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El Senado de Puerto Rico tiene ante su consideración una pieza legislativa que propone enmendar la Ley para establecer la Jornada de Trabajo, con el fin de establecer una jornada laboral de 4 días sin reducción de salario.
El Proyecto del Senado 308, presentado por los senadores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de L. Santiago Negrón y Adrián González Costa, dispone que la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno implemente un plan piloto en agencias públicas y recopile datos sobre sus resultados.
Puedes leer aquí el Proyecto del Senado 308
Según la exposición de motivos, diversas jurisdicciones han adoptado la jornada laboral de cuatro días con el propósito de mejorar la calidad de vida de los empleados, brindando más tiempo para el ocio y el descanso, reduciendo costos, optimizando la calidad de los servicios y aumentando la productividad. Además, la medida señala que esta reducción de jornada también tendría beneficios ambientales y cita estudios que vinculan menores horas de trabajo con una mayor productividad en los países que las aplican.
Se destaca que distintas jurisdicciones de Estados Unidos, y países como Islandia, España, Alemania, Australia, Escocia, Finlandia, Países Bajos, y el Reino Unido también están experimentando con estas jornadas reducidas, manteniendo los mismos salarios, y adoptando modelos donde se trabaja un 80% de las horas y se mantiene el 100% de la productividad. En el caso de Reino Unido, actualmente sobre 70 compañías experimentan con la disminución de jornada a 4 días, y en España se implementó un plan piloto mediante el cual el Estado aporta un estipendio por empleado(a) a pequeñas y medianas empresas que pongan en marcha la jornada reducida.
Asimismo, la medida subraya que en Puerto Rico existe una gran necesidad de cuidado para personas mayores, niños y personas con diversidad funcional. En este contexto, la reducción de la jornada laboral podría contribuir a que familiares cercanos puedan suplir la falta de estructuras públicas suficientes para atender a esta población, cuya demanda de cuidado es urgente.
El proyecto de ley establece que, a los 90 días de aprobación, se consultará a las agencias gubernamentales para determinar su participación en el plan piloto, que tendrá una duración de 12 meses, con opción a extensión, y se deberán elaborar informes detallados sobre la efectividad del plan, la satisfacción de los empleados y los gastos de las agencias.
La medida ha sido referida a la Comisión de Trabajo y Relaciones Laborales del Senado para su evaluación.
