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A los fines de asegurar el pago de las sentencias, el Código Anticorrupción establece que el Estado podrá solicitar al tribunal cualquier orden provisional que sea necesaria.
Además de este proyecto, el gobernador firmó y vetó otras medidas.
El juez federal Francisco Besosa describe la Ley 9 como una reliquia del pasado, que ya un estudio de 1993 indicaba que se había costado más de $100 millones en fondos del pueblo en demandas por discrimen político para esa época.
