- Junta supervisará el reglamento operativo de la Ley 102, pero aún no ha recibido la propuesta del Gobierno para su revisión.
- La Política de la Junta exige revisión y aprobación para garantizar compatibilidad con el plan fiscal aprobado.
- Reglamento 9746 de reconocimiento universal entró en vigor el 27 de marzo según Microjuris.
- Las realtors pidieron suspender la Ley 102 por desregular la profesión y afectar consumidores y reclutamiento local.
- La Ley 102 busca promover desarrollo económico, reconocer licencias y mitigar escasez de profesionales vinculándolo a la migración.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera informó que se apresta a examinar el reglamento que hace operacional la Ley de Reconocimiento Universal de Licencias Ocupacionales y Licencias Profesionales de Puerto Rico, la Ley 102 de 2025, pero aún no ha recibido del Gobierno la regulación propuesta.
“La normativa propuesta está sujeta a la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión, de conformidad con la Política de revisión de normas, reglamentos y órdenes ejecutivas de la Junta de Supervisión, establecida en virtud del artículo 204(b)(4) de la Ley PROMESA (la «Política»). La Política exige que la Junta de Supervisión revise y apruebe determinadas normas, reglamentos y órdenes que vayan a emitir los organismos y entidades gubernamentales para garantizar que ‘no sean incompatibles con el plan fiscal aprobado’”, reza la carta de la Junta.
En respuesta a una carta cursada el mes pasado por Michelle Maloy, presidenta del Comité Legislativo del Concilio de Mujeres Corredoras de Bienes Raíces —realtors, como se les conoce en inglés— de Puerto Rico, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert F. Mujica Jr., expresó por escrito que está a la espera de que el Gobierno le envíe el reglamento aprobado para esta ley, para evaluarlo.
El Reglamento 9746 de reconocimiento universal de licencias entró en vigor el pasado 27 de marzo, según copia del documento disponible en Microjuris.
“En este momento, la Junta de Supervisión no ha recibido del Gobierno la regulación que proponen para que la Junta la revise”, lee la carta firmada por Mujica.
La Junta de Supervisión tiene poder bajo la ley federal PROMESA para aprobar o desautorizar leyes y reglamentos si entiende que no son cónsonos con los planes fiscales, como parte de la misión del estatuto federal de enderezar las finanzas del Gobierno de Puerto Rico.
La carta de las realtors pide que la Junta de Supervisión ponga un detente a la Ley 102 hasta que su oficio sea excluido del alcance del estatuto. Afirman que la ley menoscaba la ley vigente para su profesión porque promueve desregular esta profesión, lo que afectará el bienestar del consumidor y el reclutamiento de profesionales locales.
La Ley 102, de la administración de la gobernadora Jenniffer González, y su impacto en la profesión de las realtors ha sido objeto de debate reciente durante las vistas para enmendar la Ley 10 de 1994, que regula esta profesión.
En su exposición de motivos, la Ley 102 dice que es necesaria para promover el desarrollo económico y que legislación similar ha sido aprobada en 20 estados. Aseguran también que ayudaría a atender problemas como la escasez de médicos en Puerto Rico y ata el tema a la migración.
“Entre los años 2011 y 2020, unas 550,421 personas migraron a los Estados Unidos por, entre otras cosas, falta de oportunidades, además de la crisis económica por la que atraviesa la Isla. Los diez (10) estados con mayor migración entrante de puertorriqueños entre los años 2011 y 2019 fueron Florida, Texas, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Washington, Tennessee, Georgia y Nevada”, lee la exposición de motivos de la ley, que describe a esas jurisdicciones como “entre las más libres económicamente”.
La misiva de la Junta de Supervisión concluyó agradeciendo a las realtors por su interés en la recuperación económica de la Isla.
