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Nueva ley amplía definición de equipos electrónicos para reciclaje en Puerto Rico

Resumen de puntos principales
  • La Ley Núm. 169-2026 amplía Ley 18-2012 para incluir sistemas fotovoltaicos, almacenamiento en batería y baterías de vehículos eléctricos.
  • Se consolida autoridad en el DRNA, que mantendrá registro de entidades certificadas, aprobará planes y autorizará instalaciones.
  • Entidades privadas con 11 o más empleados deben rendir informe anual al DRNA sobre disposición y reciclaje.
  • Fabricantes, importadores y distribuidores son responsables de la disposición al final de la vida útil y coordinación con detallistas.
  • DRNA creará estándares según recomendaciones de la EPA y prohíbe trasladar residuos a jurisdicciones ambientalmente más permisivas.

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La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó un proyecto de ley a los fines de actualizar la política pública ambiental del País en cuanto al manejo de residuos electrónicos.

La pieza legislativa, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, tiene como propósito incluir en el marco regulatorio de la Ley 18-2012, conocida como Ley de Reciclaje y Disposición de Equipos Electrónicos de Puerto Rico, los sistemas de energía solar renovable y baterías de vehículos eléctricos, anticipando su eventual desecho masivo.

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La ahora Ley Núm. 169-2026, enmienda múltiples secciones de ley para incorporar nuevas categorías de equipos dentro de su definición de «equipos electrónicos», en los cuales se incluyen sistemas fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento en batería, cargadores y otros componentes de sistemas solares susceptibles de reciclaje o disposición especial.

A su vez, se eliminan todas las referencias a la Autoridad de Desperdicios Sólidos y a la Junta de Calidad Ambiental, consolidando las funciones de reglamentación, supervisión, certificación y fiscalización en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Puedes acceder a la ley aquí

Se establece que toda entidad privada con 11 empleados o más deberá rendir al DRNA un informe anual sobre las estrategias implementadas para la disposición, reciclaje o reutilización de equipos electrónicos. Los fabricantes, importadores y distribuidores de estos equipos serán responsables de su disposición una vez concluyan su vida útil, incluyendo la coordinación con detallistas para la recolección.

El DRNA mantendrá un registro actualizado de entidades certificadas y será la agencia encargada de revisar y aprobar los planes de reciclaje y disposición, así como autorizar instalaciones dedicadas a estos fines.

Las empresas que lo soliciten podrán obtener una certificación como «Empresa Verde» y ser reconocidas públicamente por su cumplimiento.

Específicamente, en la definición de equipos electrónicos, estos son los equipos agregados a esta nueva ley:

  • Equipos de energía solar renovable, incluyendo los sistemas fotovoltaicos (PVS) y los sistemas de almacenamiento en batería (BSS)
  • Baterías de iones de litio de vehículos eléctricos, así como cualquier otro aparato análogo que se use para almacenar electricidad
  • Cargadores de batería de iones de litio de vehículos eléctricos
  • Componentes relacionados con la energía solar, tales como: inversores, sistemas de monitoreo del estado de la batería y de su carga, cables solares, cables de conexión de la red, cables de batería y cualquier otro componente de sistemas de energía solar que pueda reciclarse o que necesite un proceso especial de disposición.

La ley también dispone que los municipios deberán coordinar con el DRNA la supervisión de personas o entidades que almacenen equipos electrónicos desechados. Además, se faculta al DRNA a participar en convenios intergubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional, para mejorar la gestión de residuos electrónicos.

De igual modo, se establece la obligación del DRNA de crear estándares de manejo y reciclaje basados en las recomendaciones de la EPA, con miras a proteger la salud pública, la seguridad de los trabajadores y la integridad de las instalaciones.

Asimismo, se prohíbe expresamente la autorización de programas de disposición que impliquen trasladar residuos a jurisdicciones con leyes ambientales más permisivas o que solo almacenen equipos sin un plan de disposición.

Esta reestructuración responde a los cambios administrativos establecidos mediante el Plan de Reorganización de 2018.