, así como a la que fue la escuela superior Dra. María Cadilla de Martínez, respectivamente.

Por último, Pierluisi dio paso al Proyecto de la Cámara 158 que enmienda la Ley para crear la Cumbre Anual de la Juventud Puertorriqueña (CAJUP) a los fines de ampliar la temática de derechos juveniles a ser discutidos durante la Cumbre.

El gobernador le explicó, mediante carta, a los presidentes legislativos las razones para no favorecer el Proyecto del Senado 274 (PS 274) así como la Resolución Conjunta del Senado 127 (RCS 127). En relación con la primera medida, que proponía enmendar varias leyes a los fines de establecer un protocolo para el manejo de las escuelas cerradas o por cerrarse, el primer mandatario recordó que ya existe un procedimiento para la atención de los planteles en desuso con el CEDBI lo que quedó evidenciado con las RCS 100, 110 y 111 firmadas hoy. Además, el gobernador sostuvo que la creación de la Comisión Multisectorial para el Manejo de las Escuelas Cerradas, además de representar duplicidad de esfuerzos y mayor burocracia en el trámite de los planteles escolares en desuso, tiene un impacto fiscal en los gastos del gobierno que no está contemplado en el Plan Fiscal ni en el Presupuesto del Año Fiscal 2023 para el Gobierno de Puerto Rico, pues la medida no identifica recursos.

Lee el veto al PS 274 aquí

Igualmente, el gobernador Pierluisi expresó que es política pública de esta administración agilizar los trámites ante el CEDBI y ha dado instrucciones en esa dirección. De hecho, desde la creación del CEDBI y hasta octubre de 2022, se han aprobado 362 transacciones de arrendamientos o usufructos para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas. Además, el CEDBI ha autorizado 51 transacciones de compraventa para planteles escolares en desuso a favor de entidades públicas y privadas y actualmente tiene otras 51 transacciones de planteles escolares en proceso con entidades públicas y privadas.

Con respecto a la RCS 127, a través de la cual se ordenaba al DTOP transferir libre de costo, incluyendo cualquier deuda, la finca 6095 al municipio de Morovis, el gobernador comentó que la medida contiene errores técnicos y procesales que imposibilitan su firma más sin embargo indicó que por la vía administrativa comenzará, en cumplimiento con las leyes aplicables, el proceso para que las familias que residen en esos predios puedan recibir sus respectivos títulos de propiedad, sin el riesgo de que los problemas técnicos de esta medida pudieran afectar los propósitos de inscripción en el Registro de la Propiedad.