Con el propósito de uniformar y coordinar de manera rápida, efectiva y segura las órdenes de protección, incluyendo diligenciamientos y notificación a las partes peticionadas en todas las regiones judiciales y policiacas el gobernador, Pedro R. Pierluisi, esta semana anunció la firma de dos acuerdos colaborativos entre el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y el Poder Judicial.
También, sobre el intercambio de información pertinente que propenda a garantizar la seguridad de partes peticionarias y de los funcionarios implicados en el proceso.
Los acuerdos anunciados, junto a la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez; el secretario del DSP, Alexis Torres Ríos y el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, entran en vigor de manera inmediata.
Ambos acuerdos son parte del plan de trabajo dispuesto desde que el gobernador emitió un Estado de Emergencia en el 2021 y posteriormente se creó el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP), el cual forma parte de un proyecto colaborativo entre la Ramas Ejecutiva y Judicial. Este Acuerdo, contempla las normas de privacidad de las personas sobrevivientes.
Por su parte, la jueza presidenta Oronoz Rodríguez comentó que «reconozco la premura y la importancia de atender cabalmente estos males sociales para que las víctimas que dan el paso para romper con los ciclos de la violencia encuentren en nuestras instituciones garantías y protección concreta. Este acuerdo que firmamos hoy es el reflejo del compromiso que tenemos con el acceso pleno a una justicia precisa y sensible en Puerto Rico. Queda mucho camino por recorrer, y mucho que evolucionar como sociedad, pero estoy confiada en que mientras unamos esfuerzos, lograremos servir mejor al país».
Resumen del acuerdo de intercambio de información
Como parte del acuerdo, el Poder Judicial compartirá con el COPOP la información de la parte peticionada que tenga disponible para contribuir al diligenciamiento de las órdenes de protección exparte y finales, las resoluciones de denegatoria y archivo de órdenes de protección para encauzar su diligenciamiento de forma segura para la parte peticionaria y los funcionarios implicados.
También, se facilitará el desarrollo e implementación de una interfaz entre el Sistema de Órdenes de Protección Automatizadas (OPA) del Poder Judicial y el COPOP del NPPR para facilitar el envío de datos relacionados con las órdenes emitidas al amparo de la Ley 54 de 1989.
La Rama Judicial también hará gestiones para llevar a cabo el diligenciamiento de órdenes de protección cuando la parte peticionada se encuentra fuera de Puerto Rico.
A su vez, registrará, a través de sus alguaciles, el diligenciamiento de las órdenes de protección que le corresponda diligenciar en la plataforma del COPOP Móvil o en cualquiera otra que esté disponible.
El COPOP Móvil es una herramienta tecnológica en vigor que permite, a los agentes del NPPR, de las policías municipales y funcionarios autorizados, ver de manera remota y electrónica datos importantes de la parte peticionada como, por ejemplo, historial y tenencia de armas de fuego, convicciones, fotos oficiales del Gobierno, dirección residencial, copia de la orden de protección, entre otros documentos.
El COPOP Móvil también permite registrar, desde el campo de operación, y en tiempo real, toda gestión de diligenciamiento, incluyendo el lugar de geolocalización de la orden de protección.
A su vez, el NPPR diligenciará las órdenes de protección emitidas para proteger a menores de edad, personas adultas mayores o a víctimas de acecho-en virtud de la legislación aplicable- cuando se dicten en la misma vista en la que se expidió.
Además, podrá contar con la colaboración de la policía municipal en los municipios con los que se establezcan Acuerdos y planes de trabajo.
Acuerdo de Interconexión
Otro Acuerdo que fue firmado por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el DSP y el NPPR fue el Acuerdo de Interconexión entre el sistema OPA de la Rama Judicial y el COPOP Web.
De esta forma, se establecerá una interfaz, o mecanismo equivalente, que permitirá el intercambio diario de datos bajo estrictos parámetros de integridad, disponibilidad y confidencialidad, que provea una garantía de seguridad para las partes peticionarias como para los agentes del orden público que efectúan los diligenciamientos.
La información compartida incluirá datos tales como la fecha de emisión de la orden de protección, fecha de expiración de la orden de protección, dirección física de la parte peticionada para el diligenciamiento de la orden de protección y datos disponibles sobre documento de identificación emitido por una entidad gubernamental.
De igual forma, nombres y apellidos de la parte peticionada y de la parte peticionaria, según aplique, y región judicial que expida la orden de protección. La capacidad para el acceso o la transmisión de estos datos serán esenciales para la aceptación del entregable.
A principios del 2021, el gobernador Pierluisi, firmó la Orden Ejecutiva 2021-013, y que ha sido extendida hasta el 31 de diciembre de este año, para declarar un Estado de Emergencia.
Desde entonces, mediante lo que fue el Comité de Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), se han implementado diversas iniciativas como la anunciada hoy por el seguimiento de trabajo coordinado por la oficial de cumplimiento, Ileana Espada.