El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, presentó una medida que busca enmendar la Ley de Acueductos y Alcantarillados con el fin de establecer un porcentaje máximo de depósito o fianza a ser cobrado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) al momento de evaluar una solicitud de nueva conexión al servicio de agua potable o alcantarillado sanitario.
El Proyecto del Senado 1285, autoriza a su vez a que se configuren planes de pago, y dispone a que el adelanto solicitado por la AAA sea reducido para que el mismo no exceda del 30% del cargo total en las solicitudes de nueva conexión.
La exposición de motivos señala que el 1 de julio de 2023 la AAA puso en vigor una nueva estructura tarifaria que ha encarecido los cargos asociados a los servicios prestados. Alude el autor a que anteriormente se dejaba en manos del consumidor realizar los trabajos de rotura de la carretera para ubicar el contador y que la Autoridad únicamente asumía el rol de instalar el contador y tubería desde la toma principal.
El cargo por este servicio fue de $800 desde el 2015 hasta 1ro de julio de 2023 cuando entró en vigor un aumento a $1,931.40 por servicio.
En las nuevas solicitudes de conexión, la AAA requiere de un pago equivalente al 40% del costo de la transacción, entiéndase de $772.40 para acometida de agua potable y que al ser aprobada, el ciudadano debe entonces pagar el balance pendiente de la transacción ($1,159) dentro de los próximos seis meses, a razón de $191 mensuales aproximadamente.
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Para el autor de la medida, dichos aumentos no solo afectan a los ciudadanos, sino que a su vez, han encarecido los costos de construcción de viviendas en Puerto Rico sobre todo cuando la AAA no contempla ofrecer planes de pagos por estos servicios.
El proyecto de ley busca reducir el impacto del aumento en cargos por servicio al limitar el adelanto solicitado por la AAA para que no exceda del 30% del cargo total en solicitudes de nueva conexión y establece el derecho de los ciudadanos a obtener un plan de pago independiente a su factura por un término que no excederá de los dieciocho (18) meses. Además, se dispone que de acogerse el ciudadano al plan de pagos, ello no será impedimento para que la Autoridad formalice el contrato y ordene el alta del servicio, sujeto a que se haya pagado en su totalidad el adelanto requerido.
La medida fue referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura para su evaluación.
