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Por Héctor M. Méndez Vázquez, Oficial de Colecciones
Se trata del Proyecto del Senado 1237, que propone una nueva política pública sobre esta problemática y establece la estructura operacional del observatorio.
La pieza legislativa cuenta con la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, de las senadoras por el Partido Popular Democrático (PPD), Marially González Huertas, Ada García Montes, de los senadores también del PPD Ramón Ruiz Nieves, Rubén Soto Rivera y el presidente del cuerpo legislativo, José L. Dalmau Santiago, así como del senador independiente, José A. Vargas Vidot.
Se afirma que las dificultades para obtener información sobre la trata humana en Puerto Rico, así como la carencia de estadísticas oficiales recopiladas de una manera organizada y coherente por las agencias gubernamentales, se traduce en una falta de política pública multiagencial que coloca al gobierno en desventaja para emprender la lucha contra la trata humana.
Según trascendió de uno de los informes rendido por la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, titulado «Trata Humana: El segundo crimen más lucrativo del mundo», el Departamento de Estado federal reporta que anualmente, de 600,000 a 800,000 personas son traficadas en las fronteras internacionales para fines de trata y explotación.
Mediante esta legislación se establece el andamiaje gubernamental necesario para la recopilación de información que permita conocer con mayor exactitud,la realidad particular de Puerto Rico en torno al crimen de la trata humana de manera tal que esta información ayude a articular una política pública ejecutable y efectiva para atender este problema.
Según el proyecto de ley, el Observatorio de Trata Humana sería responsable de recopilar las estadísticas e información generada por diversos componentes de seguridad. Además, deberá fomentar la toma de decisiones de manera informada permitiendo el diseño de políticas públicas basadas en evidencia sobre la condición real de los factores de riesgo que facilitan estos crímenes en el país.
A su vez, se crea también el cargo de Director del Observatorio de Trata Humana en Puerto Rico y se le confieren los poderes necesarios para coordinar con distintas agencias y departamentos gubernamentales la implantación de la política pública sobre este asunto, teniendo como principal propósito la coordinación e integración de servicios interagenciales y privados relacionados a este tema.
Además, deberá también coordinar el desarrollo de un Plan Estratégico que será sometido a la Asamblea Legislativa para ser evaluado e integrado a la política pública del país para la educación, prevención, detección y erradicación de la trata humana en Puerto Rico.
El proyecto de ley fue aprobado con un 2do informe positivo de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia y pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes para evaluación.