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El Proyecto del Senado 1168, radicado en el Senado de Puerto Rico por el senador del Partido Popular Democrático, Javier Aponte Dalmau, propone que el gobernador o la gobernadora deberá hacer pública toda solicitud de clemencia ejecutiva que esté bajo su consideración y los fundamentos para su otorgamiento total, parcial o rechazo.
Además, establece que dicha información debe ser colocada en el portal cibernético del gobierno dentro de los diez días de recibir la petición de clemencia y dentro de los diez días de emitir su decisión sobre el asunto.
La exposición de motivos sostiene que la Orden Ejecutiva OE-83-2021 estableció el procedimiento y criterios para la concesión de clemencia ejecutiva en Puerto Rico, y que esta debe ser principalmente un acto de compasión enfocado en promover la rehabilitación de los peticionarios, aunque también pueden evaluarse casos en los que se solicite como un acto de justicia.
El autor destaca la importancia de que el gobernador rinda cuentas por sus decisiones en el ejercicio del poder conferido en este ámbito, dado que se revierte la determinación final emitida por la Rama Judicial para sustituirla por el criterio de otra rama de gobierno.
Para el legislador, la clemencia ejecutiva no debe ser un proceso oculto o privado, ya que las víctimas de delitos tienen derecho a saber si su agresor ha sido liberado y tomar medidas necesarias.
La pieza legislativa fue referida a la Comisión de Gobierno del Senado.
