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Firmada orden para prohibir «bullying» por orientación sexual en escuelas públicas

Firmada orden para prohibir «bullying» por orientación sexual e identidad de género en escuelas públicasEl gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó una Orden Ejecutiva en la que se ordena al Secretario del Departamento de Educación adoptar y promulgar la reglamentación necesaria para garantizar a todo estudiante del sistema de instrucción pública que no será víctima de discrimen, acoso o intimidación (“bullying”) por su orientación sexual o identidad de género percibida.

En dicha orden, el gobernador dispone que el Secretario además promulgue un protocolo para atender y registrar los casos de discrimen, acoso o intimidación (“bullying”) por orientación sexual o identidad de género percibida.

Además se dispone que:

  • Ningún funcionario o empleado del Departamento de Educación podrá realizar acciones dirigidas a discriminar, acosar o intimidar a estudiante alguno por motivo de su orientación sexual o identidad de género percibidas.
  • Todo el estudiantado matriculado en el sistema público de enseñanza deberá gozar de iguales derechos y beneficios, independientemente de su raza, color, sexo, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica o nacional, ideología política, incapacidad física o mental presente o futura, condición social, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorio.
  • Ningún empleado o funcionario del sistema de instrucción pública podrá actuar de forma discriminatoria, acosadora o intimidante contra cualquier estudiante por motivos de raza, color, sexo, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica o nacional, ideología política, orientación sexual o identidad de género y estatus migratorio.

La Orden Ejecutiva será de aplicación a todas las escuelas elementales, intermedias y secundarias, así como a las vocacionales y técnicas del nivel secundario adscritas al sistema de instrucción pública del país.

Esta medida es la segunda en su clase, siendo la primera la Carta Circular 19-2014-2015 donde se implementa la política pública sobre la integración de la equidad por género en el currículo de las escuelas públicas del País. En esta Carta Circular se propone la implementación de un plan de acción encaminado a la capacitación del personal sobre la equidad de género en todos los programas académicos, en los programas de educación ocupacional, educación especial y servicios comunitarios.

El Gay, Lesbian & Straight Education Network (GLSEN) publicó el Sondeo Nacional de Clima Escolar para 2013, en el cual entrevistó estudiantes de 13 a 21 años a través de los 50 estados de Estados Unidos. Reveló que 74.1% de los estudiantes entrevistados sufren de acoso verbal en sus escuelas debido a su orientación sexual o identidad de género, 55.2% sufren de acoso verbal por su identidad de género, 36.2% han sido hostigados físicamente por su identidad de género y 16.5% fueron agredidos físicamente por su identidad de género. Además, reveló que 61.6% de los estudiantes que reportaron estos incidentes indicaron que las autoridades escolares no tomaron medidas al respecto.

La Orden surge luego de la celebración de una vista temática ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, donde miembros de diversas organizaciones y la sociedad civil, denunciaron violaciones de derechos humanos en Puerto Rico. Allí se le solicitó al gobierno de Puerto Rico, representado por el titular del Departamento de Justicia Cesar Miranda, que atendiera diversos asuntos entre los que figuraban la falta de medidas que previnieran y atendieran la situación de «bullying» a niños en las escuelas por causa de su orientación sexual e identidad de género. Específicamente, la Clínica de Orientación Sexual e Identidad de Género, representada por el estudiante Carlos Sepúlveda, denunció dicha situación detallada en un informe que también presentaron. El informe detalla algunos incidentes en que maestros y estudiantes acosaban estudiantes por razón de su orientación sexual e identidad de género. La Orden Ejecutiva supone la primera medida tomada por el gobierno para atender los reclamos expuestos ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

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