- Audiencia pública para proponer enmiendas a la Ley Núm. 10 que regula la industria de bienes raíces en Puerto Rico.
- Preocupación por la Ley 102 de 2025 que exonera requisitos de educación y seguros, posiblemente permitiendo la práctica sin preparación adecuada.
- Demandas de mayor fiscalización contra corredores sin licencia y de aclarar jurisdicción del DACO y la Junta para atender reclamos.
- Propuestas para fortalecer adiestramiento, incorporar firma digital, revisar periódicamente la ley y completar anteproyecto entre agosto y septiembre.
Decenas de corredores de bienes raíces y personas asociadas a esta industria participaron ayer de la primera vista pública para discutir enmiendas a la «Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico», estatuto que regula este sector económico.
Entre los participantes congregados en el anfiteatro Haydée Fuxench de San Miguel, en el cuarto piso de la sede del Departamento de Estado, hubo diversas expresiones que reflejaron interés en reforzar el estatuto, ante una convocatoria de la Junta de Corredores, Vendedores y Empresas de Bienes Raíces.
«Queremos una industria sólida», dijo el realtor Joel Carrión.
Uno de los asuntos planteados en varias ponencias fue el efecto que, según los deponentes, tendría en detrimento de la industria la Ley 102 de 2025. Según explicaron, esta abre el sector a personas que, como expresó Carmen Mójica, «la ley exime no solo de educación, sino de tener seguros».
Entre los temas traídos a la vista por los participantes, que se extendió por varias horas, se destacó la necesidad de mayor fiscalización contra las personas que ejercen como corredores de bienes raíces sin licencia.
El corredor de bienes raíces Ricardo Antonio Martínez sostuvo que, en la actualidad, la Junta y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) suelen no tener jurisdicción en algunos reclamos, por lo que entiende que ese aspecto debe enmendarse en la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994.
«Que realmente fiscalicen a la industria», añadió. «¿Qué pasa con todos estos gurús nuevos de bienes raíces que proponen millones? Es una estafa».
Otra corredora, Michelle Maloy, cuestionó por qué el DACO no estuvo presente en la audiencia.
La mujer también exhortó a una participación activa en este proceso. «Guardar silencio no fortalece la credibilidad, la debilita», dijo.
Asimismo, en las enmiendas propuestas por otros deponentes se planteó reforzar los adiestramientos, evaluar mecanismos para revisar periódicamente la ley, incorporar cambios tecnológicos como la firma digital y hasta cambiarle el nombre al estatuto para que abarque a una mayor cantidad de personas vinculadas a este sector.
De igual forma, instada por el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, miembro del comité de enmiendas, la actual secretaria auxiliar de juntas del Departamento de Estado, Alondra Negrón, exhortó a los presentes a participar del proceso público para enmendar la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU). El plazo final para proponer enmiendas vence el próximo miércoles.
Unas 24 personas tenían turnos asignados en esta vista para deponer. Otras personas podrían someter sus ponencias por escrito, indicó el presidente del comité de enmiendas, Federico Turbi. Una segunda jornada de vistas públicas está pautada para el 22 de mayo en Ponce.
En un aparte con Microjuris, Miguel Mercado Ruiz, presidente de la Junta, explicó que las enmiendas son necesarias porque el estatuto actual tiene 32 años, por lo que urge actualizarlo.
Mercado explicó que esta es la segunda fase del proceso. La primera consistió en el envío de formularios para recoger propuestas. También podría celebrarse una tercera vista pública si se determina que existe la necesidad, dijo Mercado.
«Queremos que esto sea un proceso justo y limpio. Que no digan que la Junta ya tenía algo hecho», indicó.
«Este es un momento muy importante para nuestra industria», añadió Mercado.
La expectativa de la Junta es que entre agosto y septiembre puedan tener un anteproyecto de ley con las enmiendas propuestas, concluyó.
