U.S. Court of Appeals 1st Circuit

Exclusión de familiares durante escogido de jurado viola derecho constitucional a juicio público

Descarga el documento: United States v. Negrón-Sostre

El Primer Circuito entiende que hubo suficiente prueba para hallar culpables de conspiración de distribuir drogas y de ser cómplices en adelantar su negocio. Sin embargo, decretó que se debe celebrar un nuevo juicio, ya que durante el proceso de desinsaculación del jurado no permitió acceso a los familiares de los acusados, violando su derecho a un juicio público, cobijado por la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

Exclusión de familiares durante escogido de jurado viola derecho constitucional a juicio públicoLos acusados eran los alegados dueños de un punto de venta de drogas llamado “La quince”, ubicado en la calle Altos de Cuba. Desde ahí operaba un lucrativo negocio de venta de cocaína y otras drogas incluyendo marihuana y oxicodona.

José Negrón Sostre, Luis Rodríguez, Josué Pérez Mercado, Ramón Maysonet Soler y Wilfredo Rosario Camacho fueron acusados de estar involucrados y conspirar para adelantar ese negocio. Cada uno fue acusado por seis cargos, entre ellos: conspiración con intención de distribuir narcóticos a menos de 1000 metros de una escuela, posesión de cocaína con intención de distribuirla y conspiración para portar y utilizar armas de fuego en relación con crímenes de narcotráfico.

El juicio comenzó en enero de 2010. Tres meses más tarde, el jurado encontró culpables de múltiples cargos a los acusados y fueron absueltos de otros. Los convictos apelaron el veredicto y la sentencia oportunamente. Posteriormente, los convictos suplementaron el expediente con una alegación de que se les negó su derecho a un juicio público en violación a la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos cuando sus familiares (y el público en general) fueron excluidos de la sala durante la insaculación del jurado.

El Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico determinó que no había suficiente evidencia para concluir que en este caso se puso en vigor la política del Tribunal de Distrito de no permitir acceso al público a las salas durante la insaculación del jurado.

Los convictos apelaron ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito. Estos argumentan que las convicciones deben ser revertidas y sus casos enviados para un nuevo juicio por razón de la violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expresado que el no proveer un juicio público es un error estructural que “infecta todo el proceso de juicio”. De hecho, el Tribunal Supremo, en su decisión del caso Presley v. Georgia, explicó que ese derecho se extiende a la etapa de la insaculación del jurado, “pues la selección de jurado es la forma primaria en que un tribunal puede hacer cumplir el derecho de un acusado a ser juzgado por un jurado libre de prejuicio político, racial, étnico o una predisposición sobre la culpabilidad del acusado. Luego, en Waller v. Georgia, el Tribunal Supremo sostuvo que para evitar cometer un error estructural, si el tribunal ha de cerrar la sala, su acción debe estar justificada por un interés primordial y dicho cierre debe adaptarse para que no sobrepase ese interés.

Los acusados no presentaron esta objeción durante el juicio por lo que se revisó solamente como un error evidente. Bajo este estándar, los acusados tienen el peso de la prueba para mostrar que (1) ocurrió un error; (2) que fue claro u obvio y que no solo (3) afectó sus derechos de forma sustancial pero que también (4) afectó seriamente la justicia, integridad o reputación pública de los procedimientos judiciales.

En primer lugar, el Primer Circuito determinó que, en efecto, surgió un cierre de la sala. Aunque los abogados de los acusados testificaron haberle comunicado a la familia que, consistente con una tradición de los tribunales, los familiares no podían estar presentes en el proceso de insaculación del jurado, la responsabilidad de que los familiares no entraran a sala no fue enteramente de estos. Mediante los testimonios de familiares, alguaciles y abogados se descubrió que la seguridad y alguaciles del tribunal le comunicaron a los familiares que no podían entrar. Aunque no fue a través de ordenes directas del juez, la responsabilidad se atribuye a personal del tribunal, por lo que —en efecto— el error ocurrió.

En segundo lugar, se analizó este error a la luz del segundo criterio del estándar del caso de Waller. Este segundo criterio dispone que la parte que busca el cierre debe adelantar un interés primordial que pueda afectarse si no ocurre el cierre; el cierre no debe ser más amplio de lo necesario para cubrir ese interés; la orden del tribunal debe considerar alternativas razonables a cerrar los procedimientos; y se deben formular constataciones adecuadas para sustentar el cierre. En este caso no se cumplió con ninguno de esos requisitos, por lo que se puso en riesgo el derecho de los acusados para un juicio justo. Se determinó que no se cumplió con el estándar de Waller para el cierre de la sala, por lo que el cierre fue un error claro y obvio.

En tercer lugar se analizaron los últimos dos requisitos, evaluando si el error afectó sustancialmente los derechos de los acusados y si afectó seriamente la integridad, la justicia o la reputación de los procedimientos judiciales. Un error estructural, según el tribunal revisor, es una protección básica cuyos efectos precisos tienen mucho valor en los procedimientos. A base del precedente jurisprudencial se determinó que la exclusión de la familia es un error estructural, pues era posible —aunque no se puede asegurar con certeza— que la inclusión de la familia pudiera ayudar al escogido de un jurado imparcial.

Por último, se determinó que a pesar de que los abogados no objetaron al cierre de la sala, la responsabilidad esencial en estos casos recae sobre el juez que preside el juicio, quien tiene la responsabilidad, en primera instancia, de asegurar la apertura, el orden y el derecho constitucional del acusado a un juicio público. El Tribunal de Distrito falló al establecer políticas para darle acceso público a los acusados, afectó la justicia en los procedimientos, por lo que el ultimo estándar se cumplió.

En resumen, el cierre de la sala del tribunal durante la totalidad de la insaculación del jurado fue un error evidente y obvio que, como un error estructural, afectó los derechos sustanciales de los acusados y afectó seriamente la imparcialidad, integridad, y la reputación pública de los procedimientos judiciales.

El Primer Circuito expresó que durante el juicio hubo suficiente prueba para hallar convictos a los acusados por los delitos imputados. A pesar de esto, por el error del tribunal al mantener la sala cerrada durante la insaculación del jurado, el Primer Circuito revocó las condenas de los acusados y se devolvió el caso al Tribunal de Distrito para celebrar nuevo juicio.

Reseña por el Lcdo. Cristian González

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