La última oportunidad judicial de la Reforma Laboral del gobernador Pedro Pierluisi, según trascendió, será mañana viernes, 22 de marzo, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, quienes estarán considerando el caso.
Declaran nula la Ley 41, mejor conocida como la nueva “Reforma Laboral”
Según el portal del alto foro judicial estadounidense, el pasado 6 de marzo se anunció que el caso de Pedro Pierluisi, Governor of Puerto Rico, et al., Petitioners v. Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico para Puerto Rico, sería distribuido para conferencia entre los jueces el viernes, 22 de marzo.
En este caso, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, en inglés) logró la anulación de la Reforma Laboral de Pierluisi, la cual tenía como objetivo restituir y ampliar los derechos laborales aplicables a la empresa privada.
La ley enmendó varios artículos de la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral, Ley Núm. 4 de 2017, y otras leyes laborales. Uno de los dos puntos clave es precisamente que la ley se refiere al sector privado y no necesariamente a los ingresos y gastos del gobierno.
La administración Pierluisi argumenta en su solicitud de «certiorari» que la Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act (PROMESA) requiere proporcionar ciertos estimados cuando una ley podría afectar los ingresos y gastos del gobierno. Sin embargo, en este caso se refiere a «efectos secundarios especulativos» en el mercado laboral privado.
El otro cuestionamiento ante el Tribunal Supremo federal es si el Primer Circuito cometió un error al aplicar cierta doctrina del Código de Quiebras de Estados Unidos en este caso, una acción que el gobierno de Pierluisi considera un error por parte del tribunal de apelaciones.
Después de este procedimiento es cuando generalmente el Tribunal Supremo federal anuncia si otorga el «certiorari», convirtiéndose así en uno de los pocos casos que atiende en pleno el alto foro anualmente, o si procede como sucede con la gran mayoría de las solicitudes presentadas ante el alto foro, que es declarar inadmisible la petición de «certiorari», confirmando así la decisión del Tribunal de Apelaciones.
En este caso, Boston confirmó en agosto a la jueza Laura Taylor Swain, quien en su momento resolvió que la administración Pierluisi al aprobar la Reforma Laboral incumplió con los parámetros de ley federal PROMESA y podía arriesgar el cumplimiento del Plan Fiscal.
La decisión de Boston, de acuerdo a la administración Pierluisi, es un error en varios aspectos.
«Si se permite que se mantenga, la decisión del Primer Circuito creará una división en el circuito respecto a la jurisdicción quiebra y frustró el intento del Congreso de preservar ciertos poderes a los funcionarios electos puertorriqueños, a pesar del estatus colonial de Puerto Rico, quien estará considerando la alegación del gobierno de que se debe mantener el estatuto que impacta a obreros del sector privado», planteó la administración Pierluisi a través de sus abogados.