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La Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático realizó una vista pública para investigar el cumplimiento con la Ley 33-2019 del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (Ceacc).
A la audiencia pública, presidida por el representante Edgardo Feliciano Sánchez, compareció la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega; la planificadora ambiental de la zona costanera del DRNA, Vanessa Marrero; y el Dr. y miembro del Ceacc, Pablo Méndez Lázaro.
Durante los trabajos, Rodríguez Vega expuso que el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (Plan) cuenta con 155 cursos de acción con 796 estrategias para robustecer la preparación y respuesta de Puerto Rico ante la amenaza global del cambio climático con el fin de proteger vidas y propiedades.
Algunos cursos de acción para la mitigación, adaptación y resiliencia son reducir el consumo general de energía al menos 1% anual comenzando en el año 2024 hasta alcanzar para el 2034 una reducción de 10% a base de la densidad poblacional, transformar el sistema de generación de energía eléctrica a uno a base de combustibles no fósiles o fuentes renovables con almacenamiento para el año 2050 y establecer una política pública de desarrollo y construcción sostenible, resiliente y descarbonizada.
Por otra parte, Rodríguez Vega confirmó que el presupuesto del Ceacc es de $1.2 millones.
«Anteriormente, el borrador no se había realizado porque el Comité no contaba con presupuesto. Ninguno de los nueve miembros del Ceacc recibe compensación por lo que el resto del presupuesto cubre las contrataciones de los expertos y especialistas que colaboran con el proyecto y los informes y evaluaciones que se realizan»’.
«Realmente, el presupuesto no es suficiente para cubrir todas las bases y proyectos que nos encontramos trabajando. Nos quedamos cortos para culminar los trabajos»’, agregó.
De igual forma, Rodríguez Vega dijo que es «imprescindible comenzar a implementar con urgencia las medidas de adaptación y resiliencia en Puerto Rico para proteger la vida y propiedad de los residentes del archipiélago ante los efectos del cambio climático. Sostienen que, si no se toman las medidas apropiadas, muchos sectores recibirán el impacto de las manifestaciones del cambio climático que terminarán por interrumpir servicios».
Por otro lado, en la vista se informó que las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en Puerto Rico exceden el promedio mundial y el promedio de América Latina y el Caribe.
Ante eso, el Ceacc acentuó que Puerto Rico tiene la responsabilidad con la comunidad internacional de lograr la neutralidad de emisiones de carbono, cuyas fuentes principales en la isla son: las plantas generatrices de electricidad, transportación y los vertederos de residuos.
Asimismo, de acuerdo con el Ceacc, gran parte de la población de Puerto Rico desconoce cómo el cambio climático está afectando sus vidas y los riesgos que representa a mediano y largo plazo.
En esa línea, el organismo urgió a continuar informando y educando sobre la situación actual y futura de las consecuencias del cambio climático sobre el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico.
‘’En el interés de propiciar una amplia participación pública, exhortamos a la ciudadanía a revisar el borrador y enviar sus comentarios a partir del 10 de noviembre hasta el 10 de diciembre, y a participar en las vistas que se llevarán a cabo en la UPR Humacao, Pontificia Universidad Católica de Ponce, Pontificia Universidad Católica de Mayagüez y la UPR Carolina’’, dijo Rodríguez Vega.
Se expresa la Junta de Planificación y ASG
En tanto, la Junta de Planificación (JP), representada por Alexandra Rosario, recomendó que se enmiende la Ley 33-2019 a los efectos de que la entidad gubernamental sea incluida como parte del Ceacc con el propósito de unir esfuerzos.
Asimismo, Rosario destacó que reconociendo las consecuencias del cambio climático, «la Junta revisó los mapas de inundación y se aprobaron los Mapas de Niveles de Inundación Base Recomendados, los cuales complementan la información que se tenía anteriormente».
Estos mapas proporcionan información actualizada y detallada sobre los niveles de inundación recomendados para áreas propensas a inundaciones basado en los datos más recientes.
«Luego de los huracanes Irma y María los mapas se han convertido en la herramienta para considerar nuevas construcciones y mejoras sustanciales en áreas de inundación. Además, hemos sostenido comunicación con el Ceacc para implementar planificación costera que se ocupe de la subida del mar y dirigir el nuevo desarrollo a distancia de las costas», abundó Rosario.
Del mismo modo, la Administración de Servicios Generales (ASG), representada por la administradora auxiliar de adquisiciones, Gilda Rivera Colón, dijo que en lo que respecta a las compras de vehículos de motor pertenecientes a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Ley 33-2019 exige que para el 2028 la totalidad de la flota sea de naturaleza híbrida, electricidad, energía solar, hidrógeno y gasolina de forma combinada.
Hasta el 11 de octubre de 2023, la flota registrada en ASG alcanza 9,009 vehículos de motor, siendo el Departamento de Seguridad Pública (DSP), Departamento de Educación (DE) y el DRNA como las agencias que más autos poseen.
Según Rivera Colón, ha sostenido conversaciones con la empresa Tesla con el fin de identificar el inventario de vehículos que puedan ser adquiridos por el Gobierno. «No obstante, es meritorio considerar que el costo por unidad sobrepasa los $50,000 y los modelos pudiesen no ajustarse a las necesidades de las agencias».
De igual forma, ASG levantó bandera en lo que concierne a la flota del DSP, la Policía de Puerto Rico, Cuerpo de Bomberos y Emergencias Médicas debido a sus horarios de trabajo. «Sabido es que los vehículos de estas entidades operan 24 horas, siete días a la semana, por lo que la recarga de un vehículo impediría que se utilice durante un periodo prolongado del día».