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Por Héctor M. Méndez Vázquez, Oficial de Colecciones
Se trata del Proyecto del Senado 1373, el cual busca tipificar como delito la posesión o transportación de partes de alguna arma de fuego.
Dicho proyecto intenta subsanar una laguna jurídica creada por la derogación de la Ley de Armas anterior (Ley 404-2000), que le impide a los funcionarios de ley y orden poder procesar a las personas que posean armas de fuego desmanteladas.
Puedes aquí acceder al proyecto
A la audiencia pública acudieron el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), quienes, aunque coincidieron en que dicha medida refleja una buena intención, no mostraron posturas concurrentes sobre el aval al proyecto de ley.
Durante la vista pública, la subsecretaria del DSP, la licenciada Melissa Rodriguez Ruth, indicó que en dicha agencia están a favor de la enmienda propuesta, ya que la misma tendrá el efecto de expresamente tipificar como delito grave el poseer o transportar un arma de fuego o parte de esta, según definido en la ley de armas vigente, en casos de no tener la licencia, lo que ayudará a reforzar la gestión del Negociado de la Policía de Puerto Rico en su lucha contra la posesión ilegal de armas.
De igual forma, el licenciado Miguel Candelario Piñeiro, director legal del DSP, expresó que la medida viene a llenar esa laguna jurídica que existe en el texto vigente de la ley, y no incide sobre los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos a poseer armas de fuego, y aclaró que no se está prohibiendo el poseer armas de fuego, ni el poder adquirir partes de armas de fuego, sino que se estaría regulando la adquisición de las mismas.
Agregó además, que el DSP coincidió con el Departamento de Justicia, quienes tampoco observaron impedimento legal para que se apruebe dicho proyecto senatorial, al estos sugirir distintas enmiendas para lograr una mayor especificidad en el texto de dicha pieza legislativa.
Similarmente, la Asociación de Armeros de Puerto Rico condicionó su apoyo al proyecto de ley, a que se enmiende el texto para no penalizar a las personas que posean un arma de fuego sin intención criminal, y demuestren que sostienen una relación matrimonial con el titular del mismo. De esta manera, entienden que el proyecto sería cónsono con las opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, por lo que no se opondrían a su aprobación.
Por otro lado, CODEPOLA, que funge como una corporación de asistencia legal en defensa de poseedores de licencias de armas en Puerto Rico, rechazó el proyecto por tratarse de uno «inconstitucional», con un texto «vago» y que «no va a controlar la criminalidad».
Su presidente, Ariel Torres Meléndez, sostuvo que dicho proyecto intenta equiparar una pieza o accesorio con un arma de fuego, lo que a su juicio, podría incluso afectar a los agentes del orden público en caso de ocupar algún objeto que aparente ser un accesorio de un arma, llegándose a la conclusión de que ese objeto pertene o le perteneció a un arma de fuego.
«Esa inferencia conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico es inconstitucional, porque revierte el peso de la prueba al acusado, quien tendría que probar que ese objeto no es una pieza de un arma de fuego que él posee o poseyó de forma ilegal y mucho menos la posee con la intención de intercambiarla o crear con ella un arma. Véase Pueblo vs. Sánchez Molina, 133 DPR 577 (1993); y Pueblo vs. Vicmanuel Colón González, 2022 TSPR 83«, afirmó Torres Meléndez en su memorial explicativo, quien agregó además, que actualmente se venden abridores de botellas con la forma de balas de calibre 50, que bajo esta medida, podrían ser evaluados por los agentes de la Policía como casquillos de balas ilegales.
Por su parte, el profesor José Pereda Maduro declaró que esta propuesta legislativa se convierte en un trasmallo con el cual pagarán todos justos y pecadores, ya que no resuelve el problema de las armas ilegales y tampoco reducirá la criminalidad en Puerto Rico, motivo por el cual se oponen enfáticamente a que dicho proyecto sea aprobado.
No obstante, los miembros de CODEPOLA se comprometieron a trabajar un nuevo proyecto de ley que esté atemperado a las preocupaciones discutidas en dicha audiencia pública, antes del cierre de la sesión legislativa que culmina el día 30 de junio de 2024.
Al finalizar la vista, el representante y a su vez, presidente de la Comisión, Luis «Narmito» Ortiz Lugo, indicó no tener problemas pues según expresó «es algo que tenemos que hacer, no nos podemos quedar con los brazos cruzados».