- El Poder Judicial asumirá controversias de condominios a partir del 29 de octubre de 2026 bajo la Ley 157, con salas especializadas en 13 regiones.
- Se identificarán cerca de 30 jueces, generalmente un juez superior y uno municipal por región; adiestramiento obligatorio para jueces de lo civil.
- Las partes tendrán 30 días para decidir transferir casos; algunos procesos deben concluir en DACO si ya tienen fecha de juicio administrativo.
El Poder Judicial ya está identificando a cerca de 30 jueces que, desde finales del mes próximo, comenzarán a atender salas especializadas en controversias de condominios que antes eran de la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Se trata de una nueva responsabilidad delegada al Poder Judicial mediante la Ley 157 de 2026, que entrará en vigor 90 días después de haberse convertido en ley, o sea, el próximo 29 de octubre, según el Poder Judicial.
La jueza Maritere Colón Domínguez, directora administrativa auxiliar de los Tribunales, dijo que todos los jueces que atienden casos civiles ya han comenzado a ser adiestrados para ver estos casos de las nuevas “Salas Especializadas de Adjudicación de Controversias de Condominios”, que operarán en cada región judicial. Se designará a un juez superior y uno municipal en cada una de las 13 regiones judiciales, así que serán 26, pero la jueza dijo que, dependiendo del volumen de casos, se podría ordenar que en alguna región haya jueces adicionales.
“Ya tenemos todas las fechas de adiestramientos. Ya se dio un adiestramiento y luego hay cuatro más hasta el 21 de octubre. El plan del Poder Judicial es adiestrar a todos los jueces de lo civil, independiente de que vayan o no a presidir esa sala, pero se va a dar un adiestramiento en particular para los que presidan esas salas”, afirmó.
Los jueces serán seleccionados por los jueces administradores de cada región, dijo Colón Domínguez en entrevista con Microjuris.
Similar a como se hacía para atender los casos relacionados con los huracanes Irma y María, los jueces en esas salas especializadas para asuntos de condominios también atenderán otros asuntos.
En la actualidad, ya había casos de condominios que eran atendidos en los tribunales, aclaró la directora administrativa auxiliar de los Tribunales, y lo que hace la nueva ley es asignarle al Poder Judicial las controversias de titulares contra la junta de directores o titulares, o el administrador de un condominio, que antes eran atendidas por DACO.
En la actualidad, hay unos 620 casos de esta naturaleza sobre condominios, de los cuales 475 se concentran en 14 pueblos de la región de San Juan de DACO, pero que se distribuyen en el Poder Judicial entre las regiones judiciales de San Juan, Bayamón, Carolina y hasta Fajardo.
Es incierto en este momento si el flujo de casos por estas controversias aumentará cuando sean atendidos por un tribunal en vez de una agencia, dijo Colón Domínguez.
En la actualidad, estos casos de controversias de titulares de condominios contra los miembros de la junta se siguen atendiendo en DACO. Una vez llegue el 29 de octubre, la Ley 157 provee para que, en 30 días, las partes decidan si transfieren esos casos a un tribunal o si desean terminarlos en DACO, explicó la directora administrativa auxiliar de los Tribunales.
Pero esa transferencia, en algunos casos, puede no ser posible: “El caso no puede estar listo para ser adjudicado (en DACO), si ya está listo para ser adjudicado y tiene fecha señalada para juicio (administrativo) se debe completar el trámite ante DACO”, señaló la jueza Colón Domínguez.
La persona que desee transferir el caso también debe transferir todo el caso administrativo al tribunal, añadió la funcionaria, y se debe preparar un tipo de nueva demanda en la que exponga ante el tribunal las alegaciones que dieron paso inicialmente al trámite administrativo.
Otro paso que está tomando el Poder Judicial ante la llegada de estas nuevas controversias es adiestrar al personal de las oficinas Pro Se para asistir a ciudadanos que quieran presentar su reclamación en el tribunal por derecho propio, indicó la directora administrativa auxiliar de los Tribunales.
En este momento no se prevé un mayor impacto fiscal para el Poder Judicial por las nuevas funciones delegadas, se indicó.
