Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico

Supremo no sostiene beneficios por méritos obtenidos de puestos gerenciales anulados

Supremo no sostiene beneficios por méritos obtenidos de puestos gerenciales anuladosDescarga el documento: López Pérez v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado

Un grupo de empleados unionados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (“CFSE”) fueron ascendidos a puestos gerenciales a través de convocatoria interna entre los años 2001 y 2008. Mientras ocupaban su puesto gerencial, estos fueron evaluados conforme al Sistema de Evaluación y Motivación de Recursos Humanos de la CFSE. Como resultado de tales evaluaciones, recibieron varios pasos por méritos que representaron un aumento salarial.

Posteriormente, la entonces administradora de la CFSE les notificó que sus nombramientos a puestos gerenciales eran nulos, ya que habían sido obtenidos ilegalmente mediante unas convocatorias internas que no cumplían con los requisitos establecidos en el Reglamento de Personal de la CFSE, ni con el derecho vigente. Como consecuencia, los empleados unionados fueron reinstalados en sus respectivos puestos de carrera, pero no le honraron los aumentos de salario ganados a través de pasos por méritos bajo la premisa de que los empleados unionados no reciben pasos por mérito y sí aumentos por años de servicio los pasos por mérito recibidos mientras ocupaban el puesto gerencial anulado.

Inconformes, los empleados acudieron ante la Junta de Apelaciones de la CFSE (“Junta”). Dicha junta determinó que las convocatorias fueron nulas. Por otro lado, en otra decisión posterior, la Junta determinó que los empleados tenían el derecho de retener los pasos por méritos obtenidos a través de dichos nombramientos porque estos constituían derechos adquiridos y solo podían ser privados por justa causa y cumpliéndose el debido proceso de ley.

Inconformes los empleados, solicitaron la revisión judicial de las dos determinaciones de la junta. En cuanto la decisión de nulidad del nombramiento, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de dirimir dicha controversia y determinó en González Segarra v. C.F.S.E., 188 DPR 252 (2013) que: “No se demostró que había que apartarse del mecanismo de competencia abierta, garantía de que los nombramientos y ascensos se hacen por mérito y no por favoritismo. Puestos como el de secretaria, oficial administrativo y supervisor de limpieza no son posiciones de reclutamiento difícil ni presentan una particularidad que requiera limitar la competencia. El expediente no lo justificó. Por todo ello, abusaron de su discreción los anteriores administradores al permitir y validar la concesión de ascensos mediante convocatorias internas que no se justificaron”.

En cuanto la controversia de si se debe sostener los pasos por méritos de los nombramientos anulados, la CFSE acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la determinación de la Junta. El Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la Junta porque entendió que la Junta carecía de jurisdicción sobre la materia para adjudicar la controversia. Inconformes, los empleados acudieron ante el Tribunal Supremo.

En el caso Pérez López v. C.F.S.E., 189 DPR 877 (2013), el Supremo resolvió únicamente que la Junta de Apelaciones sí tenía jurisdicción para atender la reclamación de los empleados demandantes respecto a los pasos por mérito y se envió la controversia al Tribunal de Apelaciones para su resolución. El Tribunal de Apelaciones dirimió la controversia y determinó que los empleados sí tenían derecho a retener los pasos por mérito recibidos mientras ocupaban los puestos gerenciales por tratarse de derechos adquiridos. Inconforme, la CFSE acudió al Tribunal Supremo.

La controversia del presente caso es la siguiente: Un empleado de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, reinstalado en su puesto unionado luego de que su nombramiento gerencial fuera declarado nulo, ¿tiene derecho a conservar los pasos por mérito que obtuvo mientras ejercía el puesto gerencial anulado?

El Hon. Edgardo Rivera García emitió la opinión del Tribunal y contestó la interrogante en la negativa. Mencionó que antes de entrar a dilucidar la controversia a la luz de la doctrina de los derechos adquiridos, se debe contestar la siguiente interrogante: ¿qué sucede cuando la reclamación de un beneficio como un presunto derecho adquirido se fundamenta en una acción que fue declarada nula?

Explicó que no existe un precedente que directamente atienda la controversia del presente caso. No obstante, varios casos relacionados a transacciones de personal realizados en contravención a la legislación vigente, el Supremo local ha negado reconocer algún derecho sustentado en la actuación ilegal. Dicho razonamiento está sustentado en que todo acto ejecutado en contra de lo que dice la ley es nulo y, como consecuencia, inexistente e ineficaz porque nunca “nació” en derecho y no genera consecuencia jurídica alguna. Reiteró que la única controversia que se adjudicará será si un empleado unionado tiene derecho a retener aquellos aumentos por méritos que recibió mientras ocupaba un puesto gerencial que fue obtenido ilegalmente y, como consecuencia, fue declarado nulo.

La opinión mayoritaria dirimió la controversia expresado que cuando se decreta la ilegalidad y nulidad de un nombramiento y, al empleado le asiste el derecho de reinstalación en su puesto de origen obtenido a base de un nombramiento legítimo previo, este sólo tiene derecho a lo que en ese puesto de carrera hubiera recibido de no haberse dado el nombramiento nulo. El Hon. Edgardo García Rivera también señaló que al empleado se le deberá honrar todos los beneficios a lo que hubiera tenido derecho de haber permanecido en su puesto de carrera. Por consiguiente, no proceden en derecho los pasos por mérito que obtuvieron los empleados mientras ejercían los puestos gerenciales anulados.

La Hon. Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente a la cual se unió la juez presidenta, Hon. Liana Fiol Matta. Argumentó que la mayoría del Supremo optó por aplicar, con un automatismo extremo, los preceptos que rigen la nulidad absoluta en la contratación privada. Señaló que los empleados cuyos puestos fueron declarados nulos confiaron en el sistema, no se les notificó de la acción perniciosa contra ellos, ocuparon durante años esos puestos, generaron los salarios correspondientes, cumplieron con los deberes y responsabilidades inherentes a éstos y recibieron, en reconocimiento de sus ejecutorias, aumentos salariales por mérito. Invitó analizar este caso a través de los efectos de la nulidad en el ámbito del derecho público y no privado. Acentuó que el Supremo local ha reconocido que la doctrina civilista contempla supuestos de nulidad parcial como: “técnica de pervivencia de un negocio en cuyo contenido fundamental no incide la imputación de su parte nula, o, incidiendo, no impide que el conjunto negocial no afectado perviva con consistencia suficiente”. McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113, 135 (1989). Concluyó diciendo que realizar una distinción conceptual entre la nulidad en el ámbito del derecho privado y la ineficacia de una actuación administrativa que es declarada nula, conllevaría reconocerle a los empleados cuyos nombramientos fueron declarados nulos el derecho a retener los aumentos salariales por mérito.

Reseña por Joel Pizá Batiz

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