Enmienda al Código Penal para imponer restitución obligatoria en casos de enriquecimiento ilícito
Proyecto de ley propone endurecer sanciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos
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Asamblea Legislativa aprueba múltiples medidas al cierre de la sesión legislativa
La recién concluida sesión legislativa dejó una serie de proyectos aprobados en áreas como salud, desarrollo económico, energía, educación, procedimiento civil, relaciones laborales, municipios y seguridad pública. La mayoría de las medidas deberá completar el trámite correspondiente antes de ser enviada a la consideración de la gobernadora.
Adoptan nuevo mecanismo de las Reglas de Procedimiento Civil para asuntos administrativos
El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que las determinaciones administrativas parciales pueden ser objeto de revisión judicial y adoptó la aplicación de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil en el ámbito administrativo, permitiendo la revisión de adjudicaciones finales respecto a una parte sin esperar la resolución total del caso ante la agencia.
Directriz del Tribunal Supremo a los fiscales respecto al pliego acusatorio
El Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que el Ministerio Público debe incluir expresamente en el pliego acusatorio los hechos que justifican la duplicidad de la pena bajo el Art. 7.03 de la Ley de Armas, pues su omisión impide imponer el aumento punitivo por razones constitucionales de debido proceso y notificación adecuada.
Segundo llamado del Supremo en dos meses a que los tribunales inferiores acaten las decisiones de foros superiores
El Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que los tribunales inferiores están obligados a cumplir los mandatos de los foros revisores y revocó una determinación que se apartó de instrucciones previas del Tribunal de Apelaciones en un litigio laboral sobre honorarios de abogado.
Ganar en DACO y no cobrar: la herramienta reglamentaria que la agencia no utiliza
El Lcdo. Rafael Mojica López analiza la brecha entre las resoluciones favorables emitidas por DACO y la dificultad que enfrentan los consumidores para cobrar los remedios adjudicados, particularmente ante la falta de uso de mecanismos reglamentarios para incentivar el cumplimiento.