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Un reciente caso federal ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos plantea la posibilidad de eliminar ciertas restricciones vigentes en relación con las armas de fuego.
El caso Garland v. Cargill, que plantea una asunto fundamental sobre la propiedad de armas automáticas por parte de civiles, fue anunciado hace algunos meses como uno de los certioraris que el Tribunal Supremo federal abordará en el presente término.
Sobre el caso
La pregunta es: ¿Los dispositivos llamados ‘bump stock’ son ‘machine guns’?
El debate se centra enla legalidad de los dispositivos conocidos como ‘bump stocks’, los cuales permiten a un arma semiautomática disparar de manera similar a una automática.
La controversia surge luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito, que cubre el estado de Texas, expresó que era ilegal una interpretación en contra de esos equipos emitida por la agencia federal para el control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés).
Según el abogado Carlos Chévere, en concordancia con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, se espera que dicho tribunal emita una opinión desfavorable hacia la ATF y su actual regulación de armas.
En sus explicaciones, indicó que la ATF ejerció su capacidad administrativa al interpretar estatutos y prohibir los ‘bump stocks’.
Sin embargo, señaló que la tendencia actual en la composición del Tribunal Supremo apunta a disminuir la influencia y poder de las agencias gubernamentales.
«Bajo ley federal están prohibidos lo que se llama en buen inglés los ‘machine guns’ o las pistolas automáticas, que disparan más de una bala cuando aprietas el gatillo».
Recordó que después de una masacre reportada en Las Vegas, la administración de Donald Trump implementó una regulación que prohibía los ‘bump stocks’ en 2018, en respuesta este trágico evento en el cual se utilizaron estos dispositivos.
Conforme al certiorari presentado por la administración del actual presidente de los Estados Unidos Joe Biden, el tribunal de apelaciones dictaminó que la definición del estatuto, aprobada por el Congreso, excluye los ‘bump stocks’. Sin embargo, la Casa Blanca refuta esta interpretación del tribunal federal de apelaciones.
Chévere señaló que la intervención del Tribunal Supremo federal se debe en parte a las decisiones contradictorias de los tribunales de apelación. Mientras que el tribunal de Washington DC respaldó la acción de la ATF, los tribunales de quinto y sexto circuito declararon que la actuación de la agencia federal era ilícita.
Cuando se le preguntó si esto es coherente con la reciente decisión del alto foro federal de reducir los poderes de la Administración de Protección Ambiental (EPA), Chévere comentó que en este término, que concluye en junio próximo, hay varios casos en los que se espera que las resoluciones vayan en contra de las agencias y de su poder regulatorio.
«Lo que está diciendo el Supremo en varias decisiones es que si quieren incluir ese tipo de regulación, debe ser el Congreso el que regule eso (y no las agencias), y yo entiendo que el Supremo va a revocar esta apelación siguiendo el patrón de lo que han hecho con otras acciones administrativas, y va a resolver , que sea el Congreso el que prohíba los ‘bump stocks’«, sostuvo el letrado.
Además del aspecto administrativo, Chévere agregó que otro factor que podría llevar al Tribunal Supremo a emitir una opinión a favor de los acusados y respaldar estos dispositivos que modifican armas de fuego es la aplicación del principio penal de favorabilidad. Según esta doctrina, explicó, cuando existe ambigüedad en una ley, se presume que en un caso penal el fallo debe ser a favor del acusado.
En este caso, la alegación sostiene en parte que la ley no deja claro que los ‘bump stocks’ sean considerados ‘machine guns’. Por lo tanto, al aplicar el principio de favorabilidad, se presume que la decisión debería favorecer a los acusados en lugar del estado.
El Supremo federal celebrará una vista oral sobre este caso el próximo miércoles, 28 de febrero. Como norma general, cuando el Supremo celebra una vista en un término, emite una opinión en el caso antes de que acabe ese periodo, que culmina el 30 de junio.
El abogado dijo que una decisión en contra de la ATF del Supremo federal pudiera ser usada por abogados en casos penales para apelar decisiones si es que sus clientes se han visto afectados por casos relacionados al uso de estos equipos para alterar las armas que usan en sus crímenes.
Efecto local
Sin embargo, vaticinó que la decisión tendrá más consecuencias en Estados Unidos que en Puerto Rico.
Subrayó que en Puerto Rico existe una interpretación distinta de la Ley de Armas y que, en un reciente caso del Tribunal Supremo local, al emplear los criterios actuales del caso Bruen sobre regulaciones de armas, se determinó que las regulaciones de armas en Puerto Rico son constitucionales, respaldándose en la historia y tradición de la Isla.
