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Comisión especial independiente presenta informe a la Jueza Presidenta Fiol Matta

Comisión especial independiente presenta informe a la jueza presidenta Fiol MattaLa Comisión Especial Independiente designada por la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Hon. Liana Fiol Matta, a la que se le encomendó examinar el funcionamiento de varias regiones judiciales, completó sus trabajos y rindió esta semana un Informe con recomendaciones de iniciativas que contribuirán al fortalecimiento de la Rama Judicial. Así lo anunció la Jueza Presidenta Fiol Matta. La Jueza recibió el Informe y se comprometió a dejar encaminadas las acciones necesarias para poner en vigor sus recomendaciones.

La Comisión Especial Independiente estuvo compuesta por respetados miembros de la comunidad que donaron su tiempo para cumplir con la encomienda que la jueza presidenta les asignó. Entre estos se encontraban: el doctor José Jaime Rivera Rodríguez, expresidente de la Universidad del Sagrado Corazón y reconocido líder en el campo de la educación quien presidió la Comisión. También participaron el doctor José Luis Díaz Cotto, principal ejecutivo de los Centros Sor Isolina Ferré. Además, la Jueza Presidenta designó, además, a dos especialistas en procesos de auditorías que fueron la licenciada Zulmarie Urrutia Vélez, abogada con una maestría en Derecho y actual Presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, y el señor Félix Villamil Pagani, quien al presente es miembro de las juntas de directores de varias organizaciones sin fines de lucro. También fueron designados dos destacados miembros de la comunidad legal, la profesora Manuelita Muñoz, Catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y el licenciado Carlos Rodríguez Muñiz, exjuez del Tribunal de Apelaciones y exjuez superior.

El informe ofrece una radiografía del sistema de justicia complejo que abarca mucha más que la Rama Judicial.  Según explica el Informe, la investigación realizada por la Comisión conllevó entrevistas a funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial, el análisis de las operaciones administrativas en los Centros Judiciales de San Juan y Caguas, así como una serie de entrevistas mediante la técnica de grupo focal. Estos grupos focales estuvieron compuestos por jueces y juezas, fiscales, procuradores y procuradoras de menores y familia, profesionales del trabajo social y alguaciles; incluyeron también a personas de la comunidad, entre ellas ciudadanos que han recibido servicios de los tribunales y grupos de servicios comunitarios que interactúan con el tribunal. Los miembros de la Comisión también observaron y analizaron diversos procesos judiciales.

La Comisión organizó sus recomendaciones en lo que denominó siete ejes de acción. Para cada uno de ellos propuso recomendaciones concretas. Estos ejes de acción son los siguientes:

1. Desarrollo sistemático de la Judicatura;
2. Fortalecimiento de la Academia Judicial Puertorriqueña;
3. Adopción de las tecnologías más avanzadas y articuladas, y el desarrollo de indicadores más abarcadores, válidos y confiables para medir el desempeño de los jueces y juezas del sistema judicial;
4. Utilización y asignación de los recursos de la Rama Judicial;
5. Educación de la ciudadanía sobre los procesos judiciales y establecimiento de estructuras para la interacción sistemática y recurrente con la ciudadanía;
6. Comunicación y articulación efectiva entre los componentes del sistema de justicia con estructuras formales y procesos sistemáticos y sistémicos de diálogo sostenido;
7. Uniformidad de los procesos entre los centros judiciales.

La Comisión recomendó que la Rama Judicial promueva la transparencia de los procesos judiciales en cada uno de sus componentes mediante la adopción de un sistema unificado y consistente. Una vez uniformados los procesos, recomienda educar a la comunidad para que conozca las complejidades del proceso de impartir justicia dentro del marco de derechos constitucionales formulados para su protección.

El informe reconoce que hay situaciones que el sistema no atiende con el nivel de efectividad y eficiencia al que aspira la sociedad puertorriqueña. No obstante, consigna que los Comisionados y las Comisionadas no tienen duda de que la Rama Judicial funciona satisfactoriamente dentro de los cánones, normas, estructuras y procedimientos que la rigen, sobre todo al tomar en cuenta lo complejo de su funcionamiento y el hecho de que está sujeta a eventos y situaciones que no controla, por depender de otras entidades que también son parte del sistema de justicia. Igualmente, la Comisión encontró que la Rama Judicial posee los mecanismos para autoevaluarse e investigar sus propios procesos.

Sobre el tema de la competencias en derecho, manejo de sala y temperamento judicial, las personas entrevistadas expresaron que la falta de dominio del Derecho provoca retrasos en los casos, decisiones que no son conforme a derecho, ocasiona gastos innecesarios a las partes quienes tienen que recurrir al procedimiento apelativo y afecta el acceso a la justicia de las personas que no pueden acudir a otros fotos por sus limitaciones económicas. Además, se explicó que los jueces son demasiado permisivos con las suspensiones, y que se debe minimizar al máximo las mismas.

A tales efectos, se recomienda en el informe que se transformen las iniciativas que ya posee la Academia Judicial Puertorriqueña sobre los temas de temperamento judicial, manejo de sala y aspectos procesales y sustantivos del derecho, re-diseñar la forma en que se evalúan los jueces para fortalecer su competencia y establecer dentro de dicho plan un componente de evaluación formativa.

Otras recomendaciones son:

  • Revisar las normas sobre recusaciones o inhibiciones de los jueces para asegurar un entendimiento del proceso y asegurar que en los adiestramientos a jueces se discuta ese tema.
  • Identificar los mecanismos que puedan minimiza las suspensiones de casos
  • Examinar la asignación de casos presentados bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil
  • Evaluar la disponibilidad de los oficiales jurídicos en el TPI para asegurar que sea comparable entre las regiones judiciales
  • Crear un mecanismo de evaluación sobre la aplicación de las destrezas adquiridas en los re-adiestramientos en el caso de jueces y juezas que hayan recibido señalamientos sobre deficiencias en las áreas de control de sala y de temperamento judicial.
  • Desarrollar un programa de capacitación y de educación continua que se ofrezca con carácter compulsorio a todos los componentes del sistema judicial, en especial a los de nuevo nombramiento.
  • Establecer un sistema compulsorio de educación jurídica continua para los jueces en funciones creando un programa de capacitación compulsorio para jueces que se reasignen a salas de competencia diferente mediante: asignación de juez mentor o práctica tutelada por tiempo mínimo.
  • Revaluar la actual normativa de no usar abogados litigantes, fiscales, trabajadores sociales o procuradores como recursos de adiestramiento.

Los miembros del comité también sugirieron que la Oficina de Administración de Tribunales lleve a cabo un estudio basado en los hallazgos y observaciones presentadas en el informe para establecer si los hallazgos del informe son representativos de todas las regiones judiciales.