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Dos profesoras evaluaron las implicaciones del nuevo caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS, en inglés) relacionado con el aborto, en esta ocasión una impugnación a la píldora abortiva.
La semana pasada trascendió que el alto foro decidirá sobre el acceso a la píldora para abortar, Mifepristona, uno de los dos fármacos utilizados en los abortos farmacológicos en Estados Unidos.
La controversia gira en torno a la aprobación del medicamento por parte de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, en inglés), existente hace décadas. El asunto fue impugnado en los tribunales federales de Texas.
La argumentación oral sería a principios del 2024 y la decisión del Supremo federal se tomará antes del 30 de junio de 2024.
Patricia Otón Olivieri, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sostuvo que lo que resuelva el tribunal pudiera tener un efecto en el acceso a un medicamento aprobado hace más de 20 años.
«Es un medicamento efectivo y hay que ver hasta dónde se va a querer llegar en las restricciones para que las personas decidan sobre sus cuerpos y que afecta a un solo sector de la población, que son las personas gestantes».
— Profa. Patricia Otón Olivieri
Agregó que la decisión también afectaría a la FDA, porque no es tan automático la reacción que pueda tener la agencia federal.
«¿Para qué existe entonces la agencia del Food and Drug Administration, que es la encargada de la evaluación de los efectos, los alcances de medicinas? El asunto de aprobar medicamentos no es tan fácil y sencillo. Es problemático cuando los tribunales tienen que estar resolviendo estos asuntos médicos», comentó.
Otón Olivieri añadió que incluso hay estados que están abasteciéndose del medicamento para tratar de tener abastos suficientes del mismo ante un desenlace adverso en contra de la medicina por parte del Supremo federal.
La también exsecretaria del Tribunal Supremo de Puerto Rico resaltó que el caso es una consecuencia derivada del Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, que puso fin al derecho federal al aborto.
«Nuevamente son restricciones en los cuerpos de las personas gestantes, las mujeres, que no afectan a más nadie en la población. Están buscando otros modos de restringir el aborto. No hay ningún interés en la salud de las vidas y las mujeres», señaló.
De otra parte, Yanira Reyes Gil, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, resaltó inicialmente que el caso fue mal decidido en el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito porque los grupos que lo presentaron el cuestionamiento sobre el fármaco no tienen legitimación activa o standing.
Según la profesora, se trata de médicos que no proveen servicios relacionados con abortos, sino que se trata de una asociación médica que en su mayoría son emergenciólogos y ginecólogos que alegan, bajo una posibilidad minúscula, que si una persona gestante o una mujer tuviera una reacción adversa a ellos, se verán obligados atender a esa persona, independientemente de que ellos no apoyen el aborto.
«No es un problema con el medicamento, es con el aborto. Es un intento adicional de restringir el aborto para impedir [el acceso a] un medicamento usado sin mayores repercusiones para las mujeres desde su aprobación en el 2000, que ha tenido miles de pruebas y estudios sobre esto. Son muy sólidas y demuestran que es un medicamento muy seguro y que el porciento de personas que tiene una reacción adversa es menos del 1%», sostuvo la constitucionalista.
Explicó que estas personas deciden actuar luego de que la FDA flexibilizara las regulaciones de este medicamento para permitir que más personas puedan recetarlo ni requerir visitas médicas para eso. Comentó que en algunos estados de Estados Unidos personas como enfermeras pueden recetar.
Reyes Gil contextualizó que luego de la revocación de Roe v. Wade, y la prohibición en muchos estados del derecho al aborto, las defensoras de este derecho comprendieron que una posibilidad para las personas gestantes en esos estados era obtener medicamentos por correo o en una farmacia, pero los grupos opositores a la píldora desean impedirlo.
Además, indicó que algo importante que se debe mencionar es que la píldora no solo se usa para abortos selectivos, sino mujeres que están pasando por abortos no provocados. Este medicamento puede ayudarles a que se complete el proceso sin los riesgos que representa una intervención quirúrgica.
Cuando se le preguntó si la píldora tenía las horas contadas, dado la trayectoria de la composición del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha emitido numerosas decisiones conservadoras —no solo el aborto sino a favor de las oraciones en las escuelas, de restringir a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) y prohibirle ciertas regulaciones de armas a estados—, Reyes Gil contestó que «es una pregunta difícil de contestar» y explicó que el alto foro se enfrenta en este caso a una coyuntura particular.
¿Una cuestión estatal o federal?
La profesora sostuvo que un elemento curioso de este recurso es que se trata de un intento de que el Supremo de Estados Unidos expida una prohibición a nivel federal relacionada al aborto cuando en Dobbs dijeron que los estados son los que deben tomar la decisión.
«Es un contrasentido. Si Dobbs dijo que el aborto no es algo que se deba atender a nivel federal y que debe ser estatal, van a ser cuidadosos de atender un caso a nivel nacional», dijo Reyes Gil.
De otra parte, está el asunto del standing, explicó la catedrática. Resulta que el alto foro federal ha sido estricto en conceder legitimación activa a asociaciones, como es el grupo que está llevando este caso. Esto podría abrir una puerta hasta ahora cerrada a las asociaciones ambientalistas para reclamar controversias ecológicas, que el Supremo tradicionalmente ha evadido concederles acceso a ese foro.
Finalmente, en este caso hay un grupo de interés muy fuerte que se afecta: las farmacéuticas. «Sustituir el criterio experto de la FDA por el del tribunal es muy peligroso… Eso pone en jaque la industria farmacéutica», expresó Reyes Gil.
«Un golpe al FDA puede tener un impacto grande a la industria farmacéuticas, que es un grupo de interés con mucho poder».
«Es importante que tomemos en cuenta que esto es otra estrategia más de grupos antiderechos para negarles derechos a las mujeres y personas gestantes y que tendría impacto directo en Puerto Rico porque como sabemos las directrices de FDA aplica a Puerto Rico».
«Esto va más allá de un interés médico. Toda la evidencia científica y médica sobre la seguridad de este medicamento contrasta con la especulación de esta asociación, que simplemente está tratando de entrar por la cocina otra prohibición por razones religiosas y morales, no por razones médicas. Y esto es muy peligroso, que quieran sustituir el criterio médico y científico por un criterio político, moral y religioso», sostuvo Reyes Gil.