Supreme Court of the United States

Viola derecho constitucional de asistencia legal que el estado congele activos y bienes y dicha acción no permita al acusado pagar representación legal

Viola derecho constitucional de asistencia legal que el estado congele activos y bienes y dicha acción no permita al acusado pagar representación legal Descarga el documento: Luis v. United States

Sila Luis fue acusada de fraude al sistema de salud. Se alegó que había cometido un fraude por 45 millones de dólares, los cuales se presume que la gran mayoría habían sido ya utilizados. Con el propósito de que aproximadamente 2 millones de dólares no fueran utilizados por la acusada y garantizar su restitución, el estado acudió a un tribunal para solicitar una orden para congelar sus activos y bienes (ver: 18 U. S. C. §1345(a)(2). No obstante, se acordó que dinero no conectado con el crimen también estaría congelado. Esto incidía directamente con la capacidad de la acusada en pagar su representación legal. El Tribunal de Distrito determinó que la Sexta Enmienda no proveía un derecho a utilizar dinero no contaminado con el crimen para pagar por representación legal y el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Undécimo Circuito confirmó.

La controversia del presente caso es la siguiente: ¿Viola el derecho constitucional a representación legal, consagrado en la Sexta Enmienda, un acuerdo que dispone que la acusada no podrá utilizar fondos no relacionados con el delito, ya que afecta la capacidad de la acusada en pagar su representación legal?

El Hon. Stephen Breyer emitió la opinión mayoritaria del Tribunal. Manifestó que los fondos congelados en el presente caso son distinguibles de otros casos donde se ha validado la congelación: son fondos que le pertenecen a la acusada y no se ha podido probar una relación directa de dichos fondos con la comisión de un crimen. Un aspecto importante de la Sexta Enmienda es que también protege la libre selección de abogado de la persona acusada. El juez Breyer mencionó que esto provocaría que la acusada recibiera representación legal del estado y señaló que dichos abogados están sobrecargados de trabajo y mal pagados. Destacó que según el Departamento de Justicia, solamente el 27% de los condados de la nación poseen la carga de trabajo recomendada para ejercer una buena defensa.

Reseña por Joel Pizá Batiz