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Aval a nueva ley que regularía venta de fuegos artificiales

Aval a nueva ley que regularía venta de fuegos artificialesUna empresa estadounidense que se dedica a la manufactura y venta de pirotecnia favoreció hoy la aprobación de un proyecto que establecería una nueva ley para regular la venta, uso y seguridad de fuegos artificiales en Puerto Rico.

En audiencia de la Comisión de Asuntos del Consumidor de la Cámara de Representantes, el director de Ventas y Operaciones de Phantom Fireworks en los Estados Unidos, Daniel Perck, dijo que el P. de la C. 3737, es una pieza integral que considera factores importantes, con el fin de asegurar que la industria esté responsablemente regulada; y que la seguridad y bienestar de los ciudadanos estén protegidos.

De hecho, el ponente agregó que la legislación propuesta cumple con las penas y multas severas para sancionar a quienes incumplan con sus disposiciones.

«Brinda al Departamento de Hacienda y a la Policía el poder y la facultad de incautación y decomiso de cualquier mercancía, materiales, vehículos o bienes utilizados para la importación ilegal y venta de productos pirotécnicos», manifestó Perck.

El ejecutivo destacó que la iniciativa incluye elementos esenciales como lo son la protección de la vida y seguridad, licencias y registros, impuestos, campañas de orientación y aplicación de la ley.

«Se ha presentado un proyecto que regula responsablemente la industria de fuegos artificiales. Además, establece que ningún menor 18 años podrá comprar productos de fuegos artificiales. Esta medida es responsable y permite un mayor control en la venta de estos productos», dijo el representante de la compañía con sede en Ohio.

Entretanto, el asesor legal de Phantom Fireworks, Lcdo. Ricardo Soto, reveló que casi la mitad de los $15 millones que se venden en fuegos artificiales que se usan en Puerto Rico provienen del mercado negro.

El letrado opinó que reglamentando la venta y el uso de los productos legales de fuegos artificiales aprobados para el consumo que se venden en Puerto Rico, y estos estar sujetos a un impuesto sobre ventas y uso del 7%, aumentarán dramáticamente los recaudos del Departamento de Hacienda.

Soto dijo además, que la reglamentación de la industria mediante el establecimiento de derechos de licencia y los requisitos de inscripción y registro aumentará los recaudos del Departamento de Hacienda y le ofrecerá a la Uniformada los recursos necesarios para velar por el cumplimiento de la nueva ley.

De igual modo, los portavoces de la empresa apoyaron que el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), alerte a los consumidores en torno al uso responsable de los fuegos artificiales.

«Es esencial una campaña que alerte a los consumidores a comparar productos solamente en aquellas tiendas que tengan una certificación válida, ya que estos productos serán los únicos con una certificación de prueba», comentaron.

Por su parte, Perck recomendó que se modifiquen las licencias a ser provistas a base de la operación del negocio: manufacturero o distribuidor, establecimiento permanente; o establecimiento temporero o de mercancía mixta.

El proyecto de la autoría de los representantes Eric Correa, Ángel «Gary» Rodríguez, Carlos «Johnny» Méndez y José «Nuno» López, deroga la «Ley de Pirotecnia de Puerto Rico» y establece un estatuto con disposiciones para la venta de fuegos artificiales, el uso y manejo de los mismos para mayor protección y seguridad, las licencias requeridas y las penalidades que se impondrán a los que incumplan con la ley.

De paso, el proyecto establece que será DACO, la entidad responsable de velar por que los establecimientos que obtengan una licencia del Estado para la venta de fuegos artificiales en Puerto Rico cumplan con las disposiciones de esta ley.

Se dispone también, que todos los productos de fuegos artificiales importados y vendidos en Puerto Rico deberán ser sometidos a prueba por un participante independiente, según las reglamentaciones federales.

Por su parte, la Policía exigirá el cumplimiento de pago de una licencia anual, proveyendo para diferentes tipos de licencias, según el modelo de negocio de cada empresa.

Finalmente, dispone multas que fluctúan entre los $1,000 a $2,500

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