Ley de Puerto Rico

Exención total para fideicomisos que inviertan en economía de Puerto Rico

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Enmienda la Ley de Compañías de Inversión. Modifica las disposiciones relacionadas a requisitos, derechos de inscripción e informes de compañías de inversión, entre otras. Prohíbe la compra de acciones o fusión entre compañías de inversión inscritas bajo la Ley de 1954 y los fideicomisos de inversión exenta bajo la Ley Núm. 93-2013. Dispone que los fideicomisos de inversión exenta disfrutarán de una exención contributiva total si tributan como corporación doméstica, e inviertan posterior a 31 de julio de 2013, en actividades elegibles que fomenten la actividad económica en Puerto Rico. Dispone que los fideicomisos podrán invertir en cooperativas, y se incluye la rehabilitación de propiedades en desuso como actividad elegible.

Luego de la aprobación de la Ley 93-2013, resulta conveniente realizarle varias enmiendas técnicas para asegurar su contenido. Estas enmiendas tienen el propósito de fortalecer su potencial de crear empleos y proteger nuestro sistema financiero.

Las enmiendas especifican el proceso de inscripción y realizan aclaraciones. Se aumenta el grado de transparencia, al exigir la publicación de todos los informes por parte de las compañías de inversión. Fortalece las disposiciones sobre transacciones entre compañías relacionadas a fondos mutuos, particularmente en lo que respecta al asesoramiento a emisores de valores. Especifica que los fideicomisos exentos podrán invertir en cooperativas. Se añaden disposiciones sobre la ética de las personas relacionados a la compañía de inversión y la independencia de sus directores. Aclara las disposiciones contributivas sobre las compañías de inversión. Las compañías elegibles deberán invertir en actividad económica posterior al 31 de julio de 2013, y su tasa contributiva se reduce de 7% a 0%. Se incluye la rehabilitación de propiedades en desuso como la actividad económica elegible. Así reactivamos la economía a la vez que protegemos la estructura de fondos mutuos existentes y la estabilidad de sus organismos directivos en el proceso de cumplir con las disposiciones de la Ley 93-2013. Se exige la creación de juntas de directores verdaderamente independientes, asegurando un mayor grado de transparencia.

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