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El Senado de Puerto Rico aprobó por segunda ocasión en reconsideración, el Proyecto del Senado 299 que busca especificar y reafirmar la intención legislativa del Código Anticorrupción cuando un agente de contratista del gobierno es convicto por delitos de corrupción.
La enmienda propuesta al lenguaje vigente aclara que la convicción de un contratista del gobierno por alguno de los delitos establecidos en la ley conlleva la rescisión inmediata del contrato sin discreción alguna por la agencia.
Además, la medida dispone que el gobierno, a través del Secretario de Justicia, tendrá el deber de reclamar indemnización por dichos actos así como el sustentar por escrito los fundamentos específicos para la determinación de radicar o no dicha acción.
Según el proyecto de ley, la redacción del Código resulta ambivalente en cuanto a la discreción que podría tener el Gobierno para rescindir un contrato, por ejemplo, en el caso de una corporación cuyo agente principal fue convicto por algunos de los delitos que establece la Ley.
La medida, a petición del propio Senado y en consentimiento con la Cámara de Representantes, había sido devuelta por Fortaleza el pasado año, y reconsiderada por la Asamblea Legislativa durante el pasado mes de febrero.
No obstante, el 13 de marzo de 2023 el Senado volvió a requerir al Gobernador la devolución de la misma, por lo que hubo una segunda reconsideración, que similar a la primera, no contó con el apoyo de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) quienes le votaron en contra, emitiendo un voto explicativo.
