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Por el Lcdo. Erick Vázquez González
El gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro Pierluisi Urrutia ha impartido una avalancha de vetos a medidas legislativas que fueron aprobadas durante el cierre de los trabajos legislativos de la sesión ordinaria que culminó en noviembre del 2023 y cuyas medidas certificadas fueron enviadas al escritorio del Gobernador al comienzo del 2024.
En total, se trata de 31 medidas vetadas; 16 de ellas originadas en la Cámara y 15 en el Senado, que se suman a los 126 vetos que hasta la fecha ha impartido el Primer Ejecutivo para un total de 157 vetos. En esta avalancha de medidas vetadas, hay iniciativas que incluso fueron aprobadas de manera unánime por los Cuerpos Legislativos. Del mismo modo, hay proyectos que estaban dirigidos a atender temas de transparencia gubernamental, protecciones en el empleo, la industria de seguros, salud, seguridad, entre otros. A continuación algunos de los vetos del Gobernador.
Salud
- Proyecto del Senado 973: Esta medida de la autoría del senador Juan Zaragoza establecía como política pública la retención de médicos especialistas que se encuentren estudiando y ejerciendo sus residencias. Mediante la creación del Fideicomiso, -de acuerdo con la exposición de motivos- se pretendía suplementar el ingreso de los médicos residentes que se encuentren cursando estudios en aquellas especializaciones y subespecializaciones de mayor escasez y necesidad en Puerto Rico. Los estudiantes que decidan acogerse a este programa de becas, tenían que comprometerse a residir y trabajar en Puerto Rico por 3 años. El mínimo de desembolso por beneficiario hubiese sido de $15,000 y el máximo de $25,000. El gobernador veta la medida al sostener que no se asigna una cantidad recurrente y suficiente de dinero para cumplir con su propósito.
Educación
- Proyecto de la Cámara 1842: Este proyecto de la autoría de la representante Deborah Soto Arroyo tenía la intención de establecer dentro de las responsabilidades de la Secretaria de Educación, el establecer un plan para la instalación y mantenimiento de unidades de aire acondicionado en las escuelas del sistema público de enseñanza en un término de 2 años. Al impartir su veto, el primer ejecutivo sostiene que actualmente el Departamento de Educación trabaja distintas iniciativas para mejorar la ventilación y evitar la ola de calor en los salones.
- Proyecto del Senado 1142: Esta pieza legislativa tenía la intención de establecer una Ley para el Desarrollo Integral del estudiantado a través de las Bellas Artes en la educación pública. La medida definía la nueva política pública sobre los cursos de Bellas Artes como un requisito indispensable en todos los grados y niveles de las escuelas del Departamento de Educación. En su veto, el gobernador resalta las iniciativas que por carta circular -no por Ley- se han llevado a cabo en el Departamento de Educación. Esta medida, de la autoría de la senadora Ada García Montes, es la segunda iniciativa para estos propósitos que obtiene un veto del gobernador. La primera fue a través del Proyecto del Senado 704, también de la autoría de la senadora García Montes.
- Proyecto del Senado 1189: Esta medida, también de la autoría de la senadora Ada García Montes, buscaba establecer términos dentro de los cuales el Departamento de Educación tendría que completar procesos de investigación y resolución de querellas administrativas en aras de que estos procesos se atendieran de manera diligente. El gobernador alude en su veto que la medida no es clara al establecer si se trata de querellas que se presenten en la Unidad Secretarial del Departamento o en la Secretaría Asociada de Educación Especial.
- Resolución Conjunta del Senado 44: Esta pieza legislativa de la autoría del Presidente del Senado ordenaba al Departamento de Educación a implementar un currículo sobre concienciación de calentamiento global y cambio climático como materias obligatorias en todos los niveles del sistema público de enseñanza. En su veto, el gobernador sostiene que este asunto ya está legislado con la aprobación de la Ley 33-2019.
Asuntos Laborales
- Proyecto de la Cámara 1270: Esta medida, de la autoría del representante Denis Márquez tenía la intención de crear la Ley para la Prohibición del Discrimen en el Empleo a personas con tatuajes, perforaciones corporales (piercings) o cabello teñido, tanto en el empleo público como privado. Esta es la segunda medida para los mismos fines que veta el gobernador. La primera fue el Proyecto del Senado 286 de la senadora María de Lourdes Santiago.
- Proyecto de la Cámara 1422: Esta pieza, de la autoría del representante José Bernardo Márquez Reyes, tenía como propósito disponer que todo empleador o compañía que emplee por medio de contrato escrito, estuviera obligada a proveer una copia de dicho contrato al empleado; además disponía que los patronos estarían obligados a entregar un talonario de pago con información específica y particular. En su veto, el primer ejecutivo expresa que actualmente los requisitos de forma al contratar protegen los intereses de ambas partes y que no es necesaria la intervención del Gobierno. En relación al talonario, el Gobernador sostuvo que esto es un asunto con el que tienen que cumplir los patronos por disposición de varias leyes y reglamentación del Departamento del Trabajo.
Reforma de Permisos
- Sustitutivo del Senado al PC 626 y otros: Este proyecto sustitutivo recogía cinco medidas legislativas, todas ellas proponían enmiendas al sistema de permisos en Puerto Rico. En su veto, el primer ejecutivo sostiene que aprobar esta medida representaría un retroceso de 13 años y la Oficina de Gerencia de Permisos tendría funciones parecidas a lo que antes se conocía como ARPE. De acuerdo con el Gobernador, esta medida contiene un lenguaje que complica más el proceso de permisos en el País.
Seguridad Pública
- Proyecto de la Cámara 750: Esta medida de la autoría del representante José Memo González, tenía la intención de crear un banco de información confidencial de todos los participantes del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ). Este Programa tiene la encomienda de proveer información a los tribunales al momento de fijar o imponer una fianza y condiciones en los casos criminales. Con las enmiendas propuestas, se hubiese permitido un intercambio de información entre los componentes de seguridad cuando se alega que alguno de los participantes viola las condiciones impuestas por el PSAJ. La medida fue vetada, aun cuando recibió el voto unánime en Cámara y en Senado. En su veto, el Gobernador reconoce que si bien la medida busca proteger a las víctimas de delito, se le darían más funciones al Negociado del 9-1-1 que no están relacionadas con dicho Negociado, que además recibe fondos federales y dentro de los que no se contempla el uso de los mismos para los propósitos de esta medida. Alude el Gobernador que si impartía su firma en esta medida se podía constituir una desviación de fondos federales y acarrear serios señalamientos.
Transparencia Gubernamental
- Proyecto de la Cámara 378: Esta pieza legislativa de la autoría del representante Ramón Luis Cruz Burgos, proponía enmiendas a la Ley de la Oficina de Ética Gubernamental a los fines de que dicha Oficina, hiciera accesible al público los informes financieros de los miembros de la Asamblea Legislativa y de Judicatura. En su veto, el primer ejecutivo sostiene que sobre los informes financieros de la Judicatura actualmente el mismo Poder Judicial ha establecido una normativa sobre el acceso a los mismos que no debe ser trastocada. Alude a otros asuntos además, sobre la técnica legislativa, que lo obligan a vetar el proyecto.
- Proyecto del Senado 686: Esta medida de la autoría del portavoz del Senado, Javier Aponte Dalmau, buscaba prohibir la participación del Ombudsman en actividades político-partidistas. El Ombudsman es el Procurador del Ciudadano, oficina que entre otras cosas lleva a cabo investigaciones de reclamos que hacen los ciudadanos. La principal razón para el veto expreso a esta medida, es que el primer ejecutivo muestra preocupación a que se clasifiquen las consultas de estatus como actividades político partidistas.
- Proyecto del Senado 974: Esta medida de la autoría del senador Juan Zaragoza tenía como propósito disponer que la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF) incurriría en negligencia crasa cuando incumpliera con la política pública establecida y promulgada por la Asamblea Legislativa. A esos efectos, establecía específicamente que sería el director ejecutivo de la AAFAF el que tendría a cargo dicha defensa y que cualquier empleado que realizara una acción u omisión que generara un riesgo sustancial e injustificado en claro menosprecio al cumplimiento de la política pública, sería destituido de su puesto. En su veto el gobernador expresa que no coincide con los propósitos del proyecto y sostiene además que la medida parte de premisas equivocadas y alejadas de la realidad.
- Proyecto del Senado 1118: Esta pieza legislativa de la autoría del senador Javier Aponte Dalmau, establecía penalidades a aquellos miembros de Juntas de Corporaciones Públicas que participaran de una reunión de su Junta y con conocimiento de que la misma no se estaba transmitiendo por internet, aun decidieran participar en ella. Del mismo modo, establecía que las determinaciones que tomaran las distintas Juntas serían nulas si no se transmitían por internet con audio e imagen. La medida tenia la intención de propiciar la transparencia gubernamental y el acceso a la información. No obstante, en su veto el primer ejecutivo alude que la medida está redactada de manera general y no toma en consideración una serie de eventos que pueden causar que una reunión no se transmita.
- Proyecto del Senado 1006: Esta medida realizaba enmienda a la Ley Notarial de Puerto Rico a los fines de facilitar que los ciudadanos pudieran solicitar una certificación acreditativa o negativa de testamento mediante correo electrónico, hasta tanto se permita el acceso a la ciudadanía al Sistema Integrado Notarial, conocido como SIGNO Notarial. El gobernador veta la medida al considerar que actualmente el Poder Judicial está llevando una implementación del sistema SIGNO Notarial de varias fases y considerar que no se debe establecerse un sistema paralelo y alterno que tendría un impacto en el funcionamiento de Oficina de Inspección de Notarías (ODIN).
Seguros
- Proyecto del Senado 376: Esta medida cuya autora es la senadora Migdalia González Arroyo, tenía el objetivo de enmendar el Código de Seguros a los fines de prohibir que una compañía aseguradora requiera a un asegurado o tercero reclamante por un accidente de tránsito el uso de piezas de repuesto en la reparación de un vehículo, a menos que la pieza de respuesta sea de igual clase y calidad que la pieza original. El primer ejecutivo sostiene en su veto -aunque sin entrar en detalles- que la medida conforme está redactada parte de premisas incorrectas que podrían generar controversias y litigios innecesarios.
- Proyecto del Senado 1009: Esta pieza legislativa de la autoría del senador independiente Vargas Vidot, y presentada por Petición, buscaba definir lo que constituye un accidente de tránsito para efectos de la Ley. Con la nueva definición se ampliaba el concepto para incluir a aquellos accidentes que aun cuando el vehículo no esté en movimiento, uno de ellos esté asegurado y cubierto por el seguro de responsabilidad obligatorio. El gobernador sostiene en su veto que si avala la medida con su firma, podría provocarse un aumento en las primas que le cobran a los asegurados.
- Proyecto del Senado 1145: Esta medida pretendía establecer un método alterno para llenar el Formulario de Selección mediante el cual el dueño de un vehículo de motor seleccionara el asegurador de su preferencia. La medida ordenaba al Departamento de Hacienda, PRITS y el DTOP a implementar este formulario de manera digital a través de la aplicación de CESCO. La medida facultaba para aquellos consumidores que no tuvieran el equipo tecnológico o las destrezas necesarias para acceder al Formulario digital, entonces la entidad estaba obligada a proveer el Formulario de forma impresa. El gobernador sostiene que el propósito de esta medida es Ley, por lo que imparte un veto expreso a la medida.
Procesos Administrativos
- Proyecto de la Cámara 7: Esta medida, de la autoría de la delegación del Partido Popular en la Cámara, tenía la intención de establecer términos para que las agencias redactaran y aprobaran las reglas y reglamentos. De acuerdo con la medida, la burocracia gubernamental ocasiona que muchas agencias demoren años en la redacción y aprobación de reglamentos por lo que se requería establecer un periodo de 60 días desde la aprobación de la ley para que la agencia redactara la reglamentación. Entre el recibo de comentarios de la ciudadanía y el proceso ante el Departamento de Estado para la eventual adopción de los reglamentos, se les imponía a las agencias un término máximo de 5 meses. En su veto el gobernador manifiesta que si bien coincide con establecer términos a las agencias para que hagan su trabajo, quien debe supervisar a las mismas es el Ejecutivo y no la Asamblea Legislativa a través de enmiendas a la LPAU.
Contribuciones
- Proyecto del Senado 802: Esta medida de la autoría del senador Juan Zaragoza, establecía la Ley del Presupuesto de Gasto Tributario. Su propósito era poder identificar todos los privilegios e incentivos que se otorgan en Puerto Rico, de modo que pudieran considerarse estos al momento del estudio del presupuesto del País. Una medida exactamente igual a esta había llegado al escritorio del Gobernador previamente y había sido vetada (PS 206). El primer ejecutivo sostiene en su veto que el Informe de Gastro Tributario es un asunto que actualmente realiza el Departamento de Hacienda.
- Proyecto de la Cámara 1665: Esta medida tenía la intención de declarar el tercer miércoles de noviembre como el Día del músico Puertorriqueño. El Gobernador sostiene en su veto que los propósitos de la medida ya están recogidos en la Ley 298-1998 y que declara y conmemora a los músicos en el mes de mayo de cada año.
- Proyecto del Senado 794: Esta pieza legislativa de la autoría de la entonces senadora -ahora representante- Gretchen Hau tenía la intención de enmendar la Ley de las Comunidades Especiales. De acuerdo con la exposición de motivos de la medida, actualmente el Reglamento 6839 de las Comunidades Especiales, establece que si un participante fallece, corresponde realizar una evaluación de los herederos que residan la unidad de vivienda para determinar si estos cumplen o no con los requisitos del programa de Comunidades Especiales. Cónsono con lo anterior, si un heredero no hubiese estado residiendo la propiedad o habiendo residido la misma no cumple con los requisitos del programa, perderían su derecho hereditario. Con la enmienda propuesta, se establecía que el Fideicomiso de Comunidades Especiales al fallecimiento de uno de sus participantes, debía cumplir con las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico en lo relacionado al derecho de sucesiones. En su veto, el primer ejecutivo sostiene que la medida hace alusión a un Reglamento que ya no existe, por lo que se ve forzado a vetar la pieza.
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¡Hasta la próxima!