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Fallo apelativo en pleito sobre Reserva Natural Mar Chiquita de Manatí

El Fideicomiso de Conservación y el Municipio de Manatí comparecieron al proceso, a favor de la corrección de las acciones de la Junta.

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Por Daniel Rivera Vargas

Una nueva decisión del Tribunal de Apelaciones confirmó una resolución de la Junta de Planificación relacionada a la reserva Natural Mar Chiquita, en Manatí.

La sentencia emitida por el panel compuesto por los jueces Figueroa Cabán, Bonilla Ortiz, así como la jueza Mateu Meléndez, es el más reciente giro sobre los terrenos que albergan la famosa playa de Mar Chiquita.

En este caso, se trazan los comienzos de la disputa a  diciembre de 2016, en las postrimerías de la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, designando el área como reserva natural, determinación que luego fue revertida por la próxima administración y que termino en la opinión del Tribunal Supremo, Sierra Club v. Junta, que mantuvo en vigor varias designaciones de reservas naturales.

La sentencia de esta semana del Tribunal Apelativo falla en contra del grupo FDR 1500 Corp., que impugnaba la legalidad, al amparo de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), de un aviso de subsanación publicado el pasado 16 de junio.

Los jueces apelativos entendieron que se trató de una actuación «razonable» de la Junta.

 «La recurrente pretende que mediante su recurso hoy pasemos juicio sobre el proceso de aprobación. Tal acción sería contrario a derecho», reza el apelativo.

«Debido a que la jurisprudencia vigente establece que las resoluciones aprobadas por la JP en el año 2016 advinieron vigentes y cobraron fuerza de ley, resolvemos que el aviso de subsanación es inconsecuente en cuanto a la validez de la resolución JP-PS-MCH, por haber sido afirmada mediante determinación judicial», se indicó en la sentencia de 12 páginas.

En la decisión, el tribunal también reitera su competencia en ley para revisar decisiones administrativas, pero subrayando que debe dar deferencia a las actuaciones de las agencias salvo en casos de que sean «irrazonables, ilegales o simplemente contrarias a derecho», y esto requiere que la parte promovente exponga prueba en el récord del proceso que derrote la presunción de corrección de la acción de la agencia.

Parte fundamental en la decisión del apelativo de esta semana fue la postura del Supremo en la decisión del 2019: «Al estudiar la Opinión del Tribunal Supremo en el citado caso llama nuestra atención el que, en la exposición del trámite procesal del caso, nuestro más alto foro señaló que las resoluciones del 2016- entre las que se encuentra la Resolución que FDR 1500 desea impugnar- cumplieron con los requisitos procesales para la aprobación de un reglamento, según la LPAU».

 

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