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El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó la multa de $20,000 impuesta por la Oficina de Ética Gubernamental a Elí Díaz Atienza, argumentando falta de evidencia suficiente sobre la violación ética. El fallo consideró que el beneficiado era otro servidor público, no una persona privada, lo que contradice las acusaciones de la OEG.
Advierten que la decisión podría validar notificaciones defectuosas de la AAA y afectar a personas vulnerables que intentan revisar facturas excesivas.
Proponen una delegación expresa de esta función en el Código Municipal.
Además, informó sobre el establecimiento un centro de acopio al lado sur del Capitolio.
El propósito es atender la ocupación indebida de terrenos en esa Reserva Natural, que salió a relucir en días recientes.
Por aquellas deudas contraídas desde la declaración de emergencia por COVID-19.