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Junta de Supervisión urge a la Legislatura a trabajar en reforma de permisos

La Junta de Supervisión propuso trabajar junto a los cuerpos legislativos en una reforma de permisos que atienda cuatro asuntos que considera esenciales para agilizar los procesos y fomentar el desarrollo económico.
Resumen de puntos principales
  • La Junta urgió a la Legislatura a trabajar en conjunto y ofreció a José R. Pérez‑Riera y asesores para asistir en la reforma de permisos.
  • La Junta pide comenzar el trabajo legislativo durante esta sesión, la cual concluye en noviembre.
  • La Junta exige cuatro resultados esenciales: marco coherente; procedimientos objetivos y rastreables digitalmente; sistema fiscalmente sostenible; preservación de requisitos federales.
  • Solicita el borrador limpio más reciente para colaborar en la redacción y lograr aprobación conjunta con firma de la gobernadora.
  • Objetivo final: reducir significativamente tiempos, trámites, costos, incertidumbre y discreción ineficiente para fomentar reconstrucción, inversión, vivienda e infraestructura.
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Por Daniel Rivera Vargas

La Junta de Supervisión y Administración Financiera urgió a los cuerpos legislativos a trabajar junto a ella en la aprobación de una reforma de permisos.

Mediante una comunicación emitida la semana pasada, la Junta de Supervisión, organismo creado por la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), informó que su coordinador de Desarrollo Económico y Rehabilitación, José R. Pérez-Riera —exsecretario de Desarrollo Económico durante la administración del gobernador Luis Fortuño—, y otros asesores estarán disponibles para trabajar junto a los cuerpos legislativos en la redacción de una nueva pieza legislativa sobre la reforma de permisos.

El interés de la Junta de Supervisión, según la carta de siete páginas, es comenzar a trabajar en ese esfuerzo conjunto durante esta sesión legislativa, que concluye en noviembre.

El tema, que ha sido objeto de amplio debate en los pasados meses, está atendido actualmente por varias medidas, incluyendo el P. del S. 1173 y el P. del S. 1183, uno de La Fortaleza y otro del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, así como el P. de la C. 1213, también sometido por la gobernadora Jenniffer González.

Parte de estas piezas legislativas ya han sido objeto de vistas públicas. Sin embargo, entre las ponencias disponibles figuran principalmente las de entidades gubernamentales o agrupaciones de negocios, mientras que no surgían ponencias de grupos ambientales o comunitarios.

Los cuatro asuntos que plantea la Junta

La Junta de Supervisión entiende que es indispensable que la reforma atienda cuatro asuntos: un marco legal y normativo coherente y uniforme en todas las oficinas de permisos del Gobierno de Puerto Rico y municipales; procedimientos objetivos y predecibles, con plazos definidos y rastreables digitalmente, responsabilidad clara y un solo expediente administrativo; un sistema operativamente viable y fiscalmente sostenible, con tarifas vinculadas a los servicios prestados y diseñadas para reducir, en lugar de aumentar, el costo de hacer negocios; y la preservación expresa de los requisitos federales aplicables y del Proceso de Permisos Acelerados para Proyectos Críticos del Título V de la Ley PROMESA.

“La Junta de Supervisión está lista para reunirse de inmediato y trabajar según un calendario que priorice nuestro objetivo compartido de implementar una reforma de permisos que logre los cuatro resultados esenciales discutidos anteriormente”, indicó la Junta de Supervisión.

Solicitan los borradores más recientes

El cuerpo fiscal solicitó, en la carta firmada por el director ejecutivo Robert F. Mujica Jr., una copia del más reciente borrador limpio de estos proyectos para comenzar su asistencia en esta legislación, de forma que se obtenga un proyecto que ambos cuerpos aprueben y que reciba la firma de la gobernadora, con el objetivo de fomentar el desarrollo económico.

“El éxito resultaría en un sistema que reduzca de manera significativa el tiempo, los trámites, los costos, la incertidumbre y la discreción ineficiente asociados con la obtención de permisos. Una implementación exitosa apoyará la reconstrucción, la inversión, la vivienda, la infraestructura y el crecimiento económico”, expuso la Junta de Supervisión.