Supremo expande el alcance de la doctrina del “sham affidavit”

Descarga el documento: Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club

El Sr. Javier Lugo Montalvo presentó una querella en contra de su antiguo patrono, Sol Meliá Vacation Club y Segunda Fase Corp., al amparo del procedimiento sumario que establece la Ley de Procedimiento Especial Sumario (Ley Núm. 2-1961). El Sr. Lugo Montalvo alegó despido injustificado y discriminatorio por razón de su nacionalidad y edad. Adujo que su supervisor Carlos Guerrero, de nacionalidad venezolana, emitía comentarios despectivos hacia los puertorriqueños, que éste fue enajenándolo paulatinamente de sus funciones y que se le despidió el 14 de enero de 2010. También alegó que luego de su despido, su puesto fue ocupado por una persona de nacionalidad venezolana.

Sol Meliá presentó su contestación a la querella y arguyó que el despido se debió a un proceso de reestructuración. Luego de varios incidentes procesales, Sol Meliá presentó una moción de sentencia sumaria. En dicha moción hizo referencia a la deposición que le fue tomada al Sr. Lugo Montalvo donde este aseveró que los alegados comentarios discriminatorios del señor Guerrero eran de índole personal dirigidos a él y no hacia los puertorriqueños.

El 25 de junio de 2013, el Sr. Lugo Montalvo presentó su oposición a la moción de sentencia sumaria. Alegó la existencia de una controversia sustancial sobre los hechos relacionados al carácter discriminatorio de las actuaciones y los comentarios del señor Guerrero, las causas reales de su despido, la inexistencia del cierre del Departamento de Mercadeo tras su cesantía, la contratación de nuevo personal en los años subsiguientes a su destitución y la ausencia de distinción entre las funciones del puesto otorgado al señor Guerrero y el suyo. El Sr. Lugo Montalvo sustentó su contestación con una declaración jurada que contradecía varia de sus declaraciones en la aludida deposición.

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de sentencia sumaria. Inconforme Sol Meliá, acudió al Tribunal de Apelaciones. Entre los errores de derecho señalados, indicó que el foro primario había errado en acoger una declaración jurada del Sr.Lugo Montalvo por constituir un “sham affidavit”. El foro revisor intermedio confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia y señaló que los hechos en controversia debían ser dilucidados por medio de un juicio plenario. Inconforme nuevamente Sol Melía, acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Erró el Tribunal de Primera Instancia al acoger una declaración jurada por ser esta un “sham affidavit”?

El Hon. Rafael L. Martínez Torres emitió la opinión del Tribunal. Explicó que la doctrina del “sham affidavit” se originó como resultado de una decisión del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito en el caso Perma Research and Development Company v. Singer Company, 410 F.2d 572 (2do Cir. 1969). Indicó que luego de dicha decisión judicial, todos los circuitos federales han considerado la aplicación de la doctrina y la han adoptado en alguna forma. En síntesis, dicha doctrina establece que una parte no podrá controvertir por primera vez unos hechos materiales en su contestación a su moción de sentencia sumaria, por omisión o intención, mediante una declaración jurada hechos que no pudieron ser controvertidos en una deposición, a menos que demuestre justificación persuasiva para dicha contradicción.

Reiteró que dicha doctrina fue acogida en Puerto Rico en el caso SLG Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry Inc., 189 DPR 414 (2013). También mencionó que en el caso, se indicó que permitir que una parte brinde una respuesta a medias en una deposición, reteniendo información, para luego presentarla de forma acomodaticia en la oposición a una moción de sentencia sumaria resulta contrario al objetivo que persigue la Regla 36 de Procedimiento Civil. Puntualizó que en dicho caso: “Subrayamos que no hay cabida en nuestro ordenamiento para estrategias dirigidas a prevalecer a toda costa sin referencia a la justicia”.

Indicó que el presente caso aplica la doctrina del “sham affidavit” en su modalidad de contradicción. Dicha modalidad aplica cuando: (1) una parte ha sido examinada mediante preguntas precisas y libres de ambigüedad y ha respondido en detalle durante una deposición o ha prestado previamente una declaración clara e inequívoca bajo juramento; (2) al momento de oponerse a la solicitud de sentencia sumaria esa parte presenta una declaración posterior cuyo contenido es claramente incompatible con la versión ofrecida anteriormente; (3) la inconsistencia entre las dos declaraciones resulta evidente, manifiesta o patente, y no se trata de meras discrepancias de poca transcendencia o errores de buena fe; (4) no se ofrece explicación adecuada para la nueva versión; y (5) la declaración posterior no responde al descubrimiento de nueva evidencia, la cual a pesar de una diligencia razonable, no pudo descubrirse o no estuvo disponible al momento en que se prestó la declaración previa inconsistente.

Manifestó que el presente caso erró el Tribunal de Primera Instancia en acoger dicha declaración jurada que contradice patentemente declaraciones emitidas en la deposición. También indicó que el hecho que dicha declaración jurada haya sido preparada cuatro días antes de la presentación de la contestación a la moción de sentencia sumaria es elemento indicativo que fue preparada para crear una controversia artificial y simulada. Acentuó que el Sr. Lugo Montalvo no presentó una razón justificada para dicha contradicción de información.

El Hon. Martínez Torres aprovecho la coyuntura fáctica para mencionar que el Tribunal de Primera Instancia erró al identificar como hechos en controversias algunos hechos que realmente eran controversias de derecho que no ameritaban la denegatorio de la moción de sentencia sumaria. Acentuó que si se comete el error de catalogar las controversias de derecho como controversias de hecho, se eliminaría virtualmente el mecanismo de la sentencia sumaria de nuestro ordenamiento procesal, pues este requiere expresamente la inexistencia de una controversia de hechos materiales para que un tribunal pueda dictar sentencia de esa forma. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil.

Aseveró que luego de examinar el expediente y excluir la declaración jurada antes mencionada, no existían hechos en controversia y procede aplicar el derecho. Concluyó que Sol Meliá logró probar que el despido del señor Lugo Montalvo estuvo justificado. Se estableció que la merma en las ventas que atravesó Sol Meliá de 2009 a 2011 fue de tal magnitud que provocó una reestructuración que no solo ocasionó el despido del señor Lugo Montalvo sino que, además, resultó en el cierre del Departamento de Mercadeo de la empresa y en la cesantía de todos sus empleados.

El Hon. Luis Estrella Martínez emitió una opinión disidente, a al cual se unió la Juez Presidente, Hon. Liana Fiol Matta, Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez y la Hon. Maite Oronoz Rodríguez. Razonó que la figura del “sham affidavit” se importó innecesariamente a nuestra jurisdicción. Mencionó que el sólo hecho de que una declaración jurada ofrecida por una parte esté en conflicto con alguna deposición anterior, no es suficiente para que ésta sea rechazada y que no toda declaración contradictoria constituye un engaño. Resaltó que los tribunales no deben hacer determinaciones de credibilidad cuando conceden o deniegan una solicitud de sentencia sumaria. Advirtió que para aplicar la doctrina del “sham affidavit” los tribunales deben hacer una determinación real de que la contradicción es parte de un engaño. Finalizó diciendo: “El rigor desmedido, innecesariamente ampliado por la Mayoría de este Tribunal, no permitirá dirimir prudente y concienzudamente si una declaración jurada es el resultado de un engaño o falsedad cuyo propósito es evitar que se dicte sentencia a favor de otra parte. También, resulta en un menoscabo de la función judicial de conceder a las partes el derecho a que sus casos se diluciden en los méritos. La aplicación de la norma pautada a la controversia ante nos constituye evidencia de esa realidad. Así las cosas, me veo obligado a disentir del curso de acción de la Mayoría de este Tribunal.”

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez hizo constar la siguiente expresión: “Nuevamente, una mayoría de este Tribunal insiste en adoptar, indiscriminadamente, una norma incompatible con los principios que informan el mecanismo de sentencia sumaria en nuestro ordenamiento procesal civil. Al así proceder, se recurre, con un automatismo indeliberado, a una figura para la cual los propios foros federales han demostrado cierto grado de aversión, así como divergencias de criterio en torno a su aplicación, utilidad y conveniencia. La sanción tan severa de excluir una declaración jurada presuntamente contradictoria que conlleva la doctrina del sham affidavit sitúa a la parte que se opone a la disposición sumaria de un pleito en una situación considerablemente desventajosa. En todo caso, la Regla 36.7 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.7, provee para que el foro primario imponga sanciones monetarias a la parte que presente declaraciones juradas de mala fe o con propósitos dilatorios. En atención a estas consideraciones, me veo obligada a disentir del dictamen que hoy emite una mayoría y reafirmar mi displicencia y resistencia a la incorporación inopinada de la doctrina del sham affidavit en el Derecho Procesal Civil puertorriqueño”.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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