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La controversia atendida la semana pasada en una vista en el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre un estatuto en contra de las personas sin hogar podría tener un terrible desenlace, según una activista a favor de esta comunidad.
En la vista se discutió una ordenanza en la ciudad de Grants Pass, estado de Oregon, donde han criminalizado el vivir en la calle.
Una primera infracción implica una multa de $290, la segunda si eres reincidente es una multa de $1,000 con 30 días de cárcel y convicción de delito.
«Yo vi a Ketanji Brown Jackson y (Sonia) Sotomayor indignadas con que prevalezca Grant Pass pero escuche al juez (Brett) Kavannaugh decir que cual era el remedio», dijo Belinda Hill, fundadora y directora ejecutiva de Solo Por Hoy, que busca proveer servicios a personas sin hogar.
Por disposición federal, una persona con antecedentes penales no puede acceder a un apartamento de vivienda pública, por lo que se agrava el problema, agregó.
«Que te arropes para protegerte del frío, arroparse con una frisa se convierte en un delito», sostuvo Hill sobre el estatuto de Oregon.
Para la activista una decisión adversa a esta comunidad, como la que se espera, podría afectar directamente a muchas personas mas allá de Oregon.
Ella entiende que otros alcaldes y gobernadores podrían copiar la ley actualmente en controversia e implantarla en sus jurisdicciones.
La también presidenta del continuo de cuidado PR502, un colectivo que usa fondos federales para atender a esta población, sostuvo que se estima que en Estados Unidos esa comunidad de personas sin hogar se estima en cerca de 300,000.
En el caso de Puerto Rico, hay unas 5,000 personas que pueden estar viviendo actualmente en la calle, pero que quizá haya decenas de miles adicionales que se encuentran en una posición económica tan frágil que se encuentren a punto de perder su hogar.
Recordó que en el archipiélago por más de 30 años cerca del 40% de la población vive por debajo de la mediana de pobreza federal.
Segun Hill, para Puerto Rico sería devastador que municipios boricuas, como ocurrió en la ciudad de Grant Pass en Oregon, decidieron convertir en delito el dormir en espacios públicos.
La validación de esa ordenanza municipal está ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos y este verano debe haber una decisión final, que sería un precedente para la política sobre las personas sin hogar en todo el país.
«Si estamos diciendo que no tienes donde pernoctar y van a convertir la inhabilidad de comprar o alquilar una casa en un crimen, estás haciendo más difícil que una persona pueda ser ubicada en una vivienda, ya que una persona con historial delictivo no es elegible a vivienda pública, a menos que hayan pasado varios años de la sentencia. Esto tendría consecuencias devastadoras para las personas sin hogar», afirmó Hill.
Una decisión del Supremo federal en este caso se espera antes de julio.
Explicó que en usualmente las personas que viven en la calle residen en áreas metropolitanas, porque es donde se puede realizar más el acto de mendigar y donde hay más servicios para esa comunidad. También en Puerto Rico se ve mucho cerca de las salidas de las cárceles, como en Ponce, Arecibo y en menor escala Bayamón.
Sostuvo que en Estados Unidos el problema de las personas que viven sin hogar, incluso estableciendo campamentos, ha aumentado en tiempos recientes, por lo que el caso de Oregon ha llevado a expresiones, aunque algunas ambiguas, mediante recursos de amigos de la corte como la del gobernador de California, Gavin Newsom.
En el caso de Puerto Rico esto se ve poco, pero ocurre en lugares como escuelas abandonadas y debajo de puentes como el del expreso de Trujillo Alto.
Expresó que la situación ha empeorado recientemente porque personas que antes tenían apartamentos para alquilar porque era dinero seguir porque el pago estaba asegurado por fondos federales prefieren cambiar el modo de alquilar sus casas para lucrarse del mercado de alquiler a corto plazo.
«El «hoarding de los AirBnb» ha dejado sin hogar a la clase media y media baja», afirmó.
Indicó que han visto situaciones que no ocurrían antes, como que cada dos a tres semanas la llaman de algún tribunal para decirle que acuda a auxiliar a una persona que acaba de ser desahuciada.
