- Reconocer riesgos reales: contaminación del jurado, presión mediática, impacto en testigos y afectación de garantías del debido proceso.
- La transmisión judicial es una tendencia consolidada impulsada por redes sociales y tecnologías, no una medida temporal.
- El debate ha identificado problemas pero avanza poco en soluciones; no basta la regulación, requiere iniciativa profesional.
- La competencia comunicativa del abogado es ahora un imperativo ético; capacitarse para manejar la exposición mediática es esencial.
Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del(a) autor(a) y no reflejan las opiniones y creencias de Microjuris o sus afiliados.
Por el Lcdo. Javier F. Ramos Rodríguez
Las preocupaciones expresadas por el Lcdo. Donald Milán Guindín, en su columna “De lo que no estamos hablando sobre la transmisión de los procesos judiciales”, son legítimas y necesarias. Los riesgos que señala —contaminación del jurado, presión mediática sobre jueces, impacto en testigos y posible distorsión del proceso— no pueden minimizarse. Se trata de consideraciones reales que inciden sobre garantías fundamentales del debido proceso.
Sin embargo, limitar la discusión a esos riesgos presenta una visión incompleta del fenómeno. La transmisión de los procesos judiciales no es una tendencia pasajera, sino una realidad consolidada que responde a cambios estructurales en la forma en que la sociedad consume información y participa en los asuntos públicos. Lo que comenzó como un programa experimental se ha normalizado, y todo apunta a que esta exposición mediática continuará intensificándose, especialmente con el avance de las redes sociales y las nuevas tecnologías.
Ante ese escenario, la pregunta no debe ser únicamente si debemos restringir o permitir las transmisiones, sino si la profesión jurídica está preparada para ejercer en este nuevo entorno. El carácter público de los procesos judiciales siempre ha existido, pero hoy ese carácter se manifiesta de forma distinta: los casos no solo se informan, sino que se interpretan y se discuten en tiempo real en el espacio de la opinión pública. Este foro paralelo, aunque no sustituye al tribunal de justicia, sí influye en percepciones, reputaciones y en el contexto en que se desarrollan los litigios.
El debate actual ha sido efectivo en identificar los problemas, pero ha avanzado menos en proponer soluciones. Es ahí donde la conversación debe evolucionar. La respuesta no puede descansar exclusivamente en medidas regulatorias —como el Proyecto de la Cámara 1211— ni en intentos de limitar el flujo de información en un entorno digital cada vez más descentralizado. La solución, en gran medida, recae en el propio abogado, independientemente de la mesa en que se siente.
El abogado contemporáneo no actúa únicamente dentro de la sala del tribunal. Su desempeño se extiende al espacio mediático, donde cada expresión, reacción o silencio puede incidir en la percepción del caso y en la reputación de su representado. En ese contexto, la comunicación deja de ser un elemento accesorio y se convierte en una dimensión esencial del ejercicio profesional.
Esto plantea una realidad ineludible: la preparación comunicativa del abogado ya no es opcional, sino que comienza a configurarse como un imperativo ético. El deber de competencia profesional no puede limitarse al dominio del derecho sustantivo y procesal si la exposición mediática puede afectar directamente los intereses del cliente. No prepararse para manejar esa realidad no es neutral; es una vulnerabilidad.
La profesión jurídica se encuentra, por tanto, en un proceso de transición. Las preocupaciones sobre la transmisión de los procesos judiciales deben continuar siendo parte del debate, pero no pueden ser el punto final de la conversación. Si no comenzamos a desarrollar las destrezas necesarias para enfrentar esta realidad, el problema no será la transmisión, sino nuestra incapacidad para manejarla.
Porque, en última instancia, el reto no es si los procesos se transmiten, sino si estamos preparados para comunicar en un entorno donde, cada vez más, abogar también implica comunicar.
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