Multa, cárcel y suspensión de licencia por causar daños permanentes o muerte a peatones o ciclistas

Hit and RunDescargar documento: Enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito.

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Dispone que el conductor que por imprudencia o negligencia cause daño permanente o lesiones mutilantes a un peatón o ciclista y se dé a la fuga, será multado por $5,000 e incurrirá en delito menos grave con pena fija de tres años de reclusión, o delito grave con pena fija de ocho años de reclusión en caso de muerte, y la suspensión de la licencia de conducir por un término no menor de cinco años, y dispone que en caso de una segunda convicción impone las penas de $10,000 de multa, 10 años de cárcel y la revocación permanente de la licencia de conducir.

Uno de los deberes principales del Estado es brindarle seguridad al ciudadano. Entre esa seguridad, se encuentra la que debe brindársele a todo aquel que transite por las vías públicas de Puerto Rico. A través de los años, se han tomado medidas cumpliendo con dicha exigencia ciudadana de seguridad en nuestras carreteras. En la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” se adoptaron un sinnúmero de disposiciones para mejorar la calidad de vida de los miles de conductores que transitan diariamente en las carreteras de Puerto Rico. Al conocer la realidad en nuestras carreteras, en dicha Ley, debido a su peligrosidad, y riesgo a la vida, incluimos disposiciones particulares respecto a la conducta que debe asumir todo conductor que impacte otro vehículo y cause algún daño a la propiedad o a la vida humana. Es en los Artículos 4.01 y 5.07 de la Ley 22, supra, que establecemos la regla general de que el conductor de todo vehículo involucrado en un accidente del que resultaren daños a otro vehículo u otra propiedad, o del que resultare lesionada o muerta una persona, tiene el deber de detenerse inmediatamente en el lugar del accidente o tan cerca del mismo como fuere posible. Dicha disposición tiene varios propósitos, pero los principales son: asegurar la sana convivencia social y asegurarse que toda persona que ocasione un daño indemnice el mismo, tal y como es su responsabilidad.

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