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La Gobernadora de Puerto Rico firmó la Ley Núm. 155-2026, que impone obligatoriamente la pena de restitución por enriquecimiento ilícito cuando se use información pública para beneficios personales. Esta ley enmienda el Código Penal, estableciendo penas fijas y eliminando la discreción judicial en casos específicos, garantizando compensación a las víctimas.
Fernando Torres Ramírez explicó que estas instrucciones orientan al jurado sobre el derecho aplicable, la evaluación de la prueba y el proceso deliberativo, y advirtió que no deben impartirse como un mero trámite.
El Tribunal Supremo declaró nula una resolución del Negociado de Transporte sobre tarifas de acarreo de agua potable al concluir que la agencia incumplió con la ley y su reglamento al relevar al concesionario del peso de la prueba requerido para justificar el aumento tarifario.
El Supremo pautó que el certiorari interlocutorio es incompatible con el desahucio sumario y ordenó vista en 10 días.
El Lcdo. Ramón G. Vela Córdova analiza, en su columna de opinión, la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre derechos de autor, propia imagen y propiedad intelectual en el litigio relacionado con el uso de la frase “Bad Bunny baby”.
El Lcdo. Norberto Muñiz Muñiz analiza el alcance de López Torres v. Hogar Sanación, LLC, decisión en la que el Tribunal Supremo resolvió que las determinaciones interlocutorias en procedimientos de desahucio sumario no son revisables mediante certiorari, reafirmando la naturaleza expedita del procedimiento y abriendo una discusión sobre sus límites frente a la tutela judicial efectiva.