Por Anthony O. Maceira,
Estudiante y Presidente de la Organización
de Asuntos Legislativos y Política Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Llevamos meses sufriendo de una sequía severa que ha sido catalogada por el Monitor de Sequía de los Estados Unidos como extrema en 20 de los 78 municipios de la Isla. Todos sabemos como el racionamiento, ahora con periodos de hasta 72 horas sin servicio de agua potable, nos complica la vida aún cuando tengamos cisterna, ya que el uso que le podemos dar es muy limitado.
A mayor escala, el efecto neto es que el racionamiento le cuesta a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) entre 12 a 14 millones de dólares mensuales, los cuales se cubren con fondos operacionales de la corporación pública que ya antes de esto no estaba tan saludable fiscalmente. Por otro lado, tenemos niños asistiendo a las escuelas solo 4 días a la semana en un horario de 8:15 a.m. a 1:15 p.m. Lo único positivo de esta crisis es que por fin prestamos atención a un problema que cada día se hace más relevante y aguda: la escasez de agua potable. En la cotidianeidad, estamos tan ocupados estudiando, trabajando y, en el caso de los 142,000 desempleados que hay en la Isla, en la búsqueda de como traer comida a la mesa, que damos por sentado uno los recursos más valiosos pero limitado que tenemos: EL AGUA.
Hace apenas unos meses virtualmente nadie hablaba de la necesidad de reformar nuestro sistema de agua potable y el que lo hiciera se le llamaba “ambientalista” (de manera despectiva). Además, se le decía que había problemas más apremiantes que atender. Ahora, que «se nos pusieron los huevos a peseta» estamos todos preocupados por la insuficiencia de agua y han surgido «expertos» por doquier que tienen la solución en la mano. Basta con abrir cualquier red social para notar propuestas que van desde sembrar nubes hasta la más común de todas, construir una planta de desalinización. Esta última parecía una solución lógica, después de todo, estamos rodeados de agua salada, ¿no?
En las pasadas semanas me he dedicado a investigar sobre el tema y para mi sorpresa construir una planta de desalinización no es una solución tan lógica como muchos podríamos pensar. Sin justificar la acostumbrada ineficiencia de la AAA, recomiendo tomar como punto de partida el comunicado compartido en su página de Internet para conocer las razones por las cuales alegan no es viable la construcción de la planta. Asimismo fue descartado por el planificador Carlos Maysonet. Las razones son sencillas. En primer lugar se encuentra el costo económico. La construcción y operación de una planta de esta naturaleza conllevaría una inversión billonaria en la cual sencillamente no podemos incurrir. Mucho menos bajo las condiciones que se nos financiaría el proyecto, luego del primer impago de obligaciones de Puerto Rico. El ejemplo que nos brinda la AAA es la planta de desalinización que recientemente se terminó de construir en California a un costo de $1 billón y filtra 50 millones de galones diarios para suplirse a 300,000 californianos. La AAA compara esto con el “Superacueducto” proyecto desarrollado por la administración del gobernador Pedro Rosselló en la década de los noventa, que costó menos de la mitad ($450 millones) con una capacidad de filtración de más de 100 millones de galones diarios. A esto se le suma el alto costo energético que conllevaría.
Aún cuando utópicamente se deje a un lado el asunto de los costos, existen otras consideraciones por las cuales construir una planta de desalinización no resulta tan lógico. Por ejemplo, el costo ecológico. La desalinización comienza con el desprendimiento de materia suspendida y luego entra en un proceso en el cual se remueven microorganismos sólidos y bacterias del agua. Luego se disuelve la sal, la cual retorna al mar en una porción del agua que se bombeó inicialmente. El restante se termina de filtrar convirtiéndose en potable que todos podemos disfrutar. Se devolvería menos agua al mar pero con mayor concentración de los microorganismos que la hacen salada. Esto naturalmente provoca un cambio en los niveles químicos del agua forzando un cambio en el ecosistema cuyo alcance es actualmente desconocido. Según un estudio publicado en el 2013 por la Universidad de California en Davis, «The high salt concentrations reduce oxygen levels in the water causing the plants and wildlife in the area to suffer«. Por lo tanto, habría que establecer mecanismos de mitigar la alta concentración de sal en el agua que se devuelva al mar.
La construcción de una planta de desalinización no necesariamente es una opción que debamos descartar de plano, principalmente a largo plazo. No obstante, tampoco podemos exigir que se tomen medidas improvisadas para resolver un problema y que a la larga el remedio sea peor que la enfermedad, ya sea porque no era lo correcto o lo terminamos haciendo mal.
Exhorto a tener cuidado con las comparativas que se hacen. Puerto Rico es muy distinto a jurisdicciones que durante años han utilizado plantas de desalinización como las Islas Vírgenes o Arabia Saudita. Las primeras producen prácticamente el 100% de su agua potable mediante proceso de desalinización. La razón viene siendo que son espacios geográficos tan pequeños que no tienen manera de construir represas lo suficientemente grandes para almacenar el agua que necesitan. Tampoco cuentan con los ríos y cuerpos de agua dulce que tenemos en Puerto Rico. En el caso del segundo son países secos que no reciben lluvia suficiente para satisfacer la demanda de agua potable. Tengamos cuidado al comparar “chinas con botellas”.
Debido a lo antepuesto, en cuanto al tema de una planta de desalinización propongo que la legislatura apruebe una resolución de investigación. Esto con el propósito de estudiar exhaustivamente la conveniencia, necesidad y viabilidad de construir la primera planta de desalinización en Puerto Rico. Las Comisiones con jurisdicción para realizar esta investigación vendrían siendo la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes y la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado de Puerto Rico.
Por lo pronto, independientemente de lo que se decida hacer respecto a la construcción de una planta de desalinización, es necesario evaluar otras alternativas y tomar acción.
Lo primero que debe hacer la Asamblea Legislativa es atender la Resolución del Senado 1202, “Para ordenar a la Comisión de Asuntos Energéticos y Recursos de Agua del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación sobre los motivos por los cuales la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados paralizó el proyecto del dragado y mantenimiento continuo y permanente del Lago Carraízo” y la la Resolución Conjunta del Senado 590, la cual persigue ordenar a la AAA y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas a evaluar la necesidad y conveniencia de someter el Proyecto del Embalse Valenciano, al modelo de Alianza Público Privada, según las disposiciones de la Ley Núm. 29-2009. Cabe señalar que ambas son iniciativas del portavoz de la minoría en el Senado, Larry Seilhamer Rodríguez.
Entre las otras alternativas que debemos auscultar se encuentra el requerir que todo nuevo desarrollo ya sea residencial, comercial o público, cuente con un sistema de recogido y utilización de agua de lluvia para fines no potables (en el foro legislativo de estudiantes 2015, el estudiante de derecho Carlos J. Rom-Lidin propuso legislar para que toda construcción residencial contara con un sistema algo similar). De esta manera disminuimos el consumo de agua potable para fines como limpieza, riego de plantas y tirar la cadena en el baño tal como se hace en Alemania (Berlín), Bangladesh, Brasil, China, Estados Unidos (Hawai), Indonesia, Japón, Singapur, Tailandia y varios países africanos, entre otros. El incluir este sistema en todo nuevo desarrollo no conllevaría un impacto económico significativo pues al ser requisito el propio mercado de competencia, mantendría control sobre los precios.
Asimismo Puerto Rico, debe unirse al grupo de jurisdicciones de los Estados Unidos que han establecido o se encuentran evaluando requisitos de estándares de eficiencia de agua (“Water Efficiency Standards”). La manera de lograr establecer estos estándares ha variado de estado en estado y nos tocará a nosotros determinar el modo más efectivo de implantarlos en nuestra jurisdicción. A modo de ejemplo, en California se aprobó la orden ejecutiva B-29-15 la cual ordena a su Comisión de Energía (“California Energy Commission”) a aprobar los estándares de instrumentos de agua, tales como inodoros, duchas, plumas, etc., y crear un programa temporero de reembolso para la compra de estos aparatos. Por otro lado, en Georgia se enmendó el código de construcción para exigir la instalación de instrumentos de plomería de alta eficiencia en toda renovación o construcción nueva. Aquí encontrarán una tabla que contiene las tarifas máximas de flujo permitidas para estados con estándares de eficiencia.
Concluyo invitando a que le brindemos a este problema la importancia que merece. Sin agua no tendremos nada. El gobierno no puede permanecer inerte pero tampoco improvisar en un asunto tan transcendental. Por eso corresponde presentar legislación a los efectos aquí esbozados y que el proceso legislativo cumpla su propósito de depurar, finiquitar los detalles y decidir finalmente. Al mismo tiempo deben estudiarse otras opciones como sería el reciclaje de agua tratada y la otorgación de becas u otros incentivos para estudiantes que deseen perseguir una carrera o desarrollar proyectos relacionados a conservación de agua. Todo lo anterior debe ir ligado a una campaña educativa agresiva y continúa de concienciación sobre el uso de agua potable, que se extienda aún luego de acabar la sequía. El problema de escasez de agua potable no es un asunto exclusivo del gobierno. Nos toca a todos mantener un uso adecuado de este recurso natural único. El agua resulta esencial para todos los seres vivos. Lo aquí propuesto no acabará con la presente sequía pero, a la larga, nos ayudará a prevenir situaciones similares. Solo mediante la conservación y uso eficiente, lograremos mantener un desarrollo sostenible, proteger nuestras vidas y el ecosistema e inclusive seguirnos desarrollando económica y socialmente.