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Colegio de Abogados exige rigor y sensatez en investigación de jueces

CAPR“Cualquier investigación que se lleve a cabo entorno a nuestros jueces debe estar regida por el más escrupuloso rigor, pero, al mismo tiempo, por la sensatez, de modo tal que no incidan sobre las indagaciones en torno a este asunto otros asuntos o intereses que no sean el de dar al pueblo confianza en su sistema de justicia”.

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Así lo reclamó la Lcda. Ana Irma Rivera Lassén, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), al plantear que “es imprescindible atajar la creciente impresión de la ciudadanía de que no puede quejarse de actuaciones de integrantes de la judicatura o que sus quejas tardarán mucho en verse o no serán investigadas a profundidad. Igualmente, es importante atajar y oír con atención cualquier impresión de que existe corrupción generalizada entre los y las integrantes del sistema judicial. La mejor manera es, en primer lugar, enfrentar las quejas e, incluso, los rumores y, en segundo lugar, tener mecanismos transparentes para investigar la veracidad de manera rigurosa y sensata”.

En relación a las investigaciones federales, Rivera Lassén fue enfática al señalar que “las mismas también tienen que ser transparentes y, sobre todo, respetuosas y dejar establecido si se refieren a una o más personas y si están focalizadas en una región judicial; ello para no crear más desasosiego y para mantener la calma y la confianza en el sistema judicial”.

“Los eventos recientes del arresto que culminaron en el arresto del juez Manuel Acevedo Hernández han creado un ambiente de especulación, rumores y dudas que ha lastimado la imagen y la confianza en el sistema judicial y en los jueces y las juezas que lo componen. Es a esos y esas integrantes de la judicatura, que en su mayoría son abogados y abogadas que se rigen verticalmente por los cánones de ética y tienen un gran sentido de responsabilidad con la justicia y con el país, a los que más les conviene que cualquier investigación se haga de manera transparente y lo más rápida posible, pero a la vez rigurosa”.

La presidenta del CAAPR recalcó, además, que “nuestra institución fue, por años, un importante cedazo en la evaluación de los candidatos y candidatas a jueces. Al derogar la colegiación compulsoria, esa fue una de las funciones y responsabilidades cruciales de las cuales se privó al Colegio. La manera en que se nombran los jueces y juezas puede y deber ser objeto de evaluación también y nuestra institución en el pasado igualmente ha hecho aportaciones a esa discusión. Nos reafirmamos en nuestra función y nuestra disposición de aportar en todo lo relacionado con la evaluación y procesos de nombramientos a la judicatura”.

Rivera Lassén recordó que “cuando surgió toda la situación relativa al juez Manuel Acevedo Hernández, comunicamos públicamente que ´una golondrina no hacía verano´ y defendimos a los y las integrantes de la judicatura que se mantienen incólumes en su trabajo. Igualmente, desde el primer momento hemos llamado la atención a que la OAT debe investigar las quejas de la ciudadanía de manera más ágil. Luego de conocer la información ofrecida por la OAT, debemos reafirmarnos en dos puntos; en primer lugar, en nuestra defensa de esos jueces y juezas que sostienen sobre sus hombros el sistema de justicia de una manera digna, que ejercen sus funciones y labores con independencia judicial y criterio propio, así como a los y las fiscales y a todos los abogados y abogadas de defensa que llevan acabo su labor de forma honorable, respetando los preceptos estatutarios y constitucionales y con observancia de los cánones de ética que rigen a todos y todas”.

En segundo lugar, agregó la presidenta de los togados, “la situación ahora descrita amerita un acercamiento riguroso y exhortamos a que las investigaciones que la OAT esté llevando a cabo las haga con precisión, celeridad y diligencia. La necesidad de reclutar abogados y abogadas de probada calidad y reputación es imperativa para evitar situaciones como las que se están discutiendo. Además, aseguró Rivera Lassén, que “una revisión sistemática y formal de los procedimientos evaluativos es impostergable ya que, aparentemente, lo vigente no ha sido del todo efectivo”.

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