Cuba U.S. Court of Appeals 1st Circuit

Hermanos Villoldo aún no logran cobrar sentencia billonaria contra gobierno de Cuba

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Hermanos Villoldo aún no logran cobrar sentencia billonaria contra gobierno de CubaDescarga el documento: Villoldo v. Castro Ruz / Villoldo v. Computershare, Inc.

Los hermanos Villoldo demandaron al gobierno cubano en el 2008, y en el 2011 obtuvieron un fallo a su favor. El tribunal les otorgó 2.79 billones. El gobierno de Cuba no ha pagado la suma, y las acciones para cobrar la sentencia han sido infructuosas. En esta ocasión, los hermanos intentaron embargar activos que se supone eran del gobierno cubano en virtud de su ley de confiscaciones, pero el Primer Circuito resolvió que los Estados Unidos no otorga efecto extraterritorial a estas leyes por parte de gobiernos extranjeros.

En el 2008, los hermanos Alfredo y Gustavo Villoldo demandaron a la República de Cuba, a Fidel y Raúl Castro Ruz, al Ministerio de Interior de Cuba y al ejército de la República de Cuba. La demanda se entabló en el Tribunal estatal de la Florida.

En la demanda, los hermanos alegaron que para el 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba, el gobierno comenzó a perseguir a la familia Villoldo. La demanda sostenía que agentes del gobierno cubano amenazaron, golpearon y arrestaron a los hermanos. Los hermanos también alegaron que el gobierno amenazó a su padre, al comunicarle que asesinarían a toda la familia si él no se suicidaba y entregaba todas sus propiedades al gobierno cubano. El padre de los hermanos, Gustavo Villoldo Argilago, fue hallado muerto el 16 de febrero de 1959, de lo que parecía ser un suicidio. El gobierno procedió a confiscar sus tierras, su compañía y sus cuentas bancarias.

Luego de la muerte de su padre, los hermanos Villoldo huyeron a los Estados Unidos. Según ellos, el gobierno cubano continuó amenazándolos de muerte.

Luego del juicio, el tribunal otorgó 2.79 billones de dólares en daños.

Los hermanos Villoldo acudieron posteriormente al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, solicitando que se reconociera la sentencia bajo la cláusula de Plena Fe y Crédito en la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno cubano no pagó la sentencia, por lo que el Tribunal de Distrito otorgó a los demandantes 2.79 billones de dólares en daños más intereses.

En el 2013, los hermanos demandantes registraron la sentencia en el Tribunal de Distrito de Massachusetts para embargar propiedades del gobierno cubano en esa jurisdicción, y así satisfacer la sentencia a su favor. Para ello, solicitaron una orden para que Computershare, Inc. divulgara información sobre cuentas que pertenecieran al gobierno cubano. La compañía divulgó que existían 383 cuentas bloqueadas que pertenecían al gobierno de Cuba. Estas cuentas se crearon para la década del 1950 por ciudadanos cubanos. Según Computershare, en las cuentas había dinero en efectivo, y certificados físicos de acciones, así como acciones comunes guardadas electrónicamente.

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Según los hermanos, el gobierno cubano las confiscó posteriormente, por lo que eran sujetas a ser embargadas. El Tribunal de Distrito estuvo de acuerdo y ordenó que se transfirieran las cuentas de quienes no levantaran objeción a los demandantes.

Computershare compareció como administradora de los fondos. La compañía indicó que podía transferir a los hermanos el efectivo y las acciones comunes. Sobre los certificados, indicó que solo transferiría si los hermanos prestaban una fianza y el tribunal determinaba que las acciones en los certificados se consideraran perdidas, robadas o tomadas indebidamente.

Posterior a que el tribunal ordenara la transferencia de la propiedad a los hermanos, Computershare argumentó que lo que estaba en su posesión no podía considerarse propiedad del gobierno cubano. El Tribunal de Distrito acogió el planteamiento, revisó su orden para transferir los activos, indicó que ello no constituía una orden final, y desestimó la acción de los hermanos Villoldo.

Computershare entonces compareció nuevamente solicitando la imposición de costas y honorarios a los demandantes. El Tribunal de Distrito denegó la solicitud.

En apelación, los demandantes alegaron que el Tribunal de Distrito erró al desestimar la acción luego de ordenar la transferencia de los activos. Computershare, por su parte, alegó que el Tribunal de Distrito erró al no otorgarle costas y honorarios de abogado.

Los demandantes argumentaron que los activos son del gobierno de Cuba por virtud de su ley de confiscaciones. El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, sin embargo, determinó que dicha ley cubana no se puede hacer valer en cuanto a los activos en este caso. Según el Primer Circuito, en los Estados Unidos la regla general es que no se da efecto extraterritorial a leyes de confiscación de estados foráneos. Por ello, el Primer Circuito sostuvo la desestimación de la acción ante el Tribunal de Distrito de Massachusetts.

En cuanto a las costas y honorarios de abogado que solicitó Computershare, el Primer Circuito sostuvo la determinación del Tribunal de Distrito de Massachusetts. Para el Primer Circuito, la solicitud de la compañía al Tribunal de Distrito fue tardía.

Reseña por el Lcdo. Cristian González

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