- La Junta rechazó la propuesta de eliminar temporalmente el IVU a alimentos preparados, calificándola como práctica que llevó a Puerto Rico a la bancarrota.
- No presentó fuente de financiamiento para la pérdida estimada de $56.8 millones; se divulgó fuera del proceso presupuestario y sin discusión previa.
- Se incumplieron salvaguardas fiscales acordadas tras un alivio de $554 millones; la Junta exige reforma contributiva y señala deterioro fiscal persistente.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera rechazó la propuesta de la administración de la gobernadora Jenniffer González para eliminar temporalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso a alimentos preparados, catalogando la medida como el tipo de iniciativas que llevó a Puerto Rico a la quiebra económica.
En una misiva firmada por su director ejecutivo, Robert F. Mujica Jr., se detalla que la propuesta de la gobernadora fue divulgada al público dos días después de que personal de la Junta y de la gobernadora se reunieran y este tema no fuera planteado. También se indica que la iniciativa no contiene una fuente de recursos para sustituir la pérdida de ingresos al fisco que representa la idea de la gobernadora, estimada por el Departamento de Hacienda en $56.8 millones.
Además, dijo la Junta de Supervisión, es la segunda vez, solo en el 2026, que se propone un alivio contributivo fuera del proceso presupuestario y sin analizar el impacto en el plan fiscal que se encuentra en vigor, lo que es parte de una práctica censurada por el ente fiscal en la misiva.
«La práctica de anunciar ayuda y gastar primero, identificando el financiamiento después, sin un plan financiero equilibrado a cinco años, es la práctica que llevó a Puerto Rico no a la prosperidad, sino a la bancarrota», indicó la Junta de Supervisión.
De igual forma, la Junta recordó que ya este año el gobierno sometió a la Junta otro alivio que sí fue aprobado por la Junta, a cambio de unos compromisos fiscales que nunca se concretaron. Detallaron que en mayo pasado la Junta aprobó un alivio contributivo de $554 millones propuesto por la gobernadora, que incluía un compromiso del gobierno de establecer «salvaguardas fiscales permanentes», como un fondo de estabilización presupuestario, un fondo de capital y un plan financiero a cinco años que fuera «transparente y creíble». Sin embargo, esas «salvaguardas fiscales» no se han aprobado.
La ausencia de estas «salvaguardas fiscales» representa que «Puerto Rico no ha institucionalizado los cambios necesarios para evitar las prácticas que lo llevaron a su crisis fiscal», de acuerdo con la Junta de Supervisión.
Asimismo, la Junta de Supervisión detalla que el cuadro fiscal del país no ha mejorado: el gobierno lleva cuatro años de recaudos contributivos bajos, la economía está lenta y no hay los ingresos del pasado en el gobierno, pero se reproducen propuestas sin fuentes recurrentes, como subir en $230 millones las pensiones, múltiples convenios colectivos con el gobierno sin fuentes para financiar beneficios adicionales que se acercan a los $100 millones, insuficiencia en el presupuesto del Departamento de Educación, entre otros.
Asimismo, se pide el inicio de una «discusión seria» encaminada a una reforma contributiva.
La propuesta de la gobernadora de Puerto Rico se anunció el pasado 23 de octubre. La idea es que se establezca una exención temporal del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida entre noviembre y diciembre, como una medida a corto plazo para aliviar el bolsillo de las familias ante los altos costos de la energía asociados al precio del petróleo.
La idea de suspender el IVU por dos meses respondía, en parte, a los aumentos en el costo de la energía. Al respecto, la Junta de Supervisión afirmó que el costo energético bajará cuando se estabilicen los precios del petróleo y se tomen medidas de infraestructura para abaratar la electricidad, como la conversión de plantas para utilizar gas natural y el impulso de proyectos de energía renovable «estancados en planificación hace años».
«Sé lo que significa recibir una factura de luz cada vez más alta. Sé lo que representa para nuestros adultos mayores, nuestros trabajadores, las madres y padres de familia y nuestros pequeños y medianos comerciantes. Detrás de cada aumento hay una familia que tiene que ajustar su presupuesto. Hay un comerciante que lucha por mantener su negocio abierto. Hay personas que tienen que escoger entre atender sus necesidades esenciales y pagar una factura que parece no tener límite», expresó González Colón.
