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El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la eliminación de antecedentes penales no impide al Negociado de la Policía considerar convicciones previas al evaluar solicitudes de licencia para portar armas de fuego, al amparo de su deber de velar por la seguridad pública.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en un caso sobre seguros, falló 5 a 4 a favor de una aseguradora. El tribunal validó notificaciones directas a reclamantes por parte de un liquidador. Las disidencias expresaron preocupaciones sobre la aplicación de notificaciones adecuadas y el debido proceso, especialmente en el contexto del huracán María.
El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la multa de $20,000 impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental a Elí Díaz Atienza, argumentando falta de evidencia suficiente sobre la violación ética. El fallo consideró que el beneficiado era otro servidor público, no una persona privada, lo que contradice las acusaciones de la OEG.
La fianza de no residente dispuesta en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil es incompatible con el procedimiento sumario laboral.
En votación dividida, el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que un abogado no admitido localmente no incurrió en conducta antiética al colaborar extrajudicialmente en litigios, sin requerir admisión por cortesía.
Tres jueces denunciaron que la orden, emitida bajo la Ley 54 contra una menor de 16 años, tuvo efectos punitivos excesivos y debió ser revisada por el alto foro.