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Gestionan fuentes alternas de presupuesto para el Contralor Electoral

Se afirma que el presupuesto de la agencia se ha ido reduciendo paulatinamente a través de los últimos años de $4.9 millones a $2.2 millones.

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El Senado en su sesión del pasado martes, 2 de abril, aprobó un proyecto de ley que propone enmiendas adicionales a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico con el propósito de proveer una fuente alterna de recursos a la Oficina del Contralor Electoral.

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El Proyecto del Senado 1174, de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad y el senador Albert Torres Berríos, propone a su vez, que a todos los cargos, derechos o pagos recibidos por la Oficina del Contralor Electoral como parte de su presupuesto, se deposite también en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral el cincuenta (50%) por ciento de todas las multas administrativas que se generen en el cumplimiento de sus funciones.

Accede a la medida aquí

Según surge de la exposición de motivos, la «Ley Orgánica de la Oficina del Contralor Electoral» establece que tanto el Gobernador de Puerto Rico como la Asamblea Legislativa tienen el deber de tomar las medidas necesarias para dotar a dicha entidad con los fondos necesarios para operar de forma óptima.

Sin embargo, la medida afirma y hace referencia a información publicada en medios noticiosos donde se señala que el presupuesto de la agencia se ha ido reduciendo paulatinamente a través de los últimos años de $4.9 millones a $2.2 millones.

Asimismo, destaca que la Oficina tiene solo 15 auditores de los 27 con que contaba hace unos años, y señala que el Contralor Electoral ha reclamado más personal y recursos ante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (FOMB, por sus siglas en ingles), pero que los mismos han sido infructuosos.

Destaca, además, que como ente independiente, la Oficina del Contralor Electoral se supone cuente con autonomía estructural, operacional y legal, y viene obligada a actualizar los límites máximos de donativos individuales y de comités de acción política, restringiendo al Fondo Electoral para gastos administrativos institucionales.

La pieza legislativa que pasa ahora a la consideración de la Cámara, contó con 20 votos a favor y ninguno en contra al momento de su aprobación, mientras que 6 senadores solicitaron abstenerse de la misma.