Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Conoce los nuevos ajustes económicos en la Rama Judicial

Conoce los nuevos ajustes económicos en la Rama JudicialDescarga el documento: Para eliminar el inciso (d) del Artículo 10.9; enmendar los Artículos 18.1, 19.1 y 19.10 del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial según enmendado

El 9 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo emitió una Resolución en donde una mayoría aprobó unas enmiendas al Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial del 30 de agosto de 1974. Esto, como parte de una reducción de gastos como consecuencia de la crisis económica que sufre el país y la aprobación de la Ley Núm. 66 de 2014, conocida como Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicha ley congeló la fórmula presupuestaria destinada a la Rama Judicial y produjo una reducción de un 14% en el presupuesto, estimándose en unos $54 millones de dólares menos.

Este no es el primer recorte de gastos que sufre la Rama Judicial. En los primeros seis meses de este año fiscal, la Rama Judicial implantó estrictas medidas de control de gastos como: (1) la reducción significativa de los contratos por servicios profesionales; (2) la suspensión de reclutamiento de personal no esencial; (3) la renegociación de los cánones de arrendamiento de los locales privados desde donde operan muchos de los tribunales; (4) el traslado de operaciones judiciales a otros edificios y centros judiciales; (5) controlar el consumo de electricidad, agua, combustible y materiales, entre otros. Se ha calculado que al concluir el año fiscal estas medidas generarán un ahorro aproximado de $12 millones de dólares. No obstante, dichas medidas no han sido suficientes para combatir el déficit fiscal de un presupuesto operacional del cual 70% de sus gastos son por concepto de nómina.

Las nuevas enmiendas al Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial son:

  1. eliminación del bono especial a empleados que no tiene derecho a pensión;
  2. se extiende el término para que los empleados puedan agotar el tiempo compensatorio;
  3. (3) se elimina el pago adelantado por vacaciones;
  4. se limita el tiempo para acumular para licencia de vacaciones;
  5. se limita el pago global de las licencias de vacaciones y enfermedad en el momento de liquidación al separarse del servicio público y al momento de que un empleado de la Rama Judicial se transfiere a otro sistema de personal en el gobierno;
  6. se limita el pago del exceso de licencia de enfermedad acumulados hasta el 31 de diciembre de 2014 en dos plazos; y
  7. se suspende la acumulación de 90 días para licencias por enfermedad.

La Jueza Presidenta, Hon. Liana Fiol Matta, emitió un voto particular de conformidad al cual se le unió el Hon. Roberto Feliberti Cintrón y la Hon. Maite Oronoz Rodríguez. Manifestó que las enmiendas pretenden controlar los gastos por concepto de beneficios marginales y no esenciales. Reiteró que se continuará con la agresiva renegociación de contratos de arrendamientos, el traslado de otras salas del Tribunal de Primera Instancia, el cierre temporero de operaciones judiciales en distintas fechas del año y la reestructuración de operaciones en la Oficina de Administración de Tribunales para lograr mayor eficiencia. Esbozó que éstas medidas provocarán ahorros de cerca de $10 millones de dólares.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió un voto particular de conformidad. Argumentó que las medidas proponen solventar los descalabros fiscales que ha sufrido la Rama Judicial. Manifestó que fueron tomadas sin perder de vista la accesibilidad de la ciudadanía a la justicia. Expreso, para responder a las críticas de la disidencia en cuanto al alza de aranceles, que se eximirá del pago de los mismos en pleitos civiles en que se reclamen exclusivamente alimentos, la primera alegación de la parte demandada en pleitos de expropiación forzosa y por peticiones de habeas corpus. Mencionó que la disidencia no propone alternativas reales y concretas para atajar la grave crisis fiscal que sufre la Rama Judicial y que es hora de tener una cita con la realidad. Concluyó lamentando la práctica que, según alegó, ha entronizado en este Tribunal en tiempos recientes, al filtrar a destiempo información y documentación confidencial de la labor de los jueces. Definió esta conducta como una táctica del mundo de la política partidista.

La Hon. Maite Oronoz Rodríguez emitió un voto de conformidad. Elaboró que la determinación de recorte de gastos no se acogió a la ligera ni mucho menos con indiferencia hacia los distintos sectores de la sociedad. Acentuó que en nada favorece que juezas y jueces del Supremo utilicen esta coyuntura para sembrar dudas infundadas sobre el esfuerzo concienzudo que se está llevando a cabo. Expresó que dichas medidas de ahorro van dirigidas a evitar el cierre de tribunales y el despido de empleados.

La Hon. Mildred Pabón Charneco emitió un voto particular disidente al cual se unieron el Hon. Erick Kolthoff Caraballo y el Hon. Edgardo Rivera García. Manifestó que la Resolución que emitió el Tribunal es una vergüenza institucional. Indicó que los jueces que disienten solicitaron un documento concreto para apreciar los contratos que ha pactado la Oficina de la Administración de los Tribunales y se les contestó con generalidades. Señaló que la crisis la están pagando los trabajadores más humildes del sistema.

El Hon. Luis Estrella Martínez emitió un voto particular disidente. Indicó que ya se han cerrado múltiples tribunales en los últimos meses y que los sectores poderosos que reciben millones de dólares de la Rama Judicial deben aportar a la crisis. Señaló que la Oficina de la Administración de los Tribunales claudicó en su deber de defender los recortes de la Rama Judicial y se sumergió en la inercia. Argumentó que la autonomía presupuestaria y de la independencia judicial no puede limitarse a defender las condiciones que deben existir para que el juzgador descargue su función constitucional, sino que se extiende a velar por el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. Criticó la falta de creatividad y compasión que generalmente se emplea al momento de atender una crisis.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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